Barcelona (EFE).- La presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs (JxCat), ha fiado su estrategia de defensa a un duro ataque a los otros dos procesados por sus negociaciones con la Fiscalía para delatarla, ya desde la primera sesión de su juicio, que ha afrontado sin el apoyo del grueso del independentismo.
En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha arrancado este viernes el juicio contra la presidenta de Junts, para quien la Fiscalía pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación por adjudicar presuntamente 18 contratos a dedo a un amigo entre los años 2013 y 2017, cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), por valor de 335.700 euros.
Junto a Borràs, se sientan en el banquillo el beneficiario de los contratos, Isaías H., y Andreu P., quien está acusado de elaborar facturas para enmascarar la supuesta adjudicación arbitraria: ambos han mantenido contactos con la Fiscalía en los últimos días en busca de un acuerdo para lograr una rebaja de condena a cambio de incriminar a la líder de Junts.
Los pactos con la Fiscalía
Esas negociaciones se han convertido en una baza de última hora para la defensa de Borràs, que ha convertido el trámite de cuestiones previas de la primera sesión del juicio en una ofensiva contra los otros dos acusados, hasta el punto de pedir la suspensión del juicio para buscar nuevas pruebas con las que blindarse frente a ellos.
Ya antes de enfrascarse en la exposición de cuestiones previas, la abogada Isabel Elbal, que representa a Laura Borràs junto a Gonzalo Boye, ha pedido a la sala que le permita intervenir en último lugar, al considerar que las otras dos defensas se han convertido en partes acusadoras “pagadas” por sus negociaciones con Fiscalía.
Tras denunciar que su clienta “no va a tener un juicio justo”, Elbal ha recordado que durante tres años ha trabajado de forma “coordinada”, compartiendo información, documentos e incluso gastos para pruebas periciales con Marina Roig, la abogada de Isaías H., hasta el punto de haber urdido una “misma línea de defensa”.
Todo ello hasta que hace “72 horas” tuvieron constancia del “inconfesable ahora mismo” acuerdo con Fiscalía, se ha quejado Isabel Elbal, que ha anunciado que va a pedir una dispensa al Colegio de la Abogacía de Barcelona para que se les permita levantar el secreto profesional y exponer las pruebas y documentos que acreditan esa estrategia conjunta con las otras defensas.
Para la defensa de Borràs, el mero hecho de que las otras defensas hayan negociado con la Fiscalía ya provoca “indefensión material” a la presidenta suspendida del Parlament, independientemente de que el acuerdo se acabe formalizando, de forma que se ha vulnerado “flagrantemente su derecho a la presunción de inocencia”.
Las críticas de Borràs a la estrategia de los otros dos acusados ha cosechado un agria réplica de sus letrados, Marina Roig y Alex Solà, quienes consideran que se está “cuestionando el mismo ejercicio del derecho de defensa” y han criticado la “innecesaria y desafortunada” postura de Elbal y Boye.
Sin apenas líderes independentistas
Lo cierto es que hoy la mayoría del independentismo ha dado la espalda a Borràs en su cita ante el TSJC, lejos de los baños de masas que habitualmente acompañaban a los líderes independentistas en sus causas judiciales vinculadas con el procés.
A las puertas del Palacio de Justicia se han concentrado apenas 400 independentistas, que han aclamado a su llegada a la líder de Junts, arropada solo por sus más próximos -el expresident catalán Quim Torra y el secretario general de Junts Jordi Turull, entre ellos- y por una delegación de ANC: ni ERC, ni la CUP, ni Òmnium Cultural ni la AMI han hecho acto de presencia.
