Madrid (EFE).- Las administraciones públicas españolas cerraron 2022 con un déficit del 4,8 % del PIB, por debajo de la referencia fijada por el Gobierno (5 % del PIB) gracias al impulso de la recaudación, que registró un máximo histórico de 255.463 millones de euros, un 14,4 % más.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este jueves en rueda de prensa los datos de ejecución presupuestaria de 2022 para destacar que “España logró nuevamente cumplir con sus compromisos presupuestarios” por tercer año consecutivo gracias a las políticas puestas en marcha y la mejora de los ingresos públicos.
El déficit público acumulado en 2022 se situó en 63.776 millones de euros, un 23 % menos y un 4,8 % del PIB, por debajo de la tasa de 2021 (6,9 % del PIB) y de la referencia del Gobierno para el año (5 % del PIB), aunque por encima de las previsiones de organismos como la AIReF (4,5 %) o el Banco de España (4,6 %).
Récord de recaudación
Detrás de esta buena evolución de las cuentas públicas está la evolución de la recaudación, que batió el récord de 2021 (223.385 millones) y superó tanto las previsiones recogidas en los Presupuestos de 2023 (232.352 millones) como en el plan presupuestario remitido a Bruselas en octubre (244.072 millones).
El alza de los ingresos -que en términos totales ascendieron a 277.552 millones, un 18,6 % más- se debe al efecto de la buena evolución de la economía y el empleo en los impuestos, ya que la inflación “explica solo una tercera parte del incremento de la recaudación” tributaria.
Montero ha añadido que estos recursos se han revertido a la sociedad en forma de ayudas para atajar la inflación, de manera que el saldo de las medidas fiscales “refleja un ahorro de 6.894 millones para los hogares españoles”.
Por impuestos, el IRPF recaudó 109.485 millones, un 15,8 % más, gracias a que hay más empleo y mejores salarios; el impuesto de sociedades, 32.176 millones, un 20,8 % más, por “el buen comportamiento de los beneficios empresariales”, y el IVA, 82.595 millones, un 13,9 % más, un repunte que, según la ministra, no obedece solo a la inflación.
Un 3,6% más de gasto público
Por lo que respecta al gasto público, se situó en 318.610 millones, un 3,6 % más, del que más de la mitad fueron pagos a otras administraciones (165.732 millones), con importantes subidas en las partidas de ayudas y subvenciones (141 %), transferencias sociales en especie (33 %), inversión (13,2 %) o consumos intermedios (25 %).
Como es habitual, la mayor parte del déficit público se concentró en la administración central, que registró un déficit de 41.058 millones, un 3,1 % del PIB, tres puntos menos que en 2021.
Las comunidades autónomas registraron un déficit de 15.085 millones, casi el triple que un año antes (630 millones) y un 1,1 % del PIB, debido al efecto contable de la liquidación del ejercicio 2020, que ha sido compensado por el Estado.
De la misma manera, la liquidación negativa del ejercicio 2020 llevó a las entidades locales a registrar un déficit de 1.647 millones, un 0,1 % del PIB, tras años de superávit debido a una cuestión “técnica y coyuntural” de tipo contable.
El déficit de la Seguridad Social se redujo a la mitad -hasta los de 5.986 millones, un 0,5 % del PIB (en 2021 fue del 1 % del PIB)- debido al incremento de los ingresos derivados de los mejores salarios y el aumento del empleo, así como a los 37.665 millones recibidos de la Administración Central.
Asimismo, Montero ha destacado que en 2022 se autorizaron fondos europeos por 25.143 millones, un 13,6 % más que en 2021, un ritmo que se está acelerando en 2023, ya que hasta marzo se habían autorizado proyectos por 10.757 millones.
Las medidas contra la inflación tuvieron un coste de 22.000 millones en 2022
Las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar los efectos en la inflación derivados de la guerra en Ucrania tuvieron un impacto en las cuentas públicas de unos 22.000 millones de euros en 2022, ha detallado la ministra de Hacienda María Jesús Montero.
Montero ha señalado que de los 45.000 millones que se han destinado a los efectos de la guerra, 10.000 millones corresponden a avales y de los 35.000 millones restante, unos 22.000 millones han tenido impacto en 2022.
De estos 22.000 millones, ha añadido, unos 8.000 millones corresponden a menores ingresos fiscales -debido a medidas como la rebaja del IVA del gas y la electricidad- y unos 14.000 millones, a medidas de gasto, como la bonificación a los carburantes (5.752 millones), ayudas a los hogares (6.216 millones) o a sectores económicos (1.755 millones).
De esta manera, el Gobierno ha devuelto “con creces” la mayor aportación tributaria realizada por los españoles en 2022, según la ministra, que ha cifrado en 6.894 millones el saldo fiscal positivo para los hogares.
A pesar del impacto de las medidas, el déficit público cerró 2022 en el 4,8 % del PIB “la mitad” que en 2020, ha destacado Montero, y dos décimas por debajo de la referencia que se remitió a Bruselas gracias a una recaudación récord.
“Cierto colchón” fiscal
Estas dos décimas, ha añadido Montero, permiten “cierto colchón” fiscal en caso de que sea necesario adoptar medidas adicionales para hacer frente a la inflación porque “si todavía las familias siguen atravesando momentos de dificultad económica emplearemos estos recursos en seguir ayudando”.
Sin embargo, si la inflación continúa a la baja, el aumento de recaudación -que ha cifrado en un 2,7 % en términos nominales hasta marzo de este año- se utilizará para mejorar el saldo fiscal, con el objetivo de cerrar 2023 con un déficit del 3,9 % del PIB.
En cualquier caso, Montero ha asegurado que España está “en buenas condiciones” para abordar la vuelta de las reglas fiscales europeas suspendidas desde el inicio de la pandemia porque el Gobierno ha sido “responsable” y “está cumpliendo” con sus compromisos.
“La política presupuestaria que está aplicando el Gobierno de España permitiría sin nuevas medidas que en el año 2025 estemos por debajo del 3 % del PIB” que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ha recordado, un ritmo “muy razonable” de ajuste, por lo que no cree que haya “ningún problema” para cumplir las nuevas normas.
