Madrid (EFE).- El Gobierno mantendrá el formato actual de la selectividad para el año 2024 y pospone los cambios previstos a 2025 por estar en funciones, según han informado a EFE fuentes ministeriales.
El aplazamiento se debe a que los informes jurídicos solicitados por el Ministerio de Educación que dirige Pilar Alegría no avalan que un Gobierno en funciones pueda aprobar leyes o reales decretos, salvo que obedezcan a cuestiones de “extrema urgencia”, han añadido las fuentes.
Según el ministerio, la aprobación de la norma “excedería las competencias de un Gobierno en funciones, generando confrontación con las Administraciones autonómicas”.
Tal decisión ha sido trasladada este jueves por el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, a representantes de los rectores de las universidades y a las comunidades autónomas durante una reunión por videoconferencia.
Bar ha indicado que la decisión del Gobierno generará “tranquilidad, certidumbre y confianza” en las familias y alumnado, sin tener que afrontar nuevas “reglas de juego” a mitad de curso.
El “número dos” de Pilar Alegría ha dicho que de esta manera “los chicos y las chicas sabrán qué modelo de pruebas de acceso a la universidad va a haber y por tanto eso les va a dar más confianza”.
Un aplazamiento solicitado por las universidades
Este aplazamiento hasta 2025 fue solicitado hace unos meses por Crue Universidades por considerar que era muy precipitado la aplicación de los cambios, aunque en ese momento no se atendió su petición.
El borrador de real decreto que regula el examen para el curso 2023-2024, que ya estaba tramitado y solo restaba su aprobación en Consejo de Ministros, fue paralizado el pasado mes de mayo a consecuencia de la convocatoria electoral del 23 de julio.
El Gobierno adujo que estaba en funciones y, por tanto, dejaba su aplicación al Ejecutivo que saliese de las urnas.
Con la decisión adoptada este jueves por Educación, la prueba para los alumnos que este curso inician segundo de Bachillerato se mantiene igual que la celebrada en 2023; será el nuevo Ejecutivo el que habrá de calibrar si es necesario introducir pequeñas modificaciones para ajustarlo al real decreto ahora en vigor y las múltiples novedades introducidas en bachillerato.
También deberá decidir si esta moratoria repercute en el gradual periodo de aplicación de la nueva selectividad, previsto entre 2024 y 2028, fecha de su plena implementación.
La futura selectividad
El nuevo formato del examen obedece a la obligatoriedad de adaptarlo a la última reforma educativa de 2021 (Lomloe, conocida como ley Celáa), que cambiaba no solo los currículos -el contenido de lo que se enseña en clase-, sino el modo en el que el alumnado lo aprende, más competencial y menos memorístico.
Entre las novedades del mencionado real decreto destacaba que la duración de cada uno de los exámenes pasase a ser de 105 minutos en lugar de los 90 actuales, porque se incluirán ejercicios menos memorísticos en los que el alumno debe pensar y asociar ideas, y dejaba sin efecto la prueba de madurez académica inicialmente prevista.
También eliminaba la prueba de madurez académica y las preguntas tipo test inicialmente previstas -retiradas tras las fuertes críticas de la RAE y otras organizaciones académicas-, armonizaba las correcciones del examen -muy dispares por comunidades autónomas- y el alumnado podía elegir examinarse entre Historia de España o Historia de la Filosofía.
Esta última materia se ha introducido este año como obligatoria en segundo de bachillerato.
Supondrá el 40% de la nota para acceder a la universidad
El resultado de la selectividad supondrá el 40 % de la nota para el acceso a la universidad, mientras que la media de bachillerato será el 60 % restante.
El pasado mes de marzo, medio centenar de centros de diez comunidades, Ceuta y Melilla realizaron una prueba piloto orientada a armonizar las pruebas de acceso a la universidad de cara a junio de 2024, con el mencionado carácter competencial.
