El Comisionado de la Transparencia pide multas contra la opacidad

Por Óscar R. Ventana |
Valladolid (EFE).- El Procurador del Común, en su faceta de Comisionado de la Transparencia, Tomás Quintana, ha reclamado este jueves a los legisladores que incorporen a la Ley de Transparencia un régimen sancionador que incluya multas coercitivas contra las administraciones públicas que no cumplan con el derecho al acceso a la información por parte de los ciudadanos.


Esta situación, junto a la ausencia de procedimientos contenciosos-administrativos al respecto, deja las resoluciones del Comisionado «en una suerte de limbo» que, en palabras de Quintana pronunciadas ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común de las Cortes, únicamente sería salvado «mediante la imposición de multas coercitivas», algo que ya está incorporado en el ordenamiento jurídico de varias autonomías.


A esa demanda, Quintana ha agregado la necesidad de contar con más medios para «realizar las funciones inherentes a la condición de garantes de la transparencia en la Comunidad», ya que ese cumplimiento repercute en la mejora de la prestación de los servicios públicos.


El Comisionado ha reconocido que la crisis económica marcada por la guerra en Europa y el incremento de precios puede condicionar esa mayor aportación a la institución que dirige, pero ha matizado que esa situación «no justifica postergar la respuesta a otras necesidades, como la dotación de los medios necesarios».


No obstante, ha añadido que, lleguen o no más medios para cumplir con la Ley de Transparencia, el actual equipo seguirá actuando «con objetividad e independencia al frente de los órganos de transparencia»: «Cuanto más intenso sea nuestro trabajo, mayor será nuestro grado de satisfacción, precisamente porque estamos convencidos de que la actuación transparente de los entes públicos es un preciado bien en las sociedades democráticas», ha argumentado.


Sobre la escasa ejecución de sus resoluciones, pese a que las reclamaciones han ido incrementando progresivamente desde que funciona esta entidad -se han quintuplicado en seis años de actividad-, Quintana ha explicado que un tercio de las resoluciones del Comisionado correspondientes a 2021 estaban «pendientes de ser cumplidas» a fecha de 15 de julio de 2022.


«Se frustra el derecho de acceso y la propia función del órgano de garantía», ha resumido Quintana, quien ha detallado que en 2021 las materias sobre las que recibieron más demandas fueron las relacionadas con la información económica, el urbanismo, el empleo público y el medio ambiente, por ese orden.


En 2021 el Comisionado recibió 495 reclamaciones, el mayor número desde que funciona esta entidad, mientras que para la evaluación de la actividad de las entidades públicas -más de 5.000 afectadas por esta norma- recurre a los «cuestionarios de autoevaluación» ante la «carencia de mecanismos formales y de medios personales y materiales específicos para el desempeño de esta función».


Quintana ha detallado que en el pasado ejercicio enviaron 111 cuestionarios y únicamente el 57 por ciento de las entidades que lo recibieron lo cumplimentaron, lo que representa un «ligero descenso» respecto al año anterior, en palabras del Comisionado.

Entre las entidades que no colaboraron por esta vía figuran 5 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, entre ellos el de Palencia, mientras que de los 60 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes sólo lo cumplimentaron 26, menos de la mitad, mientras que en el ámbito público autonómico sí obtuvo una colaboración mayoritaria.

Apoyo de los grupos parlamentarios, salvo Vox


Todos los grupos parlamentarios han expresado su apoyo a las actuaciones del Comisionado para la Transparencia y han respaldado sus reivindicaciones de más medios materiales y personales, junto con el establecimiento de multas para favorecer el cumplimiento de las resoluciones, aunque el representante de Vox, Miguel Suárez Arca, le ha aconsejado que en lugar de incrementar el gasto público con más personal remita las quejas al Consejo de Transparencia estatal y, en lugar de pedir multas para los incumplidores, establezca un protocolo de advertencia sobre una posible denuncia ante la Fiscalía.

Imagen de archivo. El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana López. EFE/ Nacho Gallego


Ante esa demanda del representante de Vox, Quintana ha reiterado su demanda de contar con más medios personales porque los medios humanos «son los mismos» pero las reclamaciones alcanzan ya en lo que va de 2022 las 570, 75 más que las referidas al informe que presentaba hoy, pero citando a Gustavo Adolfo Bécquer, ha insistido en que «la poesía son ustedes», en referencia a que son los legisladores los que tienen potestad para cambiar la ley y para dotar de más o menos medios a las instituciones públicas.


Sin embargo, en el caso del protocolo que sustituiría a la demanda de contar con multas coercitivas para mejorar el cumplimiento de la ley, Quintana ha explicado al procurador de Vox que no cabe en el ordenamiento jurídico que la institución pueda llevar este tipo de cuestiones a la Fiscalía, ya que para que eso ocurriera tendría que venir precedido de una modificación del Código Penal que previera como un delito el incumplimiento que motiva la reclamación.EFE

Edición web: Óscar R. Ventana