Barcelona (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la presidenta suspendida del Parlament Laura Borràs a 4 años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, pero ha propuesto su indulto parcial para que pueda evitar su ingreso en prisión.
En la sentencia, que se puede recurrir, el alto tribunal catalán atribuye a Borràs los delitos de prevaricación y falsedad documental, por los que también le impone una condena de 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros.
La sentencia propone al Gobierno la concesión de un indulto parcial en favor de Borràs, en referencia exclusivamente a la pena de prisión impuesta y de dos años y medio como máximo, de forma que su condena quede en dos años y pueda beneficiarse de una eventual suspensión que la libre de entrar en la cárcel.
En este sentido, la sentencia, que cuenta con un voto particular que propone condenar a Borràs a como máximo 21 meses de prisión por falsedad documental -al apreciar dilaciones indebidas-, destaca que la pena de prisión que impone la sala “resulta desproporcionada y excesiva” para los hechos cometidos por la presidenta suspendida del Parlament.
Según la sala, la pena de cárcel por este delito continuado de falsedad documental “en ningún caso” puede resultar inferior a los 4 años y medio de prisión a que condenan a Borràs.
La sentencia precisa, además, que las “concretas actividades falsarias” que llevó a cabo Borràs no estaban orientadas a obtener un “lucro personal”, sino que tenían como “único sentido o razón de ser” el “enmascaramiento” ante los organismos de control de la conducta prevaricadora, por la que ya se la condena a 9 años de inhabilitación.
Borràs: La sentencia no hará que deje de “luchar” por la independencia
Borràs ha advertido de que la sentencia no hará que deje de luchar por la independencia: “Esta sentencia ni es firme ni es justa, y no me impedirá seguir trabajando por el único objetivo por el que entré en política, que es alcanzar la independencia de Cataluña”.
“No me paro en la lucha por defender mi honradez, en mi lucha por defender y reclamar una absolución que, con toda seguridad, otro tribunal proclamará”, ha asegurado en una declaración a las puertas del Parlament.
Borràs ha llegado a las puertas del Parlament de la mano de su hija y de su marido, y ha comparecido arropada por el expresidente de la Generalitat Quim Torra y la plana mayor de JxCat: el secretario general, Jordi Turull, el vicepresidente y portavoz, Josep Rius, el líder en el Parlament, Albert Batet y el grueso de diputados de Junts en la cámara catalana. No estaba el alcaldable Xavier Trias.
En su declaración, Borràs ha arremetido contra quienes la quieren “apartada de la política” y “no han podido ni disimular”, a los que ha preguntado si están dispuestos a “aprovecharse de los efectos de la represión española para usarlos con fines partidistas”.
“Les invito a reflexionar si todo vale”, ha dicho, en una alusión velada a ERC.
La presidenta suspendida del Parlament ha expresado que mantiene “toda la determinación” para “plantar cara” para que “tarde o temprano se acabe haciendo justicia”, y ha pedido “no normalizar” el “atropello democrático” de su sentencia: “No podemos aceptar resignadamente esta justicia simulada. Yo no me resigno”.
Hasta las puertas del Parlament se ha acercado alrededor de un centenar de personas para expresar su apoyo a Borràs, que han coreado consignas a su favor y contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quienes, han dicho, no “les representa”.
Las claves de la condena
El tribunal sostiene que, eludiendo la exigencias de la contratación pública, Borràs adjudicó a su amigo Isaías Herrero los trabajos de elaboración y mantenimiento de la web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que presidió entre 2013 y 2018, mediante contratos menores, pese a que ello exigía “fraccionar” los proyectos.
Para crear una “apariencia de respeto a los principios de pluralidad y libre concurrencia”, Borràs dio instrucciones a Herrero sobre la necesidad de que elaborara y aportara tres presupuestos por cada concepto, de forma que en los expedientes se incluían propuestas “comparsa” o “ficticias”, que fueron creadas “artificialmente” con el único fin de ocultar la “contratación prevaricadora”.
Con este mecanismo, Borràs “hizo quebrar todos los principios” de publicidad y transparencia que rigen en la contratación pública y adjudicó a Isaías Herrero entre febrero de 2013 y enero de 2017 un total de 18 contratos menores por un valor total de 335.700 euros, una cantidad que, según el TSJC, no consta que tuviera un coste inferior al valor de los trabajos realizados.
Para la sala, Borràs actuó con “plena conciencia” de que se estaban “fraccionando ficticiamente” los trabajos ya adjudicados “de forma directa” a Isaías Herrero, posibilitando así su pago sin “trabas posteriores” por parte de la Intervención de la Generalitat, ya que el proceso se ejecutó con un “único sometimiento”: la “voluntad personal” de la entonces presidenta de la ILC.
La “más clara evidencia” de que los “instrumentos falsarios” que fueron “diseñados y materializados” por Borràs resultaron “eficaces” para sus fines fue, según el TSJC, que ni la Intervención ni la Sindicatura de Comptes detectaron la “ilegalidad patente” de los contratos que la acusada adjudicó a su amigo.
La sala resalta que los “presupuestos ficticios” indujeron a un “error sobre su autenticidad” que llevaron a las autoridades de control a ver regular la “ilícita” adjudicación de los 18 contratos a Isaías Herrero, lo que supone un delito de falsedad documental ya que pretendieron generar una apariencia de libre concurrencia.
Según la sentencia, Borràs no modificó “en nada sus designios” de adjudicar los trabajos a su amigo pese a que fue advertida de que tenía que optar por un proceso de “publicidad, transparencia y libre concurrencia”.
“Era consciente, y eso la movía, de que con esas múltiples resoluciones de adjudicación eran autorizados los pagos justificados y, al tiempo, con ellas lograba ocultar la contratación prevaricadora sin posibilidad de ser descubierta la ilegalidad en los controles ulteriores”, subraya.
El TSJC propone aplicar un indulto parcial a la condena de Borràs que deje su pena de cárcel en dos años de prisión, lo que abre la puerta a que evite su ingreso en la cárcel, puesto que carece de antecedentes penales.
Se trata de una medida de gracia poco habitual en las sentencias por corrupción, según fuentes jurídicas consultadas por EFE, y que la sentencia justifica argumentando que la pena de cuatro años y medio de cárcel le parece “desproporcionada y excesiva” para los hechos cometidos, aunque no podían acortarla dado que es la mínima en el delito continuado de falsedad documental.
La sala apuesta por elevar una petición de indulto al Gobierno, teniendo en cuenta que la adjudicación a dedo de contratos no causó “perjuicio económico” para la ILC y que las conductas de los procesados no estaban “orientadas al lucro personal”, sino únicamente a “enmascarar” las irregularidades ante los órganos de control.
Pese a que la sentencia puede ser recurrida ante el Supremo, la condena por prevaricación permite a la Junta Electoral suspender a Borràs como diputada del Parlament en base a un artículo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) que prevé la “inelegibilidad sobrevenida” de los parlamentarios que tengan una condena por delitos contra la administración pública, aunque no sea firme.
