Madrid (EFE).- Comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía, Madrid, Galicia y Murcia, han denunciado que la ley de familias impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra, invade sus competencias, discrimina a las familias numerosas y carga el coste de su aplicación a las administraciones autonómicas.
El Gobierno aprobó el anteproyecto de la ley de familias el pasado 13 de diciembre y abrió el plazo de alegaciones para recabar los informes preceptivos, antes de volver de nuevo al Consejo de Ministros y ser negociado en el marco del dialogo social, en el seno del Consejo Territorial en el marco de sus competencias y con los grupos parlamentarios de cara a su aprobación parlamentaria.
Una de las primeras en hacer público su informe de alegaciones al texto normativo ha sido la Comunidad de Madrid en el que critica el procedimiento elegido para elaborar esta norma porque “se ha impuesto de manera unilateral sin contar con las aportaciones de las comunidades autónomas”, tal y como explicó este martes Concepción Dancausa, consejera del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
Al igual que otras comunidades gobernadas por el PP, expone la invasión de competencias autonómicas en ámbitos como las medidas de apoyo a la conciliación o la educación, la protección en materia de salud o empleo y el derecho a la atención temprana o a la vivienda.
También critica la sustitución del concepto de familia numerosa por el de “familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza” tras más de 80 años en el ordenamiento jurídico español y reclama un tratamiento diferenciado de las numerosas en la nueva norma.
Las alegaciones de Galicia, Andalucía y Murcia
Para la Xunta de Galicia la ley de familias perjudicará tanto a las familias numerosas como a las monoparentales y recuerda que desde hace unos años ya concede un título acreditativo con ventajas asociadas a estas familias, por lo que si no se modifica “cientos de familias (en la comunidad) perderán un título ya reconocido”.
En Andalucía, la consejera de Inclusión Social y Familias, Loles López, ha denunciado este jueves que el Gobierno ha hurtado el debate sobre el anteproyecto de ley de familias al obligar a las comunidades autónomas a presentar sus alegaciones por correo electrónico y de manera urgente.
Según la consejera, el Gobierno trata de “endosar a las regiones el coste de las medidas al no recoger la transferencia de fondos específicos para que se puedan ejecutar”. “Este es otro ejemplo más del ‘yo invito y tú pagas’ al que acostumbra el Gobierno de PSOE y Podemos”, ha insistido López.
En el mismo sentido, el Ejecutivo murciano ha lamentado la falta de financiación e “importantes deficiencias” de la norma del departamento de Belarra.
Sobre las competencias, alega que entra en confrontación con normas regionales sobre “asuntos tan delicados como la atención a familias y menores en situación de violencia de género, educación, empleo, salud o vivienda, entre otros”.
