Madrid (EFE).- Los representantes de los funcionarios de la administración de Justicia se encuentran encerrados en el Ministerio de Justicia para forzar una negociación y conseguir unas mejoras salariales de entre 350 y 400 euros, en la línea de las logradas días atrás por los letrados y los jueces.
El encierro en el Ministerio de Pilar Llop y las protestas continuarán durante las jornadas de este miércoles, el jueves y el viernes, y no serán solamente ante la sede ministerial, sino también en las puertas de las instalaciones del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.
Desde que comenzaron las movilizaciones el pasado 17 de abril, el conflicto ha supuesto la suspensión o aplazamiento de más de 700.000 juicios y la paralización de más de 40 millones de actuaciones judiciales, según los últimos datos de los sindicatos convocantes, que son CSIF, STAJ, CCOO y UGT.
Las actuaciones de los propios sindicatos comenzaron con paros parciales y huelgas de 24 horas en días concretos, pero el pasado 22 de mayo se convirtieron en un paro indefinido para aumentar la presión.
Reivindicaciones
Las movilizaciones pretenden mejoras salariales en las nóminas de los funcionarios de la administración de Justicia. Hace poco las consiguieron los representantes de los letrados y de los jueces.
Una mejora salarial de entre 350 y 400 euros es la principal reclamación y el motivo por el que han tenido diversas reuniones con el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez.
Sin embargo, el alto cargo del Ministerio de Llop, según los sindicatos, abandonó el último encuentro de “forma abrupta” y “negándose a negociar las propuestas sindicales”.
Otra reivindicación, relacionada con la anterior, es la aprobación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, a la que en el Congreso quedaban unos flecos para la aprobación.
Sin embargo, el adelanto electoral decidido por el presidente, Pedro Sánchez, ha disuelto las Cortes, y el proyecto legislativo ha decaído.
Los sindicatos, además, piden que el Gobierno designe a un interlocutor o interlocutora que no sea Tontxu Rodríguez, de quien los representantes sindicales han dicho que debe dejar de “hacer propuestas impresentables y ofensivas”.
La posición del Gobierno
El Ministerio de Justicia se ha comprometido a negociar con los sindicatos, pero no ahora, en un contexto en el que las Cortes Generales no están operativas debido a la anticipación de las elecciones.
Según el Departamento de Llop, habrá negociación sobre un nuevo anteproyecto en cuanto se reanude la actividad parlamentaria y haya nuevo Gobierno. También ha puesto el acento en la necesidad de que estén constituidas las asambleas autonómicas, que tras los comicios del 28 de mayo se irán formando a lo largo del presente mes de junio.
A la espera de que haya novedades, el Ministerio ha lamentado el “grave perjuicio” de esta huelga para la ciudadanía y otros profesionales del sector.
Obstáculos
La situación política actual es el gran problema para los intentos de negociación. El comité de huelga creado por los sindicatos, precisamente sobre el emplazamiento del Ministerio a negociar en cuanto se constituyan las Cortes y se forme un nuevo Gobierno, han tildado la propuesta de “burla”.
Los tiempos legislativos que se ponen en marcha a raíz del adelanto electoral sitúan la formación del Parlamento de la XV legislatura el 17 de agosto. No será hasta septiembre cuando haya nuevo Ejecutivo, siempre y cuando los comicios configuren mayorías parlamentarias claras que avalen la investidura de un candidato o candidata a la Presidencia.
Las relaciones entre el comité de huelga y la representación del Ministerio de Justicia están muy deterioradas actualmente.
