Barcelona, 16 sep (EFE).- La Mesa del Tercer Sector Social y la Alianza contra la Pobreza Energética se han plantado ante lo que consideran “inacción institucional” del Govern en la puesta en práctica del convenio firmado con Endesa que regula la pobreza energética en Cataluña, y no participarán en la próxima reunión de seguimiento.
Francina Alsina, presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social, y la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Maria Campuzano, han anunciado este viernes en rueda de prensa en Barcelona que no irán a la próxima reunión, convocada para noviembre, si no tienen “garantías de que habrá avances palpables”.
El citado convenio, firmado hace un año y medio, “no se ha desplegado como es necesario”, han asegurado, y “las entidades y los movimientos sociales estamos muy preocupados porque no se ha resuelto aún la deuda acumulada por las familias del año 2021 de suministros eléctricos”.
Estas entidades estiman que esa deuda asciende, como mínimo, a 12 millones de euros, que es la cifra que acumularon las familias en 2020, pero podría ser mucho más elevada, dado el contexto de subida de precios de la energía que ya se daba el año pasado.
El Departamento de Derechos Sociales se comprometió, según han informado Alsina y Campuzano, a ofrecer propuestas para la condonación de la deuda de las familias del 2021 pero “si no tenemos garantías de avances palpables, no acudiremos” a la reunión prevista de noviembre próximo.
Los cuatro puntos más importantes del acuerdo de la Generalitat con Endesa “aún no se han empezado a aplicar de forma generalizada, a pesar de la situación económica de las familias, que ha empeorado sustancialmente y de que los precios de la energía siguen extraordinariamente elevados”, ha argumentado Alsina.
Aparte de la deuda acumulada durante 2021, que no se ha solucionado, las entidades han denunciado hoy que el Fondo de atención solidaria, contemplado en el convenio, no podrá ponerse en marcha hasta 2023, con suerte, cuando ya se habrán cumplido dos años desde la firma del convenio.
Además, Endesa sólo ha concedido la instalación de 37 contadores sociales en hogares vulnerables en situación de ocupación en precario en toda Cataluña frente a los 914 que ha puesto Aigües de Barcelona y “sigue asediando a las familias con correos electrónicos reclamando el dinero adeudado”, ha asegurado Campuzano.
La portavoz de la APE ha recordado que los contadores sociales son “una medida imprescindible para garantizar la dignidad de las familias afectadas y desincentivar las conexiones irregulares y los riesgos asociados, como incendios, que ya han costado vidas”.
Ha explicado también que la compañía Endesa exige un documento extra a las familias ajeno a lo que se establece en el convenio y el Departamento de Derechos Sociales ha aceptado el mismo y reclama que sean los municipios los que asuman la responsabilidad de darlo.
El Govern de Pere Aragonès tampoco ha movido ficha para extender el convenio firmado con Endesa a otras empresas energéticas, como Naturgy e Iberdrola, para que las familias que tienen contratado el suministro de energía con estas compañías estén cubiertas en caso de pobreza, ha añadido Alsina.
Ambas representantes han reclamado a la Generalitat y a los departamentos implicados que den prioridad a esta situación y que “más allá de las palabras, puedan demostrar con hechos que se está avanzando en la aplicación del convenio y que se cumplen los acuerdos suscritos”.
“Los mecanismos están (convenio), ahora solo falta que Derechos Sociales tenga protagonismo y liderazgo y los haga cumplir, porque ya estamos notando que suben las demandas de ayudas de las familias para poder pagar gastos de vivienda y energía”, ha argumentado la presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social.
