París (EFE).- Agotado por tres meses de fuerte contestación social, el Gobierno francés intentó hoy mostrar un talante más dialogante para aplacar el creciente descontento por la reforma de las pensiones, que fue promulgada por el presidente, Emmanuel Macron, horas después de ser validada constitucionalmente.
“Con humildad, respeto y atención debemos escuchar los miedos y enfados de nuestros compatriotas”, refirió la primera ministra, Elisabeth Borne, quien acudió esta tarde en París a la clausura del consejo nacional del partido presidencial, Renacimiento.
Las declaraciones de Borne suceden horas después de que Macron sancionase la ley que eleva la edad mínima de jubilación de los 62 a años 64 años.
Aunque después de la validación por el Consejo Constitucional tenía 15 días para promulgarla, lo hizo de manera casi inmediata, a las 4 horas de la última noche, un gesto que enfureció a los sindicatos y a la oposición de izquierdas.
No habrá referendum
El Consejo Constitucional francés validó este viernes el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, la principal medida de la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron.
Además, el organismo rechazó la solicitud de que la reforma de las pensiones sea sometida a un referéndum de iniciativa ciudadana, según anunció en un comunicado.
En cambio, el Consejo Constitucional invalidó seis artículos de la ley, especialmente dos relativos al fomento de la contratación de trabajadores mayores de 55 años en las grandes empresas, al considerar que no tenían lugar en una ley de financiación de la Seguridad Social.
Una fuente del organismo explicó a la prensa que, al validar el aumento a 64 años, sus nueve miembros tuvieron en cuenta “que el legislador busca la supervivencia del sistema por repartición, teniendo en cuenta además el aumento de la esperanza de vida”.
Disturbios y un centenar de detenidos en las protestas
Poco tiempo después de que se divulgase ese aguardado dictamen, varias manifestaciones y concentraciones se convocaron en Francia.
En París, hubo quema de mobiliario urbano, entre ellos una treintena de contenedores de basura, y enfrentamientos entre policía y manifestantes que desembocaron en 112 detenciones.
Rennes, en el noreste del país, fue otra de las ciudades que registró disturbios reseñables. La puerta de una comisaría de policía y la entrada de un antiguo edificio religioso fueron incendiadas al término de una protesta de varios centenares de jóvenes. Ambos fuegos fueron rápidamente extinguidos.
Lo sindicatos piden una “gran movilización” el 1 de mayo.
Los ocho principales sindicatos del país se reunirán el próximo lunes para estudiar nuevas medidas de protesta, después de doce jornadas de huelgas y movilizaciones a nivel nacional desde el mes de enero.
De momento, ya han convocado una “gran movilización popular” para el 1 de mayo, que debe ser un momento “histórico” para frenar la reforma, anunció la secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, durante una concentración de protesta en París.
Binet dijo que los sindicatos piden a Macron que “vuelva al sentido común” y devuelva la ley a la Asamblea Nacional para que los diputados la puedan debatir y votar”, ya que se aprobó sin un voto en esa cámara (el gobierno accionó un artículo constitucional que se lo permitía).
La sindicalista advirtió de que, si la reforma se promulga, “ninguna organización sindical irá a reunirse con el presidente para tratar otra cosa que no sea esta reforma”, y acusó a Macron de “gobernar el país contra su pueblo”.
Un precedente “peligroso”
La decisión del Consejo Constitucional supone un “precedente peligroso” porque el Gobierno podría seguir utilizando la figura legal de un presupuesto rectificativo para “hacer aprobar reformas importantes”, afirmó la presidenta del grupo de La Francia Insumisa en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot.
En una comparecencia con los demás líderes de los partidos que integran la coalición izquierdista Nupes (socialista, ecologista, comunista), Panot dijo que seguirán apoyando las protestas y huelgas contra la reforma y lanzó un nuevo llamamiento a Macron para que retire la ley.
“No será el Consejo Constitucional el que hará cambiar de opinión al pueblo francés”, reiteró, en alusión a que en torno al 70 % de los ciudadanos rechazan la reforma, según las encuestas.
Por su parte, la líder ultraderechista, Marine Le Pen, advirtió de que la entrada en vigor de “esta reforma brutal e injusta” va a marcar “la ruptura definitiva entre el pueblo francés y Emmanuel Macron”.