Todas las comunidades fueron invitadas a participar pero al final las que decidieron tomar parte fueron Cataluña, Asturias, Cantabria, La Rioja, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla, es decir todas salvo las gobernadas por el PP en ese momento.
La Crue aplaude la prórroga
La presidenta de Crue Universidades Españolas, Eva Alcón, ha aplaudido la decisión del Gobierno y ha apostado por aprovechar esta prórroga para diseñar “una prueba de garantías”.
Alcón se ha expresado así a preguntas de los periodistas tras inaugurar un curso sobre financiación universitaria en la Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, junto al ministro de Universidades en funciones, Joan Subirats.
“Aplaudimos la decisión, es importante pensar que el estudiantado de bachillerato está a punto de empezar el curso y tiene que saber las reglas del juego”, ha subrayado Alcón, quien también es rectora de la Universitat Jaume I, y que ha recordado que la Crue pidió al Ministerio de Educación que los cambios en la selectividad no se aplicaran este curso.
“Tenemos la experiencia de muchísimos especialistas que llevan años trabajando sobre el tipo de modelo, la duración del examen… Esa experiencia no la podemos perder y eso es lo que nosotros podemos aportar”, ha apostillado.
Las familias aplauden la decisión de Educación
Las principales asociaciones de padres y madres de alumnado han considerado este jueves muy positivo que el Gobierno mantenga la actual selectividad para 2024, pero la patronal de centros educativos católicos cree que es “otra oportunidad perdida”.
En declaraciones a EFE la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), María Capellán, ha subrayado que es una “una buena decisión, ya que el alumnado de 2º de bachillerato se enfrentaba este año a un curso con mucha incertidumbre”.
“Ya bastante tienen con la presión que supone este curso, como para añadir más no sabiendo cómo se iba a desarrollar la prueba” de acceso a la universidad, ha señalado la presidenta de Ceapa, que agrupa a más de 12.000 asociaciones de padres y madres de alumnos de enseñanza no universitaria.
En sentido contrario, el secretario general adjunto de Escuelas Católicas, Luis Centeno, ha dicho a EFE que es otra “oportunidad perdida para mejorar esta prueba, por tanto no se solucionan los graves problemas que tiene esta evaluación”.
Por otro lado, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) cree “precipitado” la realización de una nueva selectividad, puesto que, la programación de 2º de bachillerato 2023-2024, se ha realizado sin conocer los objetivos y el tipo de evaluación a los que se someterá el alumnado.
Añade que en las autonomías con lengua cooficial “hay que dar la opción de poder elegir entre cursar o no, y por tanto, examinarse o no, de la lengua cooficial. Al optar al distrito único universitario, los alumnos/as de estas comunidades dedican horas de clase, esfuerzo y mucho tiempo a una asignatura más que promediar, en detrimento del resto, lo cual los sitúa en una clara desventaja frente a los demás”.
Por último, el sindicato CSIF valora el retraso de los cambios de este examen hasta 2025 y reclama una reforma con consenso en el nuevo ciclo político.
Las comunidades autónomas valoran la prórroga de la nueva Ebau y piden más aclaraciones
La mayoría de las comunidades autónomas, sin importar su color político, han valorado hoy jueves la decisión del Gobierno de aplazar los cambios previstos en la prueba de acceso a la Universidad, piden más detalles sobre su desarrollo en junio de 2024 y, en el caso de las ‘populares’, insisten en que sea única.
La consulta realizada por la Agencia EFE a su red de delegaciones territoriales revela que en líneas generales todos los Gobiernos regionales ven oportuno mantener el actual formato para no perjudicar con las prisas al alumnado que inicia ahora 2º de bachillerato.
Al término de la reunión con el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, quien les ha trasladado la decisión a las comunidades autónomas, varios Gobiernos regionales han pedido más diálogo para llegar a un posible consenso y han cuestionado las formas ya que, según han dicho, ha sido una invitación por correo electrónico sin orden del día.
