La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, durante una visita realizada, el pasado mes de agosto en Arafo, al Puesto de Mando Avanzado del incendio forestal declarado en Tenerife. EFE/ Ramón De La Rocha

El Ministerio de Transición Ecológica dice que las medidas de emergencia por posibles déficit de potencia eléctrica competen al Gobierno de Canarias

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha asegurado que “tanto la selección de las medidas” temporales de emergencia por posibles déficit de potencia de generación eléctrica en Canarias como su implantación en el territorio son competencia del Gobierno autonómico.

En el caso de esas medidas de emergencia, el Ministerio explica que solo es responsable “de autorizar la cobertura de costes con cargo al sistema eléctrico”, que calculó en un borrador de orden ministerial.

Así lo ha querido “clarificar” el departamento del Gobierno de España en un comunicado después de que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, haya urgido a la Administración a evitar que Canarias sufra en 2024 un déficit energético de 300 megavatios.

El Ministerio admite que en 2021 REE constató la necesidad de incrementar la potencia eléctrica instalada en Canarias y asegura que, desde entonces, este departamento, junto al Gobierno autonómico, “ha procurado ofrecer respuestas coherentes con las inquietudes expresadas por los canarios, buscando las soluciones más efectivas a una situación que reviste una gran complejidad, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico”.

Para ello, “ha respondido siempre a todas y cada una de las peticiones de reunión de la Consejería y ha mantenido múltiples conversaciones telefónicas en distintos niveles de decisión (técnicos y políticos) con los responsables autonómicos”, de forma que “en 2021 se celebraron tres reuniones, en 2022 otras dos y cuatro durante este 2023”.

Además, asegura que “ha mantenido un contacto constante para toda clase de asuntos ordinarios y extraordinarios en las áreas de su competencia, aportando soluciones a las autoridades canarias”, una interlocución en la que “constató que las propuestas planteadas por el Ejecutivo canario sobre potencia eléctrica no eran jurídicamente viables”, lo que se “transmitió y explicó a la Consejería proponente”, afirma el comunicado.

Pese a todo ello, el Ministerio mantiene que “ha tomado las medidas para garantizar el suministro eléctrico a los ciudadanos canarios, respetando las garantías jurídicas y el marco regulatorio acordado con Europa”.

El departamento que dirige en funciones la ministra Teresa Ribera recuerda que “tanto la selección de las medidas” temporales de emergencia previstas en la norma de referencia para la generación de electricidad en las Islas “como su implantación en el territorio es competencia del Gobierno autonómico”, mientras que el Ministerio solo es responsable “de autorizar la cobertura de costes con cargo al sistema eléctrico”, que calculó en un borrador de orden ministerial.

Una solución, agrega la notas, que “la Consejería descartó, solicitando que fuera el Gobierno de la Nación quien, por Real Decreto-ley, otorgara el régimen retributivo específico adicional a las nuevas centrales, sin someterla a un procedimiento de concurrencia competitiva”, una opción “difícilmente justificable desde el punto de vista jurídico y competencial”, por lo que el Ministerio trasladó al Gobierno canario “su inviabilidad”.

“La actuación legislativa reclamada no era viable ni ajustada a lo autorizado por la Comisión Europea. Cualquier decisión sobre este asunto debe ajustarse al informe de la Comisión sobre el RD 738/2015 autorizado, tras años de trabajo del Ministerio, para desbloquear un procedimiento cuya tramitación duró cinco años, incluidas múltiples reuniones de la ministra, la Secretaria de Estado y los equipos técnicos, con sus homólogos responsables en materia de Ayudas de Estado y competencia”.

Cualquier actuación al margen del marco regulatorio aprobado por la Comisión exige un nuevo procedimiento de autorización según la normativa sobre ayudas de Estado, recalca el Ministerio.

Además, advierte de que, “una vez la Comisión ha resuelto el expediente estableciendo el marco de intervenciones autorizadas, España no puede desviarse de lo aprobado ni, por tanto, recurrir de nuevo a la solución excepcional de 2018”.

De acuerdo con ese régimen regulatorio respaldado por la Comisión Europea, el Ministerio “ha diseñado, junto con el Gobierno canario, los concursos de nueva potencia a largo plazo” y cualquier “solución adicional en el corto plazo ha de ser compatible con la decisión de 2020 de Comisión Europea sobre la conformidad del RD 738/2015, con el marco de Ayudas de Estado”.

Sin embargo, “las propuestas remitidas hasta ahora por el Gobierno canario han sido manifiestamente contrarias, por lo que hubieran requerido un nuevo procedimiento de autorización y, por tanto, el riesgo de no poder llevarse a la práctica en años”, refiere la nota. EFE