Madrid (EFE).- El sindicato policial Jupol ha pedido retirar las condecoraciones al ex director adjunto operativo (ex-DAO) José Ángel González, denunciado por una presunta agresión sexual, así como a su hombre de confianza, el comisario Óscar San Juan, también relevado del puesto por presuntamente coaccionar a la víctima.
Jupol ha hecho este viernes ante el Consejo de la Policía una solicitud formal para incoar un expediente administrativo con el objetivo de revisar y retirar diversas condecoraciones de la orden al mérito policial.
«Hechos de extrema gravedad»
En su escrito, este sindicato señala que la presunta participación de ambos altos mandos en «hechos de extrema gravedad», una presunta violación y posteriores coacciones denunciadas por una subordinada, «menoscaban gravemente el prestigio de la institución policial».
En concreto, piden retirar dos cruces al mérito policial con distintivo rojo que le fueron concedidas al ex-DAO y una medalla de plata al mérito policial que se otorgó al comisario San Juan, al considerar que la conducta de ambos altos mandos es «indigna de ostentar tales distinciones».
«La presunta comisión de actos tan execrables como los mencionados no solo es radicalmente incompatible con los méritos que dichas condecoraciones representan, sino que constituye una afrenta a los valores de la Policía Nacional y a la dignidad de todos sus miembros», recalca el escrito.
Jupol considera que mantener tan alta distinción a quien está «bajo sospecha de haber cometido actos tan reprobables» menoscaba el honor y el valor de la Orden al Mérito Policial para todos sus miembros y proyecta una imagen negativa del cuerpo ante la ciudadanía.
«Negativas inequívocas, claras y persistentes»
La agente denunciante se querelló a principios de enero contra el que era el número dos de la Policía desde 2018, a quien denunció por una presunta agresión sexual ocurrida en abril de 2025.
Según la querella, el ex-DAO agredió a la agente sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior, a la que ésta fue presionada a acudir estando de servicio. La denuncia subraya las «negativas inequívocas, claras y persistentes» de la agente y, alude a la «violencia física», «intimidación ambiental» y la «situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental».
Según la querella, en julio y tras sufrir «acoso telefónico» y recibir llamadas y mensajes «intimidatorios y culpabilizadores» , la inspectora comunicó a la comisaria Gemma Barroso, en calidad de subdirectora de Recursos Humanos, que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental.
El juez que admitió a trámite la querella sostuvo que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial».
