Madrid EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto de 20 millones de euros entre las comunidades autónomas para ayudarlas a atender a 400 menores extranjeros no acompañados derivados en su mayor parte a la Península desde los saturados centros de Canarias y Ceuta.
El año que viene, según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las comunidades en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, llegarán a la Península 374 menores migrantes más.
Los 20 millones aprobados este martes son el segundo pago del total de los 35 millones presupuestados por el Ministerio de Derechos Sociales para apoyar a la comunidades autónomas.
Los primeros 15 millones fueron destinados a Canarias, Ceuta y Melilla, “especialmente tensionadas” por la llegada de inmigrantes, ha recordado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.
Ante la situación de los centros de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla el Gobierno diseñó un Plan de respuesta ante crisis migratorias para menores migrantes que incluye traslados “solidarios” a la península y el compromiso de apoyar a los territorios que no disponen de recursos suficientes para garantizar la protección de estos menores.
En los próximos días, se aprobará definitivamente el reparto
En los próximos días la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobará definitivamente el reparto de los fondos según los menores acogidos por cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta variables como la población, la renta per cápita, la tasa de paro o los menores ya tutelados.
El acuerdo inicial, alcanzado en el mes de julio, contó con el voto en contra de La Rioja y Castilla La-Mancha, que acogerán a menos menores de los previstos inicialmente.
Canarias y Ceuta recibirán financiación también de este segundo pago para cubrir las plazas de 22 menores que permanecerán en los territorios al no haber sido trasladados a otras comunidades.
Este es el reparto previsto, según los datos facilitados por el Ministerio de Derechos Sociales (La financiación de las plazas de País Vasco y Navarra se regirá por el sistema de financiación de concierto económico propio de dichas comunidades y no por este crédito presupuestario):
Comunidad Autónoma Menores extranjeros no acompañados que acoge Cuantía en euros
Andalucía 38 2.014.794,52
Aragón 21 1.087.123,29
Asturias 31 1.735.753,42
Baleares 18 967.534,25
Canarias 18 1.217.534,25
Cantabria 21 1.087.123,29
Castilla y León 28 1.466.164,38
Castilla-La Mancha 16 887.808,22
Cataluña 40 2.094.520,55
Comunidad Valenciana 18 967.534,25
Ceuta 4 659.452,05
Extremadura 22 1.126.986,30
Galicia 40 2.094.520,55
Madrid 30 1.545.520,55
Murcia 17 927.671,23
Navarra 17
País Vasco 18
La Rioja 3 119.589,04
Total 400 20.000.000,00
El Consejo de Ministros destina 40 millones para lanzar el plan de medicina de precisión
El Consejo de Ministros ha autorizado también la distribución territorial de los fondos para consolidar la medicina personalizada de precisión, con una primera partida de 40 millones de euros que servirán para desarrollar el plan conocido como 5P.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha informado de que la distribución de los 40 millones de euros se hará a las comunidades autónomas según el convenio con Farmaindustria “para poner en marcha todo el sistema de medicina más innovadora, segura, eficiente y de precisión”, basado en la genética y la genómica.
Asimismo, el Consejo ha autorizado este martes la adhesión al contrato de compra centralizada suscrito por la UE con la farmacéutica española Hipra, que garantiza a los países europeos interesados el derecho a adquirir hasta 250 millones de dosis.
El Gobierno regula los grupos de presión y pone coto a las puertas giratorias
Se ha aprobado también un anteproyecto de ley para mejorar el control de los grupos de presión y endurecer la legislación sobre las puertas giratorias al impedir a los cargos públicos que puedan ejercer la labor de lobby en los dos años después de su cese en el cargo.
Con esta norma España cubre una “carencia” en su ordenamiento jurídico a la hora de transparentar las actividades legítimas de estos grupos y responde a una demanda de la sociedad civil y de instituciones como la Unión Europea, ha indicado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El anteproyecto de Ley de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés, que ha recibido hoy el visto bueno del Gobierno en primera vuelta, regula las relaciones entre estos grupos y los altos cargos de la administración general del Estado y el sector público.
Recoge en concreto qué se considera actividad de influencia, que el texto describe como toda comunicación directa o indirecta con el personal público con la finalidad de influir o intervenir en la toma de decisiones públicas en el momento de diseño o ejecución de proyectos normativos.
No se considera lobby las relaciones que las propias administraciones públicas tienen entre sí, con los organismos públicos, las organizaciones internacionales públicas (como ONU o Unicef) o autoridades públicas extranjeras, las organizaciones empresariales o sindicatos, los partidos políticos y los colegios profesionales.
Uno de los puntos nucleares del anteproyecto es la creación de un registro de grupos de interés de la administración general del Estado que va a garantizar la “transparencia” sobre el conjunto de actividades que desarrolla cada grupo y que estará disponible en el portal de transparencia y en la web de la oficina de conflicto de intereses.
Los datos más relevantes que estarán registrados para el control de estos grupos van desde la sede y domicilio hasta las reuniones que se mantienen con el personal público de la administración general del Estado (altos cargos o funcionarios que participan en la elaboración diseño de las normas), pasando por la información sobre los ámbitos de interés o la información financiera (indicando de forma expresa la parte imputable a la actividad de influencia).
