Valladolid, 12 sep (EFE).- El 87 por ciento de los ayuntamientos de Castilla y León han rendido cuentas ante el Consejo de Cuentas sobre el ejercicio 2020, aunque ese porcentaje se reduce al 57,9% cuando se refiere a aquellos que lo hicieron dentro del plazo legalmente establecido (2.750), mientras que otros 1.999 quedaron fuera de plazo o directamente no contestaron.
Así lo ha planteado este lunes, ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, quien ha valorado una ligera mejoría en la rendición de cuentas, pero ha reconocido que entre las entidades que lo hicieron fuera de plazo o directamente no lo han hecho figuran las Diputaciones de Ávila y Zamora -que lo hicieron con posterioridad- y el Consejo Comarcal de El Bierzo, que lleva sin rendir cuentas desde 2018.
En cuanto a los grandes ayuntamientos, rindieron la cuenta fuera de plazo los de Segovia, Ponferrada y Medina del Campo, mientras que entre los de tamaño mediano figuran en la misma situación Candeleda, Medina de Pomar, Astorga, Bembibre, Sariegos, Valencia de Don Juan, Villablino, Villaquilambre, Alba de Tormes, Villamayor, Cigales, Simancas y Tordesillas.
Amilivia ha explicado que el nivel medio de rendición de cuentas entre las entidades locales es del 70%, con lo que supera la media nacional, pero se sitúa por detrás de los porcentajes alcanzados por autonomías como Galicia, Aragón y Comunidad Valenciana, que superan el 80 por ciento.
El presidente del Consejo ha remarcado que estas autonomías tienen como particularidad que tienen establecidas medidas vinculantes entre la presentación de las cuentas y la obtención de subvenciones públicas, algo que el pasado año ya se aplicó en Castilla y León por parte de la Consejería de la Presidencia para la concesión de ayudas finculadas al Fondo de Cooperación Local, con lo que arranca un “planteamiento histórico” del Consejo de Cuentas.
Para la elaboración del informe sobre las Cuentas del Sector Público Local en el ejercicio 2020, el Consejo ha analizado una muestra de 918 cuentas, de las que 199 se presentaron completas y sin incidencias, mientras que 719 tenían incidencias de “diversa índole” que fueron comunicadas por el Consejo a cada entidad local.
Tras subsanar estos errores, el total de cuentas sin incidencias ascendió a 237, por lo que aún eran mayoría las que presentaban deficiencias.
Como conclusión sobre este informe, Amilivia ha indicado que las entidades locales de la Comunidad “siguen gozando de una situación económica saneada” y “mantuvieron en el primer año de la pandemia la senda creciente en superávit, remanentes de tesorería y fondos líquidos, mientras que la deuda viva continuó su tendencia decreciente”.
Los portavoces de los grupos parlamentarios que han intervenido en la comisión han coincidido en señalar la gravedad de que un elevado número de ayuntamientos no rindan cuentas o lo hagan fuera de plazo, por lo que han apoyado la aplicación de medidas correctoras, incluidas sanciones para aquellas entidades que no cumplan, aunque han matizado que estaría bien conocer las razones de cada caso.
No obstante, el presidente del Consejo ha matizado que, pese a que mantienen la exigencia de medidas para aumentarlos, los porcentajes en Castilla y León son superiores a los de la media en España pese a tener dificultades como el tamaño y la ausencia de secretarios municipales y, además, el año analizado es 2020, sacudido por la pandemia de la covid.
AYUDAS COVID
En la misma comisión, el presidente del Consejo de Cuentas ha analizado otro informe sobre el impacto de los ingresos propios de las capitales de provincia de la Comunidad por la situación derivada de la pandemia de la covid.
El informe analiza algunas de las medidas aplicadas por los ayuntamientos, como bajadas o aplazamiento de plazos de impuestos, y en términos generales el Consejo aconseja que los servicios de tesorería y recaudación deberían realizar un seguimiento de la incidencia en los datos de recaudación anual de las medidas adoptadas por el propio ayuntamiento sobre sus tributos y precios públicos, informando al Pleno a través de la memoria de las cuentas de recaudación.
Además, aconseja que el propio Pleno Municipal analice esa memoria económica y evalúe si se mantienen o se suprimen los beneficios y reducciones concedidos sobre los ingresos propios a raíz de la crisis económica ocasionada por la pandemia, estimando la situación de recuperación de la actividad económica en el municipio.
Por último, Amilivia se ha referido a la forma en que los 16 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la Comunidad han aplicado los recursos adicionales recibidos para paliar la pandemia, con un total de 38,6 millones distribuidos, como los 10 millones para contratación de personas desempleadas, 4,1 millones para garantizar la alimentación de niños en situación de vulnerabilidad, otros 1,6 millones para ayudas sociales y 553.750 euros para limpieza de colegios, entre otras.
Los ayuntamientos que más recursos recibieron fueron los de Valladolid (11,4 millones), Salamanca (4,9 millones), Burgos (4,6 millones), León (3,7 millones), Segovia (2 millones), Ponferrada (1,8 millones), Palencia (1,8), Zamora (1,6) y Ávila (1,5), los únicos por encima del millón de euros.
El informe señala que las ayudas procedentes del Estado no implicaron el reintegro de parte de las mismas al entender que no hubo incumplimientos en la gestión, mientras que en el caso de las entregadas por la Junta de Castilla y León los ayuntamientos tuvieron que devolver 978.536 euros, con especial cuantía en las referidas a las ayudas contra la exclusión social.
En concreto, los ayuntamientos que tuvieron que realizar un mayor volumen de reintegros fueron los de Palencia, Ponferrada y San Andrés de Rabanedo.
En general, según el informe, “se produjo una aplicación correcta de las ayudas recibidas por parte de los ayuntamientos, destinándose los fondos a aquellas finalidades para las cuales fueron concedidos y justificándose debidamente su aplicación, la cual se ha producido predominantemente mediante la concesión de subvenciones directas o bien mediante la celebración de nuevos contratos”, mientras que en el caso de que hubiera alguna incorrección, tuvieron que reintegrar los fondos.EFE
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