Laura Camacho |
Madrid (EFE).- El dinero que financia el terrorismo es la arista más compleja de las investigaciones de policías y jueces dedicados a la lucha contra el yihadismo. Al tráfico de drogas y armas se han sumado con fuerza los fraudes virtuales como caladeros de fondos, cuyo rastro se difumina en transacciones de criptomonedas y en la nueva generación de bancos digitales.
Detectar y atajar los flujos de recursos que salen de individuos radicalizados hacia zonas de guerra o las colectas de fondos en países europeos para apoyar a combatientes sobre el terreno es una de las piezas clave en el combate contra el terrorismo.
Así lo expone el jefe de la Sección de Financiación del Terrorismo de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional en una jornada organizada en Madrid por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) dirigida a agentes y operadores jurídicos sobre el escenario actual de la financiación terrorista, en la que también ha participado el magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea.
Las estafas virtuales
El inspector detalla que las organizaciones terroristas se nutren económicamente de los beneficios del crimen organizado, sea tráfico de drogas, de armas o de personas. A estas modalidades “tradicionales”, se ha sumado con mucha fuerza la ciberdelincuencia.
Las estafas virtuales sean a pequeña o a gran escala -pueden llegar a pagar a “hackers” paquetes de millones de datos para cometer fraudes- es un gran “negocio” para todos los delincuentes, también los terroristas.
La operación Altepa de 2020 de la Policía es un buen ejemplo de esta evolución, una investigación que permitió detener en España a Abdel-Majed Abdel Bary, uno de los terroristas más buscados en Europa tras retornar de Siria como combatiente y llegar en patera a Almería con otros dos terroristas.
En los seis días que transcurrieron desde que entraron como migrantes ilegales -estaban fichados y monitorizados- hasta que fueron arrestados, compraron un portátil y alquilaron dos viviendas, en las que se les intervinieron varios móviles, pasaportes falsos y más de 7.200 tarjetas bancarias con datos de usuarios de 31 países.
Aldel Bary se suicidó el pasado julio en su celda solo una semana después de ser juzgado en la Audiencia Nacional junto a los otros dos acusados que, según la sentencia condenatoria, conformaron una célula yihadista dedicada a cometer estafas bancarias en internet y a traficar con criptomonedas para “financiar sus actividades terroristas”.
El teléfono móvil de un terrorista
El inspector destaca la importancia de este operativo para exponer la maraña de los “modus operandi” de células yihadistas. Solo las aplicaciones instaladas en sus móviles ya desvelan gran información.
“Tienen app de compra venta de criptodivisas, otras tantas de las nuevas entidades de banca virtual, varios canales de comunicación y el buscador Tor (internet profunda)”, enumera el responsable policial, que asegura que la investigación permitió probar multitud de transacciones con tarjetas obtenidas mediante “carding”, una estafa que consiste en adquirir los datos a través del envío de enlaces o de falsas páginas web.
También constató la compra venta de criptomonedas para blanquear las estafas, los movimientos de ese dinero virtual a través de “hawaladores”, personas de confianza que sirven de red informal de pago paralelo al sistema bancario, y su posterior retorno a moneda ordinaria en Turquía.
Interceptación de comunicaciones y más cooperación
Un circuito muy complejo de detectar y perseguir con los medios tradicionales, expone el inspector de la Policía Nacional. “Los pinchazos telefónicos no dan resultados en las investigaciones porque ellos no usan las llamadas, sino las aplicaciones de mensajerías a través de datos móviles”.
Por eso, apunta la necesidad de potenciar más si cabe el intercambio de información internacional y de acometer cambios legislativos que amplíen la interceptación de móviles, actualmente fijado en un plazo máximo de tres meses.
También, de contar con registros comunes de datos bancarios, un problema al que se enfrentan tras la proliferación y expansión de los llamados “neobancos”, una generación de entidades financieras que ofrecen servicios cien por cien digitales, sin necesidad de papeleo ni de disponer de sucursales físicas.
No menos complicado es demostrar esa financiación del terrorismo. “Es una de las materias más complejas profesionalmente”, asegura en su ponencia el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, que tilda de “acierto” que en 2015 se definiera en el Código Penal de forma más autónoma el delito de financiación, aunque que lamenta que la definición sea “tan abierta”.
“Cuando el legislador hace tipos tan abiertos nos lo pode difícil y la aplicación practica es bastante limitada”, concluye el magistrado.
