Madrid (EFE).- La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha presentado su dimisión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la investigación judicial a su marido en relación con las supuestas irregularidades en adjudicaciones de la Junta de Andalucía.
Gámez ha anunciado su decisión en una declaración institucional y, según han indicado fuentes de Gobierno, la sustituirá la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.
Respaldada por el director adjunto operativo (DAO), Pablo Salas, y los mandos de Operaciones, Félix Blázquez; de Personal, Manuel Lamas, y de Apoyo, Arturo Espejo, la hasta hoy directora general del instituto armado ha justificado su decisión de dejar el cargo en que su marido ha sido citado “en el marco de un investigación judicial”.
Una decisión “difícil”, según ha reconocido, pero tomada para “proteger a su familia y a la Guardia Civil”, dos motivos “irrenunciables”.
Marlaska ve ejemplo de decencia la dimisión de la directora de la Guardia Civil
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ve en la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por la imputación de su marido en un caso de adjudicaciones irregulares, un “ejemplo de decencia democrática” y ajustado al ejercicio de “profilaxis” del Gobierno.
Lo ha dicho en rueda de prensa para confirmar que este miércoles ha aceptado la renuncia de Gámez -“la mejor directora de la Guardia Civil en sus 178 años de historia”, ha dicho- y que será la actual delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, será su sustituta una vez lo acuerde el próximo Consejo de Ministros.
Tras negar rotundamente que la dimisión tenga relación alguna con el caso Cuarteles, que investiga las adjudicaciones irregulares de obras en el instituto armado, Marlaska ha valorado el trabajo de Gámez, que ha transformado la Guardia Civil hasta convertirla en una institución moderna y avanzada, capaz de dar respuesta a los retos actuales y a los desafíos de futuro”.
El caso Cuarteles
La dimisión de Gámez se produce semanas después de que saltara el escándalo del denominado caso Cuarteles, en el que un juzgado de Madrid investiga presuntas irregularidades en las obras y reformas en trece comandancias de la Guardia Civil.
Un caso que comenzó a investigar Asuntos Internos del cuerpo en 2019, cuando gobernaba el PP, y que recientemente volvió a saltar a la luz pública a raíz del caso Mediador, en el que se indagan presuntas mordidas de empresarios a un exdiputado del PSOE y al general de la Guardia Civil jubilado Francisco Espinosa Navas, en prisión provisional por esta causa y relacionado con la supuesta corrupción en las obras de cuarteles.
A estas dos causas que salpican a la Guardia Civil, se suma el caso Grapa, en el que un juzgado madrileño investiga a una veintena de personas, físicas y jurídicas, por presuntos amaños en contratos relacionados con uniformes del cuerpo.
El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha citado a declarar próximamente a varios investigados, entre ellos la empresa El Corte Inglés, en la causa abierta tras esta Operación Grapa, llevada a cabo en 2020.
Gámez se va por “principios, honestidad y responsabilidad”
Durante su comparecencia y tras defender la presunción de inocencia de su marido y de cualquier ciudadano, Gámez ha recalcado que ha tomado esta decisión por “principios, honestidad y responsabilidad”, porque proviene de una “cultura personal, política y profesional con unos valores y una ética por encima de cualquier proyecto”.
Y ha sido tajante al asegurar que “ni por asomo” podía permitir que el caso de su marido se usara para “dañar a la Guardia Civil, sus representantes y el Gobierno de España”. “Ninguno lo merece”, ha enfatizado.
Gámez se hizo cargo del cuerpo en enero de 2020, hace ahora algo más de tres años, y durante ese periodo ha querido que su gestión se basara en el diálogo, en la búsqueda de consenso y en un trabajo destinado a la eficacia y al mejor servicio al ciudadano, ha dicho.
El marido de María Gámez, investigado en un caso de desvío de ayudas públicas
El marido de María Gámez está investigado por un juzgado de Sevilla en una de las múltiples piezas sobre el fraude en las ayudas de la Junta de Andalucía a empresas, concretamente por el desvío de esas ayudas a una sociedad de la que Juan Carlos Martínez era titular.
En una providencia fechada el 16 de marzo del titular del Juzgado 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, encargado de las piezas separadas del caso de los ERE, a la que ha tenido acceso EFE, el juez amplía un auto del 22 de febrero, en el que ya imputaba delitos de prevaricacion y malversación a Bienvenido Martínez, y notifica su calidad de investigados a sus hermanos Juan Carlos (esposo de María Gámez) y Manuel.
El juez considera que estos dos hermanos “pudieran haber tenido algún tipo de participación en los hechos delictivos” objetos de esta investigación.
Los Guardias Civiles piden transparencia y cambios tras la salida de su directora
Varias asociaciones de la Guardia Civil han demandado “transparencia” y un cambio a favor de la “regeneración democrática” del instituto armado tras la dimisión de Gámez.
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, ha pedido a la administración “la máxima transparencia para que se aclaren los posibles casos que puedan afectar a este cuerpo policial”.
La claridad en las actuaciones es la que debe marcar el camino futuro de la Guardia Civil, subraya su secretario general, Ernesto Vilariño, y por eso solicitan que “se permita y se facilite el trabajo de la Justicia”.
En el mismo sentido, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha presentado un “plan de choque contra la corrupción y por la regeneración democrática de la Guardia Civil”, ha incidido en que la salida de Gámez “se ve vinculada a los casos que han afectado a los altos mandos de la Guardia Civil penalmente investigados” por supuesta corrupción en contrataciones públicas, y ha pedido un “cambio” para que estos casos no se vuelvan a repetir.
González, de alcaldable en Madrid a tomar las riendas de la Guardia Civil
Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid y, hasta septiembre de 2022, líder en las quinielas para presentarse a la alcaldía de la capital encabezando la candidatura del PSOE (aunque finalmente será la ministra Reyes Maroto quien encabece la lista), da un paso más para alejarse de la órbita municipal y asumirá las riendas de la Guardia Civil.
Nacida el primer día del año 1975, Mercedes González se formó como periodista en la Universidad San Pablo CEU y se especializó en Comunicación de Instituciones Públicas y Políticas con máster en la Universidad Complutense y en la George Washington University.
Su andadura en la vida política comenzó entre 2007 y 2008, cuando trabajó como asesora del grupo socialista en la Asamblea de Madrid para, a continuación, entre 2009 y 2011, convertirse en asesora también en la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y Ministerio de Política Territorial.
Fue además directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Federación Española de Municipios y Provincias.
El primer cargo electo de González llegó en 2015, cuando fue elegida concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid; cuatro años después, en los comicios de 2019, figuró como número dos en la lista del PSOE que encabezaba Pepu Hernández, a quien coordinó la campaña.
A los seis años de convertirse en concejala del Ayuntamiento de la capital, González dejó su acta para sustituir a José Manuel Franco al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid, aunque desde ese mismo año su nombre sonó con fuerza como posible candidata para la Alcaldía de Madrid para las elecciones municipales de 2023.
