La Xunta priorizará los parques eólicos de los proyectos industriales para cumplir los plazos

Santiago de Compostela, 10 nov (EFE).- La Xunta priorizará los parques eólicos vinculados a proyectos industriales, como Alcoa, Altri o Showa Denko, para cumplir el plazo fijado por el Gobierno central, que mantiene enero de 2023 para la caducidad de los permisos de acceso y conexión de los que no tengan declaración de impacto ambiental.

En la rueda de prensa de este jueves tras el Consello de la Xunta, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha explicado que este asunto ya fue abordado en la reunión que mantuvo con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el martes y que la intención del Gobierno gallego es aprobar una planificación eléctrica concreta para estos parques en unas semanas.

«Intentaremos ser lo más diligentes posible para cumplir los plazos del ministerio», ha dicho Rueda, que ha reclamado al Gobierno central que haya la misma diligencia «por su parte» en los proyectos cuya tramitación corresponde al Estado, al ser de más de 50 megavatios de potencia.

Este documento detallará la planificación eléctrica para la conexión de los parques eólicos a la red, que incluirá la subestación de muy alta tensión en Vigo, para la factoría de Stellantis.

La ministra ha confirmado este jueves, en un acto en Vigo, que el plazo fijado para la caducidad de los permisos de acceso y conexión para los proyectos eólicos que estén pendientes de obtener la declaración de impacto ambiental «no es prorrogable» y se mantendrá en el 24 de enero del próximo año.

Y ha explicado que, por eso, le ha pedido a Rueda que agilice la tramitación de los parques eólicos vinculados a proyectos industriales, que son los prioritarios para la Xunta.

Rueda ha confirmado que los vinculados con los proyectos industriales son «fundamentales», por lo que la Xunta ya ha declarado varios de ellos estratégicos, lo que supondrá una reducción de plazos y aceleración de los trámites, en el caso de que la autorización sea de ámbito autonómico, mientras que los de más de 50 megavatios corresponden al Gobierno central.