Madrid (EFE).- Los juzgados españoles han comenzado a aplicar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los interinos de la administración, y dictan sentencias en las que obligan a los organismos públicos a readmitir a los trabajadores cesados tras décadas de contratos temporales.
El pasado 14 de abril, el TJUE acordó que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales con la administración no compensa dichos abusos, porque «supone mantener una relación laboral temporal» y la situación de «precariedad» del trabajador.
Readmisión de una interina
En una sentencia fechada el pasado 27 de abril a la que ha tenido acceso EFE, un tribunal de lo contencioso de Madrid ha acordado la readmisión de una funcionaria interina del gobierno regional.
La mujer fue cesada en junio de 2024 tras casi 20 años de prestar sus servicios en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, y ahora el juzgado anula su cese y reconoce su derecho a ser readmitida como trabajadora indefinida, sin adquirir la condición de funcionaria de carrera.
Para el juzgado la contratación de la trabajadora sólo puede ser calificada de «anormalmente o excesivamente» larga, por lo que se trata de una situación de abuso que sólo cabe paliar mediante su paso a ser contratada de forma indefinida.
Un millón de interinos no fijos
Desde la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas-CGT aplauden que la sentencia no se limite a constatar una irregularidad, sino que imponga una reparación efectiva frente a una situación de temporalidad abusiva.
En España hay alrededor de un millón de interinos no fijos, y de ellos aproximadamente 30.000 han acudido a los tribunales para reclamar su situación.
Reacción del Gobierno
El Gobierno ha defendido que se está reduciendo la temporalidad en el sector público, con 419.756 plazas estabilizadas, y ha avanzado que presentará alegaciones a la Comisión Europea en el procedimiento de infracción abierto.
Según señalan fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el Gobierno de España «colaborará, como hace siempre, con la Comisión Europea y presentará sus alegaciones en tiempo y forma».
DIRECTO #Canal24horas 📺 | Concentración de empleados públicos interinos frente al Congreso de los Diputados https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/pkIrmQw7Gt
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 29, 2026
La Comisión Europea ha decidido avanzar este miércoles en los dos procedimientos de infracción abiertos a España en 2014 en materia de temporalidad en el sector público, relativos a personal laboral temporal y funcionario interino.
Cientos de interinos públicos se concentran frente al Congreso
Además, cientos de empleados públicos en situación de abuso de temporalidad se han concentrado hoy frente al Congreso de los Diputados para reclamar su fijeza porque les consideran «meras plazas, meros números sin rostro ni familia». «Pero somos personas», subrayan.
Convocados por la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI) y por las plataformas de afectados de Madrid y Murcia, la protesta tiene lugar nueve días después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara una sentencia que declara que España incumple sistemáticamente la normativa europea en cuanto a interinos públicos.
Los convocantes reclaman una normativa específica para resolver el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas, que establezca la fijeza de forma automática sin necesidad de litigio individual.
También la readmisión inmediata de quienes fueron cesados estando en situación de abuso de temporalidad, así como indemnizaciones reales y disuasorias y proporcionales al tiempo de abuso, sin topes simbólicos y transparencia absoluta en la identificación de los trabajadores abusados y criterios claros para ello.
A su juicio es necesaria una responsabilidad efectiva y disuasoria para las administraciones que dilaten o incumplan las medidas que sancionen definitivamente el abuso.
Las Administraciones Públicas han sostenido durante décadas sus estructuras con personal temporal —funcionarios interinos, personal laboral temporal y estatutario— para cubrir necesidades que son, en la práctica, permanentes y estructurales.
