Bruselas (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) debatieron este martes la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la última reunión en la que han podido hacerlo bajo la presidencia española sin haber llegado aún a un acuerdo para aprobar la medida.
El Gobierno español, que planteó la propuesta en agosto al ser un requisito de JxCAT para apoyar la investidura del presidente Pedro Sánchez, insistió hoy en que seguirá trabajando para incorporar los tres idiomas al régimen lingüístico de la UE, mientras el expresidente catalán Carles Puigdemont responsabilizó al Partido Popular (PP) del retraso.
Los Veintisiete abordaron hoy la cuestión por cuarto mes consecutivo, en un debate que duró 20 minutos, según fuentes diplomáticas.
Último debate bajo presidencia española
El de hoy ha sido el último debate bajo la presidencia española de la UE y ahora corresponderá a Bélgica decidir el impuso que se le dé a la propuesta, cuando asuma el testigo de España el próximo 1 de enero y marque la agenda de las reuniones.
Fuentes diplomáticas belgas aseguraron a EFE que el análisis legal, político y práctico continuará a nivel técnico para tratar de resolver las dudas que de los Estados miembros y que los ministros volverán a abordar la medida “cuando sea necesario”.
“Hemos recibido la opinión oral de los servicios jurídicos (del Consejo de la UE) y aún hay algunas cosas que deben aclararse”, dijo el ministro de Exteriores finlandés, Anders Adlercreutz, en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión.
“En líneas generales, vemos la diversidad lingüística como algo bueno. Creo que debe avanzarse Reconocemos la necesidad del pueblo catalán, pero queremos ver los detalles y ver hacia dónde se dirige (la medida), continuó.
España asumiría el coste de oficializar las lenguas en la UE
Para vencer las reticencias, España se ha comprometido a asumir el coste de la medida, que según una estimación preliminar de la Comisión Europea sería de 132 millones de euros, aunque el coste definitivo solo se sabrá cuando se apruebe la propuesta y se sepa cómo se aplicará.
“He visto la estimación y es mucho dinero”, dijo hoy la ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessika Roswall, en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión.
Según el Ejecutivo comunitario, el coste final dependerá del número de traductores e intérpretes que se tengan que contratar para cada idioma, de los sistemas de traducción automática que existan para cada uno de ellos y de los periodos de transición que se pacten hasta que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego se completa.
Desde que presentó la propuesta, el Gobierno ha defendido que el catalán es una lengua que supera los 10 millones de hablantes -más de los que tienen otros idiomas oficiales en la UE- y ha querido tranquilizar a sus socios asegurando que no creará precedentes porque el caso español es “único”.
Ha insistido en que el catalán, el euskera y el gallego son “originarias de un Estado miembro” con reconocimiento constitucional, que son lenguas de trabajo en el Congreso español y que España tiene acuerdos administrativos con la UE para que se puedan usar las lenguas de varias instituciones comunitarias.
Puigdemont culpa al PP
Puigdemont agradeció hoy públicamente que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, haya defendido estos argumentos a lo largo de estos meses y responsabilizó al PP de que la UE no haya aprobado la oficialidad del catalán durante la presidencia española.
“Han tenido interés en hacer descarrilar una propuesta que formaba parte de los acuerdos políticos que podían facilitar un gobierno del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y Sumar”, escribió Puigdemont en un largo mensaje en la red social X (antes Twitter).
No obstante, Puigdemont consideró que el hecho de que la oficialidad no llegue durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea “no significa que las opciones para conseguirlo hayan desaparecido por este hecho”.
“El camino iniciado es irreversible, aunque pida más tiempo. Y hay que utilizar más herramientas y recursos para defender la posición”, añadió Puigdemont, que dijo que “si hace falta” el Gobierno español debe llevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE.
