Madrid, 20 abr (EFE).- Los funcionarios de la administración de Justicia en huelga desde el lunes han mantenido esta mañana un seguimiento del 85 % de los paros parciales de tres horas, según los convocantes, tras la multitudinaria manifestación de ayer en Madrid y horas antes de su primera reunión de negociación con Justicia.
El comité de huelga, formado por los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT, está citado a las 16:30 horas de esta tarde a un encuentro con representantes del Ministerio de Justicia, en el que esperan recibir una “propuesta razonable” que incluya una parte económica y otra de negociación de reformas normativas, como la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).
Sin embargo, fuentes del departamento de Pilar Llop dudan de que esta oferta se pueda producir y argumentan a EFE que, al contrario de lo que ocurrió en el conflicto con los letrados de la administración de Justicia, esta vez deben intervenir en la ecuación también las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia.
Estas son: Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Asturias y La Rioja.
Mientras que los letrados son un cuerpo de carácter nacional, dependiente directamente del Ministerio de Justicia, los funcionarios de los juzgados ahora en huelga dependen o de este departamento o de las consejerías de sus propias comunidades autónomas, en el caso de estar las competencias transferidas.
Así, solo pertenecen a la jurisdicción del Ministerio Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.
Los funcionarios llamados a la huelga, un total de 45.000 que representan el 93 % del personal de la administración de Justicia, son en su mayoría de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, pero también médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Con paros diarios indefinidos desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde, los sindicatos exigen para estos trabajadores un aumento salarial en línea con el pactado con los letrados tras más de dos meses de huelga, de entre 430 y 450 euros brutos mensuales más.
“Ya está bien de que el trabajo que realizamos nosotros se retribuya a otros cuerpos”, reprochó Antonio Lozano, portavoz de UGT, durante la manifestación del miércoles.
Por otro lado, también reclaman la paralización de la tramitación parlamentaria de la LOEO, que cambiará cuestiones orgánicas de los servicios judiciales.
El miércoles, que no se realizaron los habituales paros parciales sino una huelga de 24 horas, el Ministerio cifró el seguimiento en las comunidades de su competencia en el 28,39 %.
En otras como Madrid, la Consejería de Justicia elevó este porcentaje al 48 % del total, aún lejos de las cifras de los sindicatos, en torno al 90 %.
Solo durante la jornada del miércoles hubo alrededor de “100.000 juicios suspendidos” y entre “millón y medio” y “tres millones de actuaciones procesales” paralizadas, según estimó Javier Jordán, responsable de Justicia de CSIF, sindicato mayoritario en este sector.
Hasta que no perciba una “voluntad clarísima” por parte de Justicia de responder a sus demandas, el comité de huelga mantendrá su convocatoria.
