Madrid (EFE).- Nueve de cada diez casos de acoso escolar en España “quedan impunes” y los protocolos para atajarlos fallan de modo estrepitoso: ni los previenen ni abordan las necesidades de las familias y de sus hijos, “es un fraude institucionalizado”.
Es la denuncia del presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (Aepae), Enrique Pérez-Carrillo, que cree que las cifras oficiales solo reflejan “la punta del iceberg” de lo que está pasando.
Las fuerzas de seguridad del Estado reciben de media un millar de denuncias de acoso (lesiones, amenazas, trato degradante…), pero organizaciones como Save The Children, la UNESCO y Amnistía Internacional elevan los casos entre el medio millón y los tres millones de niños españoles afectados por este tipo de maltrato.
Según Amnistía, el 96% de los casos identificados como sospechosos de acoso que recibió el número de atención telefónica del Ministerio de Educación (900 018 018) en sus dos primeros años de funcionamiento (2017 y 2018) no fueron denunciados a la inspección educativa.
Los protocolos muchas veces “se cierran en falso”
Aparte de la disparidad de cifras, los protocolos que se aplican tampoco avanzan en atajar el problema, ya que muchas veces “se cierran en falso”, añade Pérez-Carrillo, cuya organización, formada por psicólogos, pedagogos y educadores sociales, ha atendido a más de 4.000 víctimas de acoso en sus quince años de funcionamiento.
Uno de los problemas de los protocolos es que el propio centro educativo es “juez y parte” del proceso y su interés es que “no trascienda”, “ocultando información a la Inspección de Educación, a quien le llega el informe de modo sesgado y acaba por desestimarlo”.
“El sistema es hoy un fraude institucionalizado que deja en la indefensión absoluta a la familia y a la víctima; lo habitual es que los padres desistan y cambien a su hijo de colegio”. Si el traslado es de un centro público a otro público se suma la dificultad de que el cambio debe justificarse y si el acoso no se ha reconocido “se ven obligados a buscar un concertado/privado”.
Atención psicológica insuficiente al maltratado y poca formación a profesores
Tampoco funciona la atención psicológica al menor maltratado, ya que suele llegar tarde y con una periodicidad insuficiente, explica Pérez-Carrillo, que recuerda que hace unos días le llegó una madre a cuya hija daban cita en seis meses y le ofrecían una consulta mensual en salud mental .
Critica además que los centros no midan la incidencia del acoso, su personal docente carezca de la adecuada formación y la confidencialidad del protocolo, con lo que las familias no tienen posibilidad de asegurarse de que el relato del centro coincide con lo que su hijo ha testimoniado y sufrido.
El padre de Kira pide un protocolo nacional contra el acoso escolar
El padre de Kira López, José Manuel López, la niña de 15 años que se suicidó tras sufrir bullying en la escuela, ha entregado este jueves más de 230.000 firmas en el Congreso de los Diputados para pedir un protocolo nacional contra el acoso escolar.
En concreto, pide un plan nacional contra el acoso escolar “que especifique las actuaciones pertinentes tanto en caso de acoso de profesores hacia alumnos como en caso de bullying entre iguales”.
“Cada día me pregunto por qué – explica el padre en su petición-. Qué puede hacer una niña de 15 años para que sienta que no puede más… Qué le pasó en el colegio el día de antes y qué temía que le pasara aquel día si volvía a ir”. “Lo que le esperaba tenía que ser terrible si con tal de no ir a clase prefirió incluso morir…”, apostilla.
Así las cosas, considera que “con Kira no se actuó a tiempo” y por ello pide que se garantice en todos los centros escolares “la activación urgente de atención psicológica ante sospechas claras de abuso y la intervención inmediata si se detecta riesgo de suicidio de la víctima”.
Precisamente, el padre de la menor envió hace unas semanas sendas cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Educación, Pilar Alegría, con propuestas normativas para poner fin al acoso escolar y evidenciar la preocupación de miles de familias por las “consecuencias devastadoras” que tiene para los menores.
Edición web: Belén Mayo
