Madrid (EFE).- La ley del sólo sí es sí dio seis meses a las comunidades autónomas para abrir, en cada provincia, centros de crisis 24 horas en los que atender a mujeres víctimas de violencia sexual. El plazo vence este martes y sólo Madrid y Asturias cuentan con este servicio para el que el Ministerio de Igualdad ha destinado ya 83 millones de euros.
Cataluña ha avisado de que no tiene intención de poner en marcha centros específicos para las víctimas de agresiones sexuales porque considera que ya reciben asistencia en la red creada a raíz de la ley catalana de 2008, que hace referencia a todos los tipos de violencias, no solo las sexuales.
Sin embargo, tiene previsto reforzar la atención 24 horas con un nuevo servicio que ofrecerá atención psicológica en situaciones de crisis y los profesionales se desplazaran allí donde lo necesite la mujer.
Fuentes de Igualdad han explicado a Efe que, a pesar del plazo marcado por la ley, los fondos europeos destinados a estos centros pueden gastarse hasta finales de año, por lo que será entonces cuando cada provincia deberá contar con este recurso.
Consultadas por Efe, las diferentes administraciones platean distintos plazos para su puesta en marcha y algunas dudas sobre estos centros que atenderán a mujeres víctimas de violencia sexual las 24 horas del día y los 365 días del año y que contarán con psicólogas, psiquiatras, abogadas, trabajadoras sociales, etc.
La Comunidad Valenciana, en concreto, ha explicado que no lo ha puesto en marcha a la espera de que el Ministerio “aclare la indefinición” en cuanto al plazo, ya que es una inversión social dependiente de los fondos europeos con fecha definitiva de 31 de diciembre de 2023.
Sin embargo, el gobierno valenciano ha incluido este servicio en los presupuestos de este año y la Conselleria de Igualdad está estudiando los recursos ofrecidos desde el Gobierno en las tres provincias, al tiempo que recuerda que el servicio integral de atención a las supervivientes de violencia sexual ya se realiza en los centros autonómicos DONA.
Asturias y Madrid, las únicas que los han puesto en marcha
En Asturias, el Gobierno puso en marcha en noviembre de 2020 el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, que prestó servicio a una media de veinte personas al mes el pasado año. En los dos primeros años atendió a 425 mujeres, de las que 283 eran víctimas de algún tipo de violencia y 142 familiares o personas allegadas. En 2022, la atención aumentó un 12,5 %.
En la Comunidad de Madrid se han iniciado los trámites para poner en marcha el segundo centro de crisis del que dispondrá la región, ya que a principios de enero abrió sus puertas el primero.
Del resto de comunidades, la mayoría confían en abrirlos antes de que finalice el año.
Cantabria pone como fecha el mes de abril y ya cuenta con el espacio; un chalé de tres plantas ubicado en el centro de Santander, que dispondrá de cocina para ofrecer un lugar temporal de acogimiento a las víctimas durante unas horas hasta su derivación a viviendas dispuestas para estancias prolongadas y casas de acogida.
Navarra abrirá su centro en noviembre y se ubicará en el barrio pamplonés de Arrosadía, mientras que Euskadi espera que sus centros estén operativos antes de que acabe el año y en principio habrá uno en cada una de las tres capitales, aunque se está analizando la posibilidad de abrir otros dos en Gipuzkoa para facilitar la accesibilidad.
En Canarias estarán listos antes de finales de año cinco centros de crisis, aunque desde el Instituto Canario de Igualdad recuerdan que, gracias a su legislación autonómica sobre violencia de género, ya cuentan con recursos específicos para la atención de víctimas de violencia sexual, a las que se les ofrece asesoramiento y acompañamiento.
En Castilla La Mancha, la consejería de Igualdad está rehabilitando los espacios que albergarán los centros de las cinco provincias -que se ubicarán en las capitales- y esperan abrirlos a lo largo de este año, mientras que Andalucía trabaja en la adjudicación de los edificios que se van a comprar y en la reforma de los que se habilitarán con la vista puesta en su funcionamiento antes de que finalice el año.
Desde el Instituto Aragonés de la Mujer aseguran que los tres centros (en Teruel, Huesca y Zaragoza) estarán listos antes de que finalice este 2023, mientras que en Galicia habrá siete centros que estarán vinculados a las áreas sanitarias.
En La Rioja, tras la adjudicación del espacio, la construcción del centro de crisis está en fase de licitación y la obra se iniciará en el segundo semestre, de cara a su inauguración y puesta en servicio en 2024.
En Castilla y León se está trabajando para tener en funcionamiento un centro por provincia a finales de 2023, para lo que es necesario adquirir o construir los inmuebles.
En Murcia, la Consejería de Política Social adjudicó el pasado 24 de febrero la obra para el futuro centro, mientras que en Extremadura, la sede principal estará ubicada en Mérida y se contará además con dos centros satélites en Cáceres y Badajoz, aunque ninguno de los tres ha abierto sus puertas, pues están en fase de licitación de obras o reformas.
Igualdad ha destinado 83 millones de euros a las comunidades
Hasta la fecha, el ministerio de Igualdad ha entregado a las comunidades 83 millones de euros con cargo a los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia de la UE: 19,8 millones en abril de 2021; 46,2 millones en mayo de 2022 y otros 17 millones este pasado mes de febrero.
El objetivo de estos centros es la atención de emergencia y la recuperación de las víctimas mayores de 16 años de todo tipo de violencias sexuales.
Podrán acudir en busca de ayuda las víctimas de violación, matrimonio forzoso, mutilación genital, acoso sexual, proxenetismo, explotación sexual, trata con fines de explotación sexual, acecho o acoso reiterado por razón de género, feminicidio sexual y cualquier otro acto no consentido de naturaleza sexual.
Ofrecerán atención tanto a víctimas que acaben de sufrir la violencia como a las que la hayan padecido en el pasado -así como acompañamiento y consejo a familiares y personas cercanas en caso de necesidad- y no será necesaria la interposición de denuncia.
Estos centros deberán contar con una línea de atención telefónica permanente y dispondrán de un servicio de transporte gratuito y de una página web informativa.
