Valladolid (EFE).- La dirección nacional del PP se ha desmarcado este viernes del protocolo de medidas antiabortistas anunciado ayer por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), quien sin embargo ha insistido en que este plan está consensuado y ha advertido: “se aplicará con carácter inmediato”.
Entre el anuncio del plan que realizó ayer García-Gallardo en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno junto al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), y la jornada de hoy se han producido reacciones de todo tipo, con versiones contradictorias sobre si suponían o no cambios respecto a los protocolos actuales aplicados para mujeres embarazadas.
Las asociaciones de defensa de la sanidad pública llaman a la objeción de conciencia
Las medidas han provocado un aluvión de críticas, entre ellas las del Gobierno y el PSOE, que las califican de “hostigamiento” y de “limitación de los derechos”, y también han alertado a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que ha llamado a la objeción de conciencia a los sanitarios de Castilla y León para no aplicarlas porque la sanidad no puede servir como “mecanismo de represión ideológica”.
“Rechazamos totalmente estas medidas que suponen someter a las mujeres a una intolerable presión y a una humillación, que repudiamos y que supone una vulneración de las leyes como la autonomía del paciente, el derecho a la intimidad y el respeto a sus decisiones”, defiende la FADSP.
Polémica con el protocolo
El anuncio del jueves a mediodía de García-Gallardo consistía en un protocolo de derivación a los equipos de salud mental de mujeres embarazadas “que lo requieran”, como fórmula para prevenir abortos y el ofrecimiento de una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan “escuchar el latido del bebé” y una ecografía 4D antes de interrumpirlo.
Ya por la tarde de ayer, en declaraciones a EFE, fuentes de la Consejería de Sanidad matizaron el anuncio de García-Gallardo y aseguraron que el protocolo de embarazo iba a “seguir igual”, aunque este viernes el consejero ha reconocido que sí habrá cambios para mejorar la asistencia a las embarazadas y que existen “pequeñas matizaciones” respecto a lo anunciado por el vicepresidente, pero con la garantía del cumplimiento de la legislación existente en materia de aborto.
Y con esta situación, ahora mismo nadie sabe muy bien qué se encontrará una mujer embarazada que acuda a una consulta médica en Castilla y León en las próximas semanas, vaya o no con intención de abortar, ya que pese al revuelo generado estas medidas tendrán que formar parte de una Orden oficial de la Consejería, según avisó ayer el vicepresidente.
Sémper (PP) pone límites
Esta mañana, la voz más contundente dentro del PP a este anuncio ha llegado de la mano del portavoz del Comité de Campaña, Borja Sémper, quien ha afirmado que su partido no está de acuerdo con la propuesta de Vox sobre el aborto y ha advertido de que no están dispuestos “a tragar con cualquier cosa”.
Pero también por la mañana, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba la creación de un teléfono de información para mujeres embarazadas “a favor de la vida y no en contra de nadie”.
Mientras tanto, el vicepresidente de la Junta visitaba la concentración motera de Pingüinos en Valladolid y en unas breves declaraciones ha insistido en que las medidas sanitarias para prevenir abortos se aplicarán “inmediatamente”, según lo consensuado con la Consejería de Sanidad, dirigida por el PP.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha remitido al vicepresidente de la Junta para aclarar los términos de las propuestas, pero ha apostillado que “lo ha anunciado por Vox y lo que ha anunciado el Gobierno de Castilla y León no es una obligación: es que se va a dar el derecho a las madres de poder escuchar el latido de la vida que llevan dentro”.
Consejeros del PP
En declaraciones a EFE, el consejero castellanoleonés de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP), ha asegurado que las relaciones con el vicepresidente son “excelentes” y ha considerado que únicamente existen unas “pequeñas matizaciones” de su departamento sobre las medidas sanitarias antiaborto anunciadas ayer tras el Consejo de Gobierno.
Después de que su departamento trasladara ayer que la atención a las embarazadas va a “seguir igual” en Castilla y León, Vázquez ha asumido que sí habrá algunos cambios en los procedimientos, a la vez que ha manifestado que cree que no han dicho “nada significativamente diferente” los representantes de PP y Vox.
Acciones legales
En la sede de Ferraz, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha avanzado que su partido ejercerá acciones legales para evitar la coacción u hostigamiento a las mujeres que quieran interrumpir un embarazo y que recurrirá los acuerdos en ese sentido que tomen los gobiernos autonómicos.
El anuncio de la Junta de Castilla y León ha levantado una ola de críticas por parte de partidos de izquierdas y el PP además de las asociaciones de defensa de la sanidad pública.
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha aprobado una declaración conjunta con el PSOE de Castilla y León en la que avisan al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y a su vicepresidente, Juan García-Gallardo, que en las próximas semanas se aprobará la nueva ley de salud sexual y reproductiva que garantizará los derechos de las mujeres y respetará el derecho de maternidad libremente decidida.
Yolanda Díaz pide a Feijóo que rectifique
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que rectifique las medidas antiabortistas anunciadas por el Gobierno de Castilla y León porque está poniendo en peligro “la democracia de España y la democracia del feminismo”.
“Pido al señor Feijóo que rectifique este gobierno y garantice a las españolas de esa comunidad autónoma que tengan garantizados los derechos sexuales y reproductivos”, ha añadido al tiempo que ha avisado de que el Ejecutivo de coalición aprobará la nueva ley de reproducción sexual que velará por los derechos sexuales y reproductivos “en el conjunto del país”.
