Madrid/Salamanca/Valladolid (EFE).- El control de la tuberculosis bovina en Castilla y León se ha convertido en una polémica de varios frentes. A la controversia sanitaria se han unido la judicial, debido al auto del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que ha suspendido las medidas de la Junta de PP y Vox, y la política, ya que Moncloa también se ha posicionado. Pero además confluyen la vertiente social, dado el malestar de los ganaderos, y la policial, al abrirse una investigación sobre la tensa manifestación de este lunes en Salamanca.
El frente policial
Tal y como han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, la Policía Nacional está revisando las imágenes grabadas de la protesta ganadera que tuvo lugar el lunes ante la sede de la Junta de Castilla y León, que derivó en enfrentamientos cuando los manifestantes trataron de entrar por la fuerza en el edificio.
Como consecuencia de los incidentes, la Policía detuvo a una persona por herir a dos agentes con un bastón durante unos hechos que dejaron 11 policías contusionados. Las fuentes no descartan que haya más detenciones y sanciones.
Según la versión aportada por algunos ganaderos a EFE, el ataque con el bastón se produjo después de que un agente hiriera a otro manifestante con la porra, un hombre de 49 años que fue trasladado al Hospital de Salamanca con una brecha en la cabeza.
Uno de los agentes a los que agredió el manifestante detenido ha pedido la baja laboral porque sigue con mareos a raíz del golpe en la cabeza que recibió con el bastón, han indicado las fuentes de la Subdelegación.
El detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas mientras se espera que concluyan la revisión de las grabaciones de los incidentes.
El frente judicial
Mañana publicará el Boletín Oficial de la Comunidad el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de este pasado lunes. La decisión suspende la relajación de las medidas de saneamiento bovino de la Consejería castellanoleonesa, adoptadas el pasado 10 de mayo.
Esas medidas motivaron una orden posterior del Ministerio de Agricultura. Revocaba las instrucciones del Ejecutivo autonómico y prohibía a las reses salir de la comunidad. Interpuso, además, un recurso contencioso-administrativo. El objetivo fue preservar la sanidad animal en España y evitar repercusiones en mercados exteriores.
Para el Ministerio que dirige Luis Planas, la Orden de la Junta de Castilla y León vulneraba la normativa europea en lo que respecta a la erradicación obligatoria de la tuberculosis bovina en todo el territorio comunitario.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón al departamento de Planas.
El frente social
Conocida la decisión judicial, numerosos representantes del sector ganadero, convocados por Unión por la Ganadería, una agrupación que aglutina a 22 asociaciones del campo salmantino, se manifestaron ante la sede de la Junta en la capital de la provincia.
Expresaron su descontento por el auto judicial y pidieron el cese inmediato del jefe de Sanidad Animal de Salamanca, de la jefa de Sanidad Animal de Castilla y León y del director general de Sanidad del Ministerio. La situación se complicó cuando varios de los presentes usaron vallas y bastones como arietes para acceder al edificio.
La tensión y el desconcierto han sido notas comunes entre los ganaderos de Castilla y León durante estos días. Iba a celebrarse una reunión de las entidades y la Consejería este mismo martes, pero los colectivos han decidido posponerla.
El frente político
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, de Vox, lamentó los incidentes y subrayó su pretensión de “seguir avanzando en la búsqueda de soluciones” a una situación que calificó como “grave”.
Lo achacó a “la política de saneamiento ganadero nacional y europea”, según las palabras que empleó en un comunicado.
Asimismo, el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, ha confirmado que su administración mantendrá abierto el contencioso sobre la legalidad de la resolución del 10 de mayo, la que ha sido suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha criticado este martes “las falsas expectativas” generadas en el sector de la ganadería de Castilla y León tras los incidentes.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha señalado las “discrepancias entre distintas administraciones” al respecto.
“Lo que se ha puesto en evidencia es que no se puede utilizar la falsedad y no se pueden generar falsas expectativas ante un sector tan importante como es el ganadero en nuestro país, contraviniendo la legislación comunitaria y estatal vigente”, ha subrayado la portavoz del Ejecutivo.
