Madrid (EFE).- La enmienda a la totalidad del PP rechaza el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados al entender que el euskera, el catalán o el gallego solo tienen este estatus en sus territorios, mientras que la Cámara Baja se sitúa en una comunidad, Madrid, donde la única lengua es el castellano.
En su enmienda a la totalidad, registrada este miércoles, el PP propone que el Reglamento del Congreso se quede con su actual redacción y no se modifiquen los artículos 6, 60, 70, 92, 96, y 97 como buscan Sumar, PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos.
“Como el Congreso de los Diputados no se ubica, radica ni ejerce sus funciones en el territorio de alguna comunidad autónoma cuyo estatuto haya designado alguna lengua como cooficial con el castellano, la lengua oficial del Congreso de los Diputados es el castellano”, señala el PP en una nota de prensa.
Los motivos de la enmienda del PP
En la exposición de motivos de su enmienda, a la que ha tenido acceso EFE, el PP defiende además que “la Constitución Española no ha diseñado un sistema de cooficialidad de todas las lenguas españolas en todo el territorio de España. Al contrario, ha configurado un modelo de oficialidad única del castellano en todo el territorio”.
También apuntan los populares, citando una sentencia, la 31/2010 del Tribunal Constitucional, que la actividad del Congreso, por su “naturaleza y significación exclusivamente estatales” se ejerce “con referencia no a una determinada comunidad autónoma, sino a todo el territorio nacional, por lo que no puede tener cabida” la “cooficialidad idiomática”.
El PP cree además que la oficialidad del castellano en todo el Estado que recoge el artículo 3.1 de la Constitución “no se satisface con la traducción de una intervención o documento al castellano, sino con la utilización del castellano como única lengua oficial de la Institución”.
El PP, preocupado por la “inmediatez”
También denuncia el efecto del uso de las lenguas cooficiales en una actividad parlamentaria que se rige “por el principio de inmediatez”, advierte de su complejidad, y censura que la modificación del reglamento no contenga una regulación de “los procedimientos y mecanismos de traducción e interpretación”.
El PP muestra su rechazado a una reforma que, según dice, nace únicamente de “los acuerdos adoptados por un grupo político con grupos minoritarios, con el único objetivo de recabar los apoyos necesarios para obtener la presidencia del Congreso y para una eventual investidura de Pedro Sánchez”.
Validez jurídica para las lenguas cooficiales en el Congreso
El PNV ha presentado una enmienda parcial a la proposición que reforma el Reglamento para implantar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso con el fin de que las traducciones que se hagan del catalán, euskera y gallego tengan la misma validez jurídica que el castellano.
Se trata de una corrección en la proposición que se debatirá mañana junto con las dos enmiendas a la totalidad registradas por el PP y Vox y que persigue que las leyes que se aprueben en la Cámara Baja sean publicadas por el Congreso con carácter de versión auténtica en todas las lenguas oficiales del Estado.
Fuentes del grupo parlamentario señalan a EFE que “esta enmienda permitiría que todas las versiones de una ley en las distintas lenguas oficiales tuvieran la misma validez jurídica”.
La enmienda introduce una disposición adicional segunda que pide que en el plazo más breve posible, la Mesa tome “los acuerdos necesarios para que las iniciativas legislativas, una vez aprobadas definitivamente por la Cámara, sean publicadas en la correspondiente publicación oficial del Congreso de los Diputados, con carácter de versión auténtica, en las lenguas que tengan carácter oficial en alguna comunidad autónoma, de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía”.
“Es fundamental poder contar con versiones auténticas (más allá de traducciones más o menos reconocidas) en cualquiera de las lenguas que tengan carácter oficial en alguna comunidad autónoma, de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía, de la producción del Congreso de los Diputados con efectos jurídicos para la sociedad y la ciudadanía”, incide el PNV.
