Madrid.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha mostrado su rechazo al tope al gas de emergencia planteado por la Comisión Europea (CE), que fija el precio máximo en 275 euros el megavatio hora (MWh) en el caso de episodios excepcionales.
“Nosotros nos vamos a oponer con contundencia, con rotundidad. Nos parece que para esa referencia es mejor no hacer absolutamente nada”, ha denunciado Ribera durante su intervención en la sesión de control al Gobierno celebrada este martes en el Senado.
El precio planteado por la Comisión, que rechaza España, contrasta con el límite fijado con el llamado “mecanismo ibérico” en España y Portugal, que desde el pasado 15 de junio limita el precio del gas destinado a la generación eléctrica en una horquilla de entre 40 y 70 euros/MWh durante doce meses.
Tras su comparecencia, en los pasillos del Senado Ribera ha reiterado sus críticas a la Comisión, asegurando que la propuesta no “resuelve nada” y no se ajusta a lo que solicitaron los Estados miembros.
“Yo no creo que sea algo que pueda resolver en absoluto la situación”, ha manifestado Ribera, a la vez que ha advertido de la posibilidad de que esta medida de “alas” a mayor especulación y precio de venta.
Propuesta para limitar los “niveles de precios excesivos”
La propuesta legal de la Comisión, que se debatirá este jueves en un Consejo extraordinario de Energía en Bruselas, no pretende establecer un precio “artificialmente bajo”, según la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, sino prevenir “niveles de precios excesivos”.
De aprobarse, el tope se aplicará a partir del 1 de enero de 2023 siempre que los precios de futuros a un mes superen los 275 euros/MWh en el mercado de referencia TTF, y siempre que este incremento muestre una divergencia de más de 58 euros respecto al precio de referencia del gas natural licuado (GNL) durante diez días consecutivos.
Sobre la reunión del jueves en la que se debatirá el tope al gas, Ribera cree que la Comisión se encontrará con una “firme oposición de una inmensa mayoría de los Estados miembros”.
