Barcelona (EFE).- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que no es “ninguna sorpresa” que el Tribunal Supremo vaya a investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo y ha sostenido que ello no debe provocar “ninguna interferencia” en las negociaciones sobre la amnistía.
En declaraciones a los periodistas antes de visitar el DFactory del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Montero ha asegurado con relación a la decisión del Supremo y la ley de amnistía: “No provoca ninguna interferencia, ni para bien ni para mal”.
“Siempre hemos dicho que sabemos perfectamente qué es terrorismo y qué no lo es”, ha insistido Montero, que ha mostrado en cualquier caso su “respeto” al trabajo de la Justicia y de la Fiscalía -que, en este caso, opinaba que no se debe investigar por terrorismo-.
Sobre las negociaciones con Junts para la ley de amnistía, ha señalado que se trabaja con “discreción” para alcanzar un acuerdo.
Montero ha asegurado que “la amnistía es imprescindible para pasar página” más allá de lo que pueda suceder con “particulares o tribunales”.
También ha afirmado que “la apuesta del Gobierno de España por el reencuentro trasciende a la propia legislatura”.
Por su parte, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha pedido este viernes que la decisión del Tribunal Supremo para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic no sea un “obstáculo” para la aprobación de la ley de amnistía.
Una asociación pide la dimisión del fiscal general
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido “por dignidad de la institución” la dimisión del fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la decisión del Supremo de investigar por terrorismo al expresident catalán Carles Puigdemont, con duros reproches a la Fiscalía.
En un comunicado, la asociación dice que la decisión del alto tribunal “vuelve a desautorizar” al fiscal general cuya actuación “desprestigia gravemente” al Ministerio Fiscal como institución.
“Ningún cargo, en un sistema democrático, puede mantenerse en el ejercicio de su función cuando, en un asunto tan relevante, queda totalmente desautorizado por la máxima autoridad jurisdiccional de un país, y no es ésta la primera vez, ni la más grave, que eso ocurre”, añade la asociación.
Al respecto destaca que “el caso adquiere mayor gravedad” teniendo en cuenta que en Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, por amplia mayoría (once a cuatro), se acordó que había indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo.
