Luxemburgo / Madrid (EuroEFE).- La Comisión Europea cuestionó este martes que la ley de amnistía «responda a un objetivo de interés general» en la vista que celebró este martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si los gastos del procés han puesto en riesgo a los intereses financieros de la UE.
Una opinión que descartaron tanto el Gobierno de España, representada por la abogada general del Estado, Andrea Gavela, como los abogados de los 35 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidente catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, cuyas responsabilidades contables está analizando el Tribunal de Cuentas.
Tras la vista, que duró aproximadamente cuatro horas, el abogado general de la UE, Dean Spielmann, no fijó todavía la fecha en la que emitirá su opinión sobre los términos en que deberá pronunciarse la sentencia del TJUE.
Autoamnistía
«No parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España», dijo el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, quien consideró, por tanto, que en realidad se trata de una autoamnistía.
Urraca evitó pronunciar esta palabra en la vista, pero sí hizo referencia al escrito que presentó en diciembre ante el TJUE, en el que alegó que los votos de los beneficiarios de la amnistía han sido necesarios para la aprobación de la ley.
Un argumento que hizo suyo el abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, pero que rechazó, por contra la abogada general del Estado.
Gavela recordó que el Tribunal Constitucional español ha avalado la ley de amnistía por considerar que «responde a un fin legítimo, explícito y razonable» de mejorar la situación política y social en Cataluña ateniendo así al interés general.
Un argumento en el que incidió el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye: «Las autoamnistías exoneran a los autores de grandes crímenes internacionales, impiden la investigación judicial, son dictadas por quienes se benefician de ello y carecen de control jurisdiccional efectivo. Nada de eso ocurre con la ley orgánica de amnistía».
«Esta ley nace en el seno de un procedimiento de reconocimiento mutuo entre las partes, un incipiente reconocimiento de legitimidades, reconocimiento del conflicto y búsqueda de la reparación y la reconciliación entre dos pueblos», continuó Boye, quien apuntó que toda norma «en todo Estado democrático es fruto de la negociación política si no se tiene mayoría absoluta».
Urraca añadió además que la ley de amnistía «ha ahondado en una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española» y no ha respetado los plazos de la Comisión de Venecia «con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación».
Intereses financieros
El abogado de la Comisión añadió que «no parece que la disminución de la Renta Nacional Bruta de un Estado miembro provocada por una secesión ilegal y unilateral de una parte de su territorio constituya un perjuicio suficientemente directo para la protección de los intereses financieros de la Unión».
En el sentido de que la aportación de España al presupuesto comunitario seguiría siendo proporcional a su peso económico.
No obstante, Urraca dijo que el Tribunal de Cuentas debe determinar si el origen del dinero con el que financió el procés provenía de los fondos de la UE y, en este sentido, consideró que el plazo de dos meses que la amnistía fija para aplicar la norma «podrían impedir» a los jueces «llevar a cabo dicho examen».
Urraca afirmó que según la legislación española, «los jueces que incumplen los plazos se arriesgan a incurrir en responsabilidades disciplinarias», una opinión que descartaron la abogacía general el Estado, los abogados de los demandados y el ministerio fiscal, asegurando que la práctica demuestra que en los procesos judiciales se incumplen los plazos.
El plazo de dos meses permite que el Tribunal de Cuentas pueda comprobar el origen de los fondos «sin ningún problema», aseguró el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo.
«Creemos que se va a hacer justicia», dijo en declaraciones a la prensa presidente de Sociedad Civil Catalana, Alex Ramos, al término de la vista.
Bruselas critica la «indeterminación» del terrorismo
Por otra parte, el TJUE dejó este martes vistas para sentencia las cuestiones que le plantearon el Tribunal de Cuentas español, sobre los gastos del procés, y la Audiencia Nacional, sobre los CDR acusados de terrorismo, una causa que enfrentó los argumentos de España contra los de la Comisión Europea por la «indeterminación» de los delitos de terrorismo en la ley de amnistía.
Los jueces de la corte con sede en Luxemburgo no determinaron, no obstante, la fecha en la que pronunciará su opinión el abogado general y posteriormente dictará sentencia el propio Tribunal de Justicia de la UE para responder a las dudas de los órganos jurisdiccionales españoles.
