Barcelona, 1 mar (EFE).- La presidenta suspendida del Parlment, Laura Borràs, ha denunciado que se la ha intentado presentar como una “corrupta” pese a que no ha cometido ningún delito y ha prometido que no renunciará a la independencia de Cataluña “sea cual sea” la sentencia tras su juicio acusada de fraccionar contratos.
Así lo ha asegurado Borràs en una intervención de 16 minutos en el último turno de palabra en el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), después de que la Fiscalía haya mantenido su petición de 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación a la dirigente de JxCAT por adjudicar contratos a dedo a un amigo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Borràs, que ha denunciado de nuevo ser víctima de una “persecución política”, ha lamentado que en los últimos cinco años ha sufrido una “condena” pública, en la que se la ha “criminalizado” para presentarla como una “corrupta”, aunque ha insistido en que no ha cometido ningún delito y ha garantizado que, sea cual sea la sentencia, no renunciará ni a sus convicciones, ni a su ideología ni a seguir trabajando para “vivir en un república catalana independiente”.
No obstante, ha insistido en que no ha cometido ningún delito y ha garantizado que, sea cual sea la sentencia del TSJC, no renunciará ni a sus convicciones, ni a su ideología ni a seguir trabajando para “vivir en un república catalana independiente”.
Borràs ha mostrado su “perplejidad” por haber sido juzgada tras cinco años de “persistencia inmisericorde” de la Fiscalía, que la acusa de favorecer a su amigo Isaías H. con las adjudicaciones a dedo: “Si quise beneficiar a alguien fue a la ILC. Recorrí de punta a punta la nación con una labor ingente que la comunidad literaria conoce y reconoce”.
La Fiscalía mantiene su petición de seis años de cárcel
La Fiscalía ha mantenido este miércoles su petición de seis años de cárcel para la presidenta suspendida del Parlament, mientras ha rebajado a dos años la condena que solicita para su amigo Isaías H., beneficiario de los contratos que presuntamente la líder de Junts adjudicó a dedo.
En el trámite de conclusiones definitivas, el ministerio público ha modificado las penas de seis años y tres años de cárcel que inicialmente solicitaba para los otros dos acusados en el caso: Isaías H., amigo de Borràs beneficiario de los contratos, y Andreu P., quien supuestamente se prestó a facturar trabajos a su nombre para ocultar la presunta adjudicación a dedo.
El motivo de la rebaja, ha argumentado la Fiscalía, es la aplicación de la atenuante de confesión a estos dos acusados, quienes en su declaración ante el tribunal confesaron las presuntas irregularidades y delataron a Laura Borràs, al admitir que los contratos se adjudicaron a dedo y que siguieron instrucciones de la presidenta de Junts sobre cómo ocultarlo.
En ese sentido, la fiscal Anticorrupción Teresa Duerto ha recordado que los acusados, a quienes atribuye los delitos de prevaricación y falsedad documental, “han declarado reconocer los hechos y la participación”, lo que ha sido de vital “importancia para aclarar los hechos” enjuiciados.
Su petición de condena para Borràs se mantiene en los mismos términos: seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y multa de 146.000 euros por los delitos de prevaricación y falsedad documental por adjudicar presuntamente a dedo a su amigo 18 contratos menores entre marzo de 2013 y febrero de 2017, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
La Fiscalía acusa a Borràs de “despreciar” la confianza de los ciudadanos
La Fiscalía niega un uso “ilegal” de la justicia para inhabilitar a Borràs, a la que ha acusado de adjudicar de forma “totalmente arbitraria” contratos a un amigo, “menospreciando” la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Borràs denunció el pasado lunes en su declaración ante el tribunal que era víctima de una “persecución política”, argumento que ha rebatido la fiscal, al remarcar que las pruebas que la incriminan son “contundentes” e irrebatibles”, mientras ha negado un uso “abusivo e ilegal” de las instancias judiciales para inhabilitar a la dirigente de JxCAT o para provocar su “repudio popular”. “Nada más lejos de la realidad”, ha replicado.
Y es que, según el ministerio público, las pruebas de este caso no dejan lugar a dudas de que Borràs fragmentó en 18 contratos menores el proyecto de la web de la ILC, por un valor total de 335.700 euros, para adjudicarlos de manera “totalmente arbitraria” a su amigo Isaías H., sabiendo que cometía una irregularidad.
Con esta actuación, Borràs, de acuerdo con su amigo, “menospreció” la confianza de los ciudadanos en las instituciones, al actuar al margen de la normativa administrativa y vulnerar los principios básicos de transparencia y publicidad en la adjudicación de contratos en el sector público, según la fiscal.
Duerto ha rechazado la versión “exculpatoria” que el pasado lunes ofreció Borràs ante el tribunal, cuando descargó responsabilidades en los dos administradores de la ILC que la incriminaron, y ha asegurado que tanto sus subalternos como la Intervención General le advirtieron de las irregularidades, que en su opinión no denunciaron en su momento porque no se sentían “protegidos”.
