Barcelona (EFE).- El politólogo y periodista Ricard González advierte de que los gobiernos están utilizando leyes antiterroristas para “reprimir” a los disidentes, un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos 20 años y que se ha disparado tras la pandemia, en paralelo al aumento del autoritarismo en el mundo.
Así lo explica en una entrevista con EFE Ricard González, experto en la región Euromediterránea y Oriente Medio que ha trabajado como “free lance” para medios como “El País” o “El Mundo” y autor del libro “Ascenso y caída de los Hermanos Musulmanes”.
Informe “No me llames terrorista cuando no lo soy”
En nombre del Novact – Instituto Internacional para la Acción Noviolenta, González ha sido el encargado de presentar el pasado martes el informe “No me llames terrorista cuando no lo soy”, en la tercera edición de la Semana del Antiterrorismo de la ONU, una cumbre en la que representantes de estados, organizaciones y sociedad civil evalúan las políticas antiterroristas a nivel global.
El informe alerta de que la práctica de aplicar leyes antiterroristas con pruebas poco sólidas para reprimir oponentes políticos, que desde hace años se lleva a cabo en países como Turquía o Egipto, ha aumentado tras la pandemia de coronavirus en consonancia con el auge del autoritarismo a nivel global.
Tras analizar la política antiterrorista de países como España, Túnez, Argelia, Israel o Palestina, González concluye que “existe una tendencia general hacia un mayor autoritarismo, que durante las últimas décadas ha usado el terrorismo y la vaguedad del concepto para silenciar a sus críticos”.
El caso de España
En España, señala el uso de las leyes antiterroristas contra el movimiento independentista catalán, como en el caso de Tamara Carrasco -la activista que fue detenida por la Guardia Civil bajo la acusación de terrorismo y después absuelta- o Tsunami Democràtic, la plataforma anónima que organizó las protestas contra la sentencia del procés y que la Audiencia Nacional investiga por ese delito.
Según González, “acciones como pueden ser cortes de carretera o actos de desobediencia civil no pueden ser englobados” en la definición de terrorismo.
“Se están restringiendo derechos a la legítima protesta”, afirma el politólogo, que cree que “en un Estado democrático siempre tiene que haber un espacio para la legítima defensa y, aunque puedan tratarse de acciones contundentes, no puede enmarcarse bajo el paraguas del terrorismo”.
De manera general, Ricard González advierte de que “la tolerancia hacia las protestas está disminuyendo respecto a hace veinte años”.
Activistas medioambientales, otro colectivo víctima
Otro de los colectivos que han sido víctimas de este método, de acuerdo con el informe, son los activistas medioambientales: “Hay un movimiento ecologista que, ante la situación grave de cambio climático, ha pasado a acciones directas y a veces se les ha acusado de terroristas”, explica el politólogo.
Esta es una tendencia global, y González lo ejemplifica indicando que, en España, una unidad antiterrorista de la Policía Nacional intervino para detener a catorce activistas climáticos que lanzaron globos con pintura roja contra el Congreso de los Diputados de Madrid.
“Estas acusaciones no siempre llevan aparejadas cargos judiciales, sino que son acusaciones en los medios de comunicación que tienen como objetivo deslegitimar estos movimientos sociales a ojos de la sociedad a nivel general”, señala González.
“Creemos que esto es algo también denunciable. No se tendría que utilizar en vano el concepto de terrorismo”, agrega el politólogo.
Actualmente no existe ninguna definición internacional de lo que es el terrorismo debido a las discrepancias entre los estados, sobre todo a la hora de admitir la existencia del terrorismo de Estado, lo cual facilita el tipo de acusaciones a la disidencia que analiza el informe, alerta el experto.
Ricard González piensa que, si no se puede llegar a una conclusión sobre qué es terrorismo, “al menos se podría llegar a un acuerdo sobre lo que no lo es”, de forma que se alcance un consenso internacional sobre los límites de las protestas legítimas.
En ese derecho a la protesta, sostiene el politólogo, “se tiene que incluir la desobediencia civil, que ha sido clave para avances de la humanidad, como por ejemplo en la lucha contra el apartheid y la discriminación racial en Estados Unidos”.
