Zaragoza (EFE).- El Gobierno de Aragón ha presentado alegaciones al Supremo para que presente ante el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) una cuestión prejudicial sobre la posible contradicción del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes con el derecho comunitario, en las que pide también la suspensión cautelar del procedimiento y la reversibilidad absoluta de las resoluciones favorables.
Trámite abierto por el Supremo
El Gobierno de Aragón ha respondido así al trámite de audiencia abierto por el Supremo, y tras escuchar a sus servicios jurídicos, sobre la posibilidad de presentar esa «cuestión prejudicial» ante el TJUE por si la regularización entrara en conflicto con el derecho comunitario, que es el argumento que ha defendido la comunidad en el recurso contra el decreto que la desarrolla y para el que solicitó también la adopción de medidas cautelares.
La vicepresidenta y consejera de Justicia, Mar Vaquero, y el director general de Servicios Jurídicos, Juan Pérez Mas, han explicado que si el Supremo decide presentar esa «cuestión prejudicial» -lo que opinan que podría tardar alrededor de diez días- ante el TJUE, este deberá en ese caso decidir si es contradictorio o no, lo que puede alargarse «meses».
«Sería necesario que, en caso de suspensión cautelar, la reversibilidad fuera absoluta», ha insistido Vaquero, es decir, que se paralicen también las resoluciones ya dictadas a favor de la regularización, cuyo plazo concluyó este martes con 33.865 solicitudes en Aragón, para evitar que se genere «una gran inseguridad jurídica» mientras no se resuelva la cuestión prejudicial.
Pérez Mas ha destacado que la posición de Aragón, como la de la Comunidad Valenciana, a la que también el Supremo ha dado esta posibilidad, se centró en la posible «infracción o colisión de la normativa estatal con el derecho comunitario», como argumento clave tanto para el fondo del recurso como para justificar la suspensión cautelar, sobre lo que el Supremo aún no se ha pronunciado.
Pacto Europeo de Migración y Asilo
En este sentido, ha argumentado que el Pacto Europeo de Migración y Asilo prevé la regularización «excepcionalmente y de forma individualizada», lo que no se cumpliría en este caso al superar el millón de personas en el conjunto del país, y a lo que se suma que el procedimiento se ha realizado sin comunicación con otros estados miembros o que afecte a la libre circulación en la UE.
A su juicio, si finalmente se plantea la consulta al TJUE, «lo más sensato y prudente es que se paralice el procecimiento y la tramitación administrativa» dado el riesgo jurídico de continuar con un proceso que podría derivar en la apertura de un expediente de infracción por parte de las instituciones comunitarias o en recursos judiciales planteados por otros estados miembros.
Ambos han defendido además la solicitud de la reversibilidad de las resoluciones favorables, lo que sería, según Vaquero, «aplazar en el tiempo la toma de decisiones y volver al momento inicial del procedimiento» y generaría menos inseguridad jurídica porque si avanzan las regularizaciones una vez terminado el plazo de solicitudes, «cada vez van a ser mayor el número de personas que se van a encontrar en esa situación de incertidumbre», según Vaquero.
La vicepresidenta ha concluido que el procedimiento judicial en marcha «frena la inseguridad jurídica» que está llevando a cabo el Gobierno de España con un decreto y un proceso extraordinario de regularización que «no tiene todas las garantías de legalidad».
Lo que hace el de Aragón es «frenar una incertidumbre para todas esas personas» que participan en el mismo porque la comunidad «siempre ha sido solidaria» y quiere que estos procesos se hagan «con todas las garantías jurídicas», ha concluido.
