La Fiscalía Anticorrupción pide 240 años de cárcel para el juez y el fiscal del caso Cursach

Palma (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción acusa al juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, responsables de la instrucción del caso Cursach de 2015 a 2018, de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia, delitos por los que pide penas de presión que suman casi 240 años.

Así se recoge en el escrito de acusación planteado por Anticorrupción ante la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que juzgará al juez y el fiscal, que fueron apartados de sus funciones y están actualmente jubilados.

La Fiscalía pide 220 años de cárcel para el juez y el fiscal del caso Cursach
El fiscal del Caso Cursach Miguel Subirán, en una imagen de archivo. EFE/Cati Cladera

Penalva y Subirán fueron los responsables principales de la investigación de la presunta trama corrupta en torno a las actividades del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach y de un grupo de policías que presuntamente le favorecía, supuestos delitos de los que todos los acusados fueron absueltos por la Audiencia de Palma.

Además de la juez y al fiscal, la Fiscalía Anticorrupción acusa de delitos similares a cuatro policías que trabajaron a sus órdenes en la instrucción de la causa y en otros procedimientos impulsados por el mismo juzgado, como los conocidos como caso ORA I y II.

Filtraciones y detenciones ilegales

En total, las penas de cárcel que solicitará en el juicio la acusación pública contra los seis procesados suman 576 años.

En el escrito firmado por los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo se describen hasta 27 casos de filtraciones a los medios de comunicación de información y actuaciones propios de la investigación del caso Cursach y de los casos ORA, que estaban declaradas secretas por el juzgado de instrucción 12 de Palma, que dirigió Penalva.

Los acusadores públicos relatan que en un chat de Whatsapp que compartían se pusieron de manifiesto estas filtraciones, que los acusados no solo no persiguieron, como era su deber legal, sino que ejecutaron y utilizaron para dirigir la investigación en un sentido preconcebido y pactado.

Asimismo, Anticorrupción considera ilegales nueve detenciones de funcionarios del Ayuntamiento de Palma, altos cargos municipales y un empresario a quienes el juez instructor consideró presuntamente responsables de un supuesta adjudicación irregular del servicio de control de la zona de aparcamiento regulado de la ciudad, una causa que finalmente acabó sobreseída.

Dos de estos detenidos fueron enviados además a prisión provisional.

Igualmente, les acusa de detener ilegalmente a los padres y el hermano del exconcejal de Palma y exdiputado del PP Álvaro Gijón, a quien investigaban después de que un testigo protegido le hubiese atribuido el cobro de una comisión por una adjudicación del consistorio. Este caso también acabó archivado.

La petición de pena de Subirán asciende a 121 años

El ministerio público achaca también a los procesados presiones a detenidos, personas investigadas y testigos en el caso Cursach y en otros de los procedimientos que instruía en juzgado 12 de Palma con la intervención de los mismos agentes de la Policía Nacional.

La mayor petición de pena de la Fiscalía es la que se plantea para Subirán, que asciende a 121 años y 9 meses de cárcel; para Penalva, solicita 118 años de reclusión, mientras que las de los policías van de los 71,5 años a los 103 años.

En la sentencia absolutoria que dictó el pasado diciembre la sección primera de la Audiencia de Palma por el caso Cursach, el tribunal ordenó que se investigara si el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán cometieron delitos durante la instrucción.

De esta investigación, derivada de las manifestaciones de acusados y testigos durante la vista, podrían derivarse nuevas acusaciones además de las contempladas en el escrito de Anticorrupción hecho público este lunes.

De hecho, los abogados de Cursach y de su «mano derecha», Bartolomé Sbert, anunciaron tras conocerse su absolución que pedirán para los responsables de la instrucción elevadas penas de cárcel e indemnizaciones millonarias.