Madrid (EFE).- Una caravana de aproximadamente cien camiones, autocares y furgonetas ha recorrido este lunes el centro de Madrid en una ‘marcha lenta’ en protesta contra las restricciones a la movilidad que afectarán al colectivo del transporte a partir del año que viene.
Concretamente, el punto de conflicto es la norma que, a partir del 1 de enero de 2024, expulsará del distrito Centro de Madrid a los vehículos de transporte de mercancías y viajeros con distintivo ambiental B.
Una disposición que, de hecho, debería haber entrado en vigor para los vehículos ligeros (hasta 3.500 kg de MMA) el 1 de enero de 2023; el Ayuntamiento decidió posponerla un año, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la moratoria el mes pasado.
Los transportistas sostienen que no han tenido tiempo para renovar sus flotas y que, en todo caso, la oferta de vehículos eléctricos o híbridos es muy reducida en su ámbito, por lo que exigen que la fecha de imposición de las restricciones se posponga al menos hasta 2027.
Para la ‘marcha lenta’ de esta mañana, que ha discurrido por los paseos del Prado, Recoletos y Castellana, los transportistas han colgado de sus vehículos crespones negros y pancartas dirigidas al regidor de la capital, José Luis Martínez-Almeida (PP), donde se podía leer: “El alcalde ultraecologista arruina a los transportistas”.
Opinión de las asociaciones
El presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos (ATA), Antonio Villaverde, ha avisado de que las restricciones afectarán al 70 % de los vehículos que distribuyen mercancías en el centro de la ciudad, lo que puede causar problemas de “desabastecimiento”.
Villaverde ha sostenido que los transportistas están “de acuerdo en que hay que renovar” las flotas, pero ha afirmado que “es imposible en tan poco tiempo” y “más cómo está el sector ahora mismo”, con los precios del combustible al alza y considerables demoras en las entregas de nuevos vehículos.
Para el secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), Juan José Gil, “el problema es que no existe una oferta real” de híbridos y eléctricos para transporte, a lo que se suma la abundante cuota de autónomos y empresas familiares del sector, que difícilmente desecharán vehículos con “menos de diez años de antigüedad” para afrontar una inversión de gran calado si están al final de su vida laboral.
“Creemos que no sería necesaria ni siquiera una moratoria: tendríamos que estar excepcionados”, ha apuntado el secretario general de la Asociación de Empresarios de Transporte en Autocar de Madrid (Aetram), quien ha recalcado que los márgenes del sector “han caído” por el encarecimiento de los combustibles.
Y el director general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías en Madrid (CETM-Madrid), Jorge Somoza, ha subrayado el “grave problema” que tienen las empresas de mudanzas, que a menudo utilizan “vehículos de gran antigüedad” por los pocos kilómetros que realizan, y para las que ha reclamado una “regulación específica”.