Después de una sesión de mañana dedicada a determinar si los gastos del procés pusieron en riesgo a los intereses financieros de la UE y en la que Bruselas puso en duda que la ley de amnistía «responda a un objetivo de interés general», la vista de la tarde se centró en determinar si el perdón a los delitos de terrorismo que contempla esta ley se ajusta al derecho europeo.
En este intercambio, contrapusieron sus argumentos la Comisión Europea, que observó la «indeterminación» de la ley de amnistía en lo que se refiere a los delitos de terrorismo, y España, que dice que ha cumplido «íntegramente» con la directiva europea sobre los delitos de terrorismo y que la ley de amnistía no compromete el principio de seguridad jurídica.
«En esta ley de amnistía observamos que el ámbito de aplicación es muy amplio y que hay mucha indeterminación. La consecuencia de estas dos circunstancias es la posible violación de los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley y, (…) como consecuencia una amnistía demasiado amplia, una violación del efecto útil de la directiva», señaló el letrado de la Comisión Europea.
El abogado del Ejecutivo comunitario señaló que las disposiciones de la ley de amnistía carecen, a juicio de Bruselas, «de certidumbre, de previsibilidad y de precisión». «Por lo tanto, en opinión de la Comisión, no son lo suficientemente claras para determinar qué delitos enumerados en la directiva entran en su ámbito de aplicación», añadió.
No obstante, precisó, corresponde a los tribunales nacionales españoles determinar si los criterios de la ley de amnistía son demasiado amplios o vagos.
La abogada general del Estado, Andrea Gavela, argumentó que el legislador español tuvo en cuenta el «contexto sociopolítico» y el «ámbito objetivo y temporal» para incluir dentro de la aplicación de la ley de amnistía los delitos de terrorismo y, «en aras de cumplir con el Derecho internacional, exceptuar aquellos que supongan una grave vulneración de los derechos fundamentales».
En este sentido, reconoció a pregunta directa del juez que «no todos los actos cubiertos por la directiva (europea de lucha contra el terrorismo) quedan excluidos del ámbito de la amnistía».
El abogado de la Comisión incidió en que el derecho comunitario no se opone de manera general a amnistiar los delitos bajo el paraguas de la directiva antiterrorista, pero el país que lo haga tiene que asegurarse de que cubre principios como la igualdad ante la ley o la seguridad jurídica, previstos por la Comisión de Venecia.
«Este asunto suscita una cuestión importante: si es compatible con los valores de la Unión Europea conceder amnistía a cambio de apoyo para la investidura de un Gobierno. La Comisión Europea cree que la respuesta tiene que ser negativa», zanjó Urraca en sus conclusiones ante los jueces.
La Fiscalía General del Estado, por su parte, coincidió con España en que la ley de amnistía no vulnera el principio de seguridad jurídica porque se limita a «hechos muy concretos» en lo que se refiere a los delitos de terrorismo amnistiados y defendió que «persigue la reconciliación nacional a través de la normalización institucional, política y social de Cataluña».
Los letrados de los Comités en Defensa de la República (CDR), que representaban a los doce miembros encausados por preparar acciones violentas contra edificios públicos en Cataluña en respuesta a la sentencia del procés, defendieron que la ley de amnistía no pone en riesgo la lucha antiterrorista y que tampoco supone una discriminación porque se aplica, por ejemplo, a policías e individuos no independentistas.
El abogado de Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, José María Fuster Fabra, advirtió sobre la vulneración del principio de igualdad y lo ejemplificó explicando que se está aplicando la amnistía a personas que retiraban la bandera española y no a personas que quitaban las esteladas.
Fuster Fabra alertó además sobre una ley de amnistía que, dijo, le da pánico por el antecedente que pueda crear para el futuro de Europa -de ser avalada por Luxemburgo- y que a su juicio puede abrir la puerta a la impunidad de delitos de terrorismo yihadista.
El Gobierno español defiende el «fin legítimo» de la amnistía
Por otra parte, la portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, subrayó este martes que tanto la Comisión de Venecia como el Tribunal Constitucional español afirman que la ley de amnistía responde a «un fin legítimo», y replicó así a la Comisión Europea, que cuestiona que la norma atienda a un objetivo «de interés general».
Al margen de la apreciación sobre el interés general de la ley, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo español, Pilar Alegría hizo hincapié en que el Gobierno y la Comisión Europea coinciden en dos asuntos «centrales».
«La ley de amnistía no afecta a los interese financieros de la UE y no contraviene la directiva contra el terrorismo», subrayó la portavoz del Ejecutivo.
