El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a un acto reciente de la Presidencia española de la UE. EFE/ Daniel Gonzalez

PSOE y Junts negocian con un único límite: cerrar el pacto antes del 27 de noviembre

Bruselas (EFE).- Las negociaciones entre el PSOE y Junts continúan este martes en Bruselas sin ninguna “fecha límite” para tratar de alcanzar un acuerdo, más allá de la del 27 de noviembre, cuando se tendrían que convocar elecciones si el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no lograse la investidura.

Así lo han afirmado fuentes de la negociación en declaraciones a los medios, después de que los contactos entre ambas formaciones se reanudaran el lunes en la capital belga.

“No tenemos fecha límite, hasta el 27 de noviembre”, aseguran las citadas fuentes, que señalaron que se continúa “trabajando” y “avanzando” para tratar de cerrar “una ley importante, la primera ley de amnistía de la democracia”. “Es importante hacer un buen trabajo, por tanto, no tenemos marcada ninguna fecha”, añaden.

El número tres del PSOE, Santos Cerdán, permanece en Bruselas desde el domingo y el expresidente catalán Carles Puigdemont ha llegado a su despacho del Parlamento Europeo poco antes de las 13:00 hora local, según pudo presenciar EFE; y aunque las negociaciones entre ambos partidos continúan con intercambio de documentos, Puigdemont y Cerdán no se han reunido presencialmente desde el lunes de la semana pasada.

Bolaños asegura que la negociación “va avanzando”

El ministro en funciones y miembro de la comisión negociadora del PSOE Félix Bolaños ha asegurado que la negociación con Junts “va avanzando” y ha condenado las manifestaciones “ultras” contra la amnistía celebradas frente a las sedes socialistas.

“La negociación va avanzando, trabajando sin descansando cada día y con ganas ya de tener un Gobierno que avance y continúe protegiendo a los ciudadanos”, ha declarado a los medios a su llegada al pleno del Senado preguntado por la posible fecha para la investidura.

Por otro lado, Bolaños ha denunciado las “manifestaciones ultras” celebradas frente a sedes del PSOE contra la ley de amnistía, todavía pendiente de registro a la espera de acuerdo con Junts, formación que ha exigido esta norma al igual que ERC entre sus condiciones para investir a Sánchez como presidente del Gobierno.

Intercambio de propuestas sobre la amnistía

Los dos partidos siguieron analizando hoy las últimas propuestas y contrapropuestas que se han intercambiado en las últimas horas, según explicaron fuentes de la negociación.

“Las conversaciones no paran, salvo la pausa de anoche. No podemos dar un horizonte temporal”, dijo una de las fuentes.

“No tengo ninguna previsión”, dijo a EFE otra fuente conocedora del estado de las conversaciones, preguntada por si este martes puede haber acuerdo.

JxCAT quiere que la ley de amnistía incluya casos de “lawfare” que no están directamente vinculados al procés, pero que implican un “uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos”, según ha denunciado Puigdemont.

El ex presidente catalán y miembro del Parlamento Europeo, Carles Puigdemont (C), se reúne con miembros del partido independentista catalán JxCat Jordi Turull (2R) y Laura Borras (3L), en la reunión del jueves
El ex presidente catalán y miembro del Parlamento Europeo, Carles Puigdemont (c), el pasado jueves. EFE/ Antonio Suarez

En mitad de las negociaciones, el juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional citó ayer como investigados a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la causa que instruye por terrorismo contra Tsunami Democràtic. Una decisión que va a recurrir la Fiscalía.

A su vez, la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial aprobó el lunes una declaración en contra de una posible ley de amnistía, ya que considera que “violenta la Constitución”.

El plazo de la investidura avanza

Durante estos días se han ido cerrando diferentes acuerdos del PSOE con formaciones soberanistas como ERC o BNG, lo que va allanando la investidura de Pedro Sánchez.

Pero los votos que lo garanticen, cuando se celebre la sesión en el Congreso, fecha que aún se desconoce, no son suficientes. El candidato socialista necesita la mayoría absoluta si pretende salir investido en primera votación, es decir, 176 síes.

Con los 31 de Sumar, los 7 de ERC, los 6 de EH Bildu y el del BNG, más los 121 del PSOE, Sánchez cuenta ahora con 166 votos. Necesita los 7 de JxCat y los 5 del PNV.

Los negociadores socialistas tienen de plazo hasta el 27 de noviembre, que es cuando acaba el plazo tasado por la Constitución. La idea con la que el PSOE comenzó esta semana en curso situaba la sesión de investidura en los próximos jueves y viernes, una perspectiva ahora dudosa.

El Govern acusa a un sector judicial de “prevaricar”

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha acusado este martes a un sector de la justicia española de “prevaricar” para impedir un acuerdo entre el PSOE y las fuerzas independentistas que permita investir a Pedro Sánchez.

Así ha reaccionado Plaja en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gobierno catalán, después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordara dirigir la investigación por terrorismo sobre Tsunami Democràtic contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otra decena de investigados.

PSOE y JxCat continúan las negociaciones en Bruselas sin saber cuándo acabarán
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, durante la reunión semanal del Govern. EFE/Enric Fontcuberta

“Alguien tiene la poca vergüenza, la maldad, de acusar de terrorismo a quienes no han hecho nada más que defender siempre pacíficamente el derecho a decidir” de Cataluña, ha protestado Plaja, que ha denunciado que “aquellos a quienes teóricamente les toca impartir justicia buscan no solo condicionar negociaciones políticas, sino castigarlas, prevaricando”.

Estas imputaciones por terrorismo, ha advertido, son “la confirmación de que la salud democrática del Estado español es tan débil que si no se toman medidas urgentes acabará gangrenándose”.

También se ha referido directamente a la declaración institucional aprobada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con mayoría conservadora, contra la futura ley de amnistía, “un posicionamiento público sin precedentes en contra de legítimas negociaciones políticas”, según ha destacado la portavoz del Govern.