Madrid (EFE).- El Tribunal Constitucional estudia este martes la propuesta de la magistrada progresista María Luisa Balaguer de avalar la ley que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir de forma voluntaria su embarazo y rechazar, de este modo, el recurso de Vox.
Vox recurrió la norma que modificó el Código Penal para castigar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir de forma voluntaria su embarazo con una pena de entre tres meses a un año de cárcel o trabajos en beneficio de la comunidad.
Esa ley vela por “la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación y de este modo garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
La norma castiga al que “obstaculice el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo” o “acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad”.
Y añade que “las mismas penas se impondrán a quien acosare a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo”.
Sobre la ley trans
Además, los magistrados también decidirán si admiten a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra la ley trans de la Comunidad de Madrid, en el pleno que arranca este martes.
El recurso del Defensor del Pueblo considera que uno de sus artículos “patologiza a los menores y vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad”.
A su juicio, la norma incluye requisitos “patologizantes y desproporcionados” para los menores que quieran acceder a terapia hormonal para el cambio de sexo, entre ellos recibir tratamiento de salud mental.
Continúa el acoso a las mujeres que acuden a abortar
Las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo denuncian que el acoso hacia las mujeres que acuden a ellas no ha cesado cuando se cumplen poco más de dos años de la aprobación de la ley que penaliza estas actuaciones, aunque esta sí ha traído “mayor sensibilidad” entre las fuerzas policiales.
Así lo ha señalado, en declaraciones a EFE, el asesor jurídico de las Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), José Antonio Bosch, quien asegura que hay centros como la clínica Dator en Madrid y otros en ciudades como Albacete, Sevilla o Málaga, en los que la presencia de grupos antiabortistas es “permanente”.
