David Asta Alares |
Nueva Delhi (EFE).- Los incendios de vehículos eléctricos en la India se han convertido en una constante, con incidentes en ocasiones mortales que han desatado la inquietud entre los consumidores, y que el país asiático busca remediar con una normativa más estricta.
Ocho personas murieron y una decena resultaron heridas el pasado septiembre en el estado sureño de Telangana debido a un incendio en un concesionario de motos eléctricas, en uno de los peores sucesos recientes de este tipo.
Un hecho similar el pasado 25 de octubre calcinó 36 motocicletas eléctricas en el estado vecino de Andhra Pradesh, sin dejar víctimas mortales, y según datos del Gobierno más de 6.600 vehículos eléctricos fueron retirados de la circulación solo el pasado abril por motivos de seguridad.
Impacto negativo
“Estos incendios, por supuesto, han tenido un impacto negativo en la adopción de los vehículos eléctricos”, ha explicado a EFE Jasmeet Khurana, que dirige la iniciativa sobre movilidad eléctrica del Foro Económico Mundial para la India y otros mercados emergentes.
Los motivos de estos fuegos son variados, según Khurana, en un ecosistema que “todavía es bastante pequeño” pero que cuenta con medio centenar de fabricantes “todavía en fase de maduración en los controles de calidad”.
Pero la razón principal es el sobrecalentamiento de las baterías, poco adaptadas a la variedad de temperaturas y condiciones de humedad en el subcontinente indio.
“Se trata sobre todo de una cuestión de calidad e ingeniería”, reconoce.
El director general de la Sociedad de Fabricantes de Vehículos Eléctricos (SMEV) de la India, Sohinder Gill, apuntaba en un comunicado el pasado octubre a la “escasez aguda” de ensambladores de baterías de buena calidad.
Preocupación para el Gobierno
Estos fuegos espontáneos son una fuente de preocupación para el Gobierno de la India, el tercer mayor contaminador del mundo, que ha apostado por la adopción de motocicletas y vehículos de tres ruedas eléctricos como parte de su compromiso para alcanzar el nivel cero de emisiones netas de carbono.
Como parte de un programa lanzado en 2015, el país ofrece ayudas económicas de hasta el 40 % del coste del vehículo en el caso de las motocicletas, así como un tipo impositivo reducido para su compra y otras ayudas a los fabricantes con incentivos vinculados a la producción.
“Desde el punto de vista del Gobierno, ha invertido mucho tanto políticamente como en forma de capital en el sector, así que quiere que este tipo de incidentes dejen de ocurrir”, señala Khurana.
A finales del pasado septiembre, el Ministerio de Transportes por Carretera y Autopista endureció los controles de calidad de las baterías para “mejorar los parámetros de seguridad”.
Las medidas entrarán en vigor en dos fases a petición de los fabricantes, la primera de ellas desde el 1 de diciembre y la segunda el 31 de marzo de 2023, e incluyen controles más estrictos de las baterías de los vehículos eléctricos.
Sohinder Gill ha saludado estas directrices como “muy importantes para el desarrollo de los niveles de seguridad de los productos”.
Un mercado sobre dos ruedas
Estos incentivos y el alza de los precios de los combustibles ayudan a explicar que las ventas de vehículos eléctricos se encuentren al alza en la India, aunque todavía representen una parte ínfima del parque automovilístico de este país de 1.300 millones de habitantes.
Desde el inicio del presente año fiscal, entre abril y octubre de este año, las autoridades del país registraron la venta de 358.161 vehículos de dos ruedas eléctricos frente a las 231.378 contabilizadas en el año fiscal 2021-22.
Estas ventas son significativas porque el mercado indio, a diferencia de otras partes del mundo, está dominado por la venta de motocicletas.
Según el SMEV, “los vehículos de dos ruedas suponen el 70 % del consumo de petróleo en la India, y la electrificación de este sector permitirá una importante reducción en las importaciones de crudo”.
En el año fiscal 2021-22 las motocicletas eléctricas representaron apenas un 2 % del total de los nuevos registros, aunque la consultora Crisil estimó el pasado marzo que este número aumentará a entre un 10 y un 15 % en 2026.
