Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo (TS) celebra este jueves una vista para revisar el procesamiento del expresident Carles Puigdemont por malversación y desobediencia tras la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno que derogó la sedición.
En concreto, se trata de una vista para resolver los recursos de apelación de Puigdemont y de los exconsellers Antonio Comín y Lluis Puig contra la decisión de mantener su procesamiento, acordada por el magistrado del Supremo, Pablo Llarena.
El instructor defiende que las consecuencias de la reforma penal para los huidos es que se mantiene el procesamiento de Puigdemont, Comín y Puig por el delito de malversación descartando que los hechos encajen en el tipo atenuado planteado en la reforma, mientras que los hechos referidos al derogado delito de sedición sólo encajan ahora en el delito de desobediencia.
En ese sentido, el juez rechazó la alegación de la Fiscalía y Abogacía del Estado de que debería aplicarse el nuevo delito de desórdenes públicos agravados a los acusados por sedición.
El fiscal acusa a Puigdemont de llevar 5 años usando “artimañas” para eludir a la Justicia
La Fiscalía ha acusado al expresident catalán Carles Puigdemont de emplear “artimañas” para “liar y empantanar” su procedimiento judicial en España, lo que ha considerado “un abuso de derecho y un fraude procesal” tras estar “cinco años desaparecido”, eludiendo la acción de la Justicia.
La defensa del expresident, por su parte, ha pedido anular las órdenes nacionales de detención y revocar el procesamiento de Puigdemont y de los exconsellers para “que se adapte el procedimiento a la realidad gestada por el poder ejecutivo y legislativo” porque “ninguno es responsable del desaguisado de una reforma penal deplorable”.
En su opinión, el auto de procesamiento ha quedado “desfasado” y obsoleto debido al “transcurso del tiempo y algunos hechos” tales como la sentencia del proces y la reforma penal que deroga la sedición y modifica el delito de malversación, que ha situado a este procedimiento en “un escenario de embrollo procesal”.
Pero la Fiscalía ha respondido que lo único que pretenden los rebeldes es “liar más procesalmente el asunto para seguir planteando nuevas batallas” en los tribunales cuando “todo este empantanamiento procesal no ha sido obra del tribunal, ni de la Fiscalía ni de la Abogacía, ha sido obra de los recurrentes”.
Y todo esto “cuando desde hace cinco años han desaparecido” y “solo están a disposición de la Justicia para aquello que les beneficia”, es decir, “para recurrirlo todo” siendo “la única vez en la historia que un rebelde ha podido ejercer todos los derechos y no ha adquirido ninguna carga ni ninguna obligación”.
En la misma línea, la abogada del estado Rosa Seoane ha respondido a Boye que “han ocurrido tantas cosas” porque “después de 5 años del auto de procesamiento no se han sometido a la Justicia” lo que ha provocado que “procesalmente estamos congelados” desde 2018.
