Madrid (EFE).- La eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí ha quedado en libertad horas después de que los Mossos d’Esquadra la hubieran detenido para que un juez de guardia de Barcelona le notificara que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena la ha procesado por desobediencia por el 1-O.
Los Mossos d’Esquadra han detenido esta mañana a la exconsellera del Govern de Carles Puigdemont -después de que ella misma anunciara a primera hora del día en redes sociales su presencia en Barcelona-, a raíz de la orden emitida por el juez del Supremo Pablo Llarena para poder notificarle su procesamiento por desobediencia en la causa del “procés”.
Una vez ha sido trasladada a los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, el propio juez Llarena ha acordado, en un auto, que el juzgado de guardia de la capital catalana practicara la declaración indagatoria, trámite indispensable para poder proseguir con la causa judicial por su papel en el 1-O, y que posteriormente la detención quedara sin efecto y fuese puesta en libertad.
Cuando hacia las 14:50 horas Ponsatí ha salido del juzgado, donde han ido a arroparle dirigentes independentistas como el diputado de la CUP Carles Riera o la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, entre otros, la exconsellera ha afirmado que se ha acogido a su derecho a no declarar.
“No he contestado a ninguna pregunta porque es lo que me ha recomendado mi abogado y soy muy obediente”, se ha limitado a señalar Ponsatí a los periodistas, a su salida del juzgado, tras serle notificada su procesamiento por un delito de desobediencia.
La detención de Ponsatí, una orden dictada el mes pasado
En su auto, Llarena ha resaltado que optado por que fuese el juez de guardia de Barcelona quien llevase a cabo el trámite de la declaración indagatoria al considerar que la conducción policial de Ponsatí al Tribunal Supremo supondría una extensión de la privación de su libertad en un delito que no contempla penas de cárcel.
Además, ha remarcado que la “renuncia” de Ponsatí a “someterse a la ineludible declaración indagatoria”, invalida “cualquier intento” de citación “que pretenda alcanzar su comparecencia en libertad”.
De hecho, Llarena dictó el pasado 21 de junio una orden nacional de detención contra Ponsatí -que es la que han ejecutado hoy los Mossos-, porque la exconsellera del Govern de Puigdemont durante el 1-O no compareció ante el Supremo cuando fue citada por primera vez, el pasado 24 de abril, para notificarle su procesamiento por un delito de desobediencia en la causa del procés.
Ponsatí ya había sido detenida por los Mossos en Barcelona el pasado 28 de marzo, cuando regresó a España tras cinco años huida de la justicia española, en virtud de la orden de detención que tenía pendiente por facilitar el referéndum del 1-O.
La Fiscalía pide a Llarena que dicte orden de detención para Puigdemont y Comín
La Fiscalía ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que ordene de nuevo la busca y captura e ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Antoni Comín tras la retirada de su inmunidad por la justicia europea.
También, la Fiscalía solicita al juez instructor de la causa del “procés” que actúe contra Puigdemont y Comín por delito de malversación, que acarrearía pena de prisión de entre seis y doce años debido a la elevada cuantía de los fondos que presuntamente habrían desviado.
En concreto, pide que se emita una orden de busca y captura internacional y otra de orden europea de detención y entrega.
ERC acusa a la Fiscalía de intentar “influir” en las negociaciones para la investidura
La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha acusado este lunes a la Fiscalía de intentar “influir” en la “digestión” de los resultados de las elecciones generales y en las negociaciones para una posible investidura del socialista Pedro Sánchez.
La Fiscalía ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que ordene de nuevo la busca y captura e ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del exconseller Antoni Comín tras la retirada de su inmunidad por la Justicia europea.
La Fiscalía solicita al juez instructor de la causa del procés que actúe contra Puigdemont y Comín por delito de malversación, que acarrearía pena de prisión de entre seis y doce años debido a la elevada cuantía de los fondos que presuntamente habrían desviado.
En concreto, pide que se emita una orden de busca y captura internacional, por si fuera necesario tramitar la solicitud de extradición, y una orden europea de detención y entrega.
En rueda de prensa para analizar los resultados del 23J y el escenario de negociaciones que se abre ahora, Vilalta ha reprochado que la Fiscalía “entre en campaña y en el escenario poselectoral de manera muy clara”.
