Castilla y León inadmite el requerimiento del Gobierno sobre las medidas antiaborto y Moncloa responde que debe contestarlo

Valladolid (EFE).- La Junta de Castilla y León ha acordado este jueves inadmitir desde el punto de vista jurídico el requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno central sobre las medidas anunciadas el pasado jueves para evitar abortos en esta Comunidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha adoptado este acuerdo, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que han sido los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico los que han informado a favor de esta decisión, ante la «inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento», al entender que no hay modificación alguna del protocolo que afecta a la Ley del Aborto.

Gobierno replica a Mañueco que un requerimiento no se inadmite, se contesta

El Gobierno ha respondido este jueves a la Junta de Castilla y León que un requerimiento no se inadmite, se contesta, después de que el ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco acordara esta mañana inadmitir desde el punto de vista jurídico el requerimiento de incompetencia formulado por Moncloa sobre las medidas anunciadas el pasado jueves para evitar abortos en esta comunidad.

Fuentes del Gobierno señalan que la Junta se escuda en que no hay una normativa aprobada pero la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) prevé la actuación jurídica conocida como la vía de hecho, que permite requerir el cese de un anuncio normativo si vulnera la ley o las competencias.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que han sido los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico los que han informado a favor de esta decisión, ante la «inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento», al entender que no hay modificación alguna del protocolo que afecta a la Ley del Aborto.

Mañueco exige a Sánchez que «abandone su política de acoso a Castilla y León»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha «exigido» al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que «rectifique y abandone su política de acoso» a la Comunidad, tras el requerimiento del Ejecutivo central al autonómico sobre sus medidas antiaborto.

Mañueco ha recordado a través de un tuit que el Consejo de Gobierno de Castilla y León ha acordado este jueves inadmitir el requerimiento efectuado por el Consejo de Ministros del pasado martes dado que no se ha aprobado ninguna acción o norma en esta materia.

«Inadmitimos el requerimiento del Gobierno de la Nación al no haberse producido ningún acuerdo que vulnere la legislación», ha trasladado Mañueco. Y «exigimos a Sánchez que rectifique y abandone su política de acoso a Castilla y León. No vamos a permitir ataques a nuestra tierra», ha concluido el titular del Ejecutivo autonómico en el tuit.

Castilla y León no cambiará sus protocolos de atención a embarazadas y aborto

En su rueda de prensa, el portavoz de la Junta de Castilla y León ha afirmado que «no se van a modificar los protocolos» actualmente vigentes de atención a las embarazadas y relativos a los de abortos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Carlos Fernández Carriedo ha asegurado que el comunicado de la Consejería de Sanidad de hace una semana «sigue vigente», pese a que su contenido no ha sido trasladado aún a los profesionales sanitarios, según ha reconocido.

Preguntado por la contradicción que supone defender a la vez que no van a cambiar los protocolos que siguen los sanitarios para atender a las mujeres embarazadas -quieran abortar o no- y la vigencia del comunicado en el que se detallan esas medidas, Fernández Carriedo ha respondido que la pretensión de la Junta no era modificar el protocolo de abortos, sino «mejorar» las prestaciones a todas las mujeres embarazadas.

Se refiere a la preferencia que, de entrar en vigor las medidas, dará la sanidad pública de Castilla y León a la atención psicológica de las embarazadas, la elaboración de un «protocolo» de latido fetal en el primer trimestre del embarazo -que ha criticado la Sociedad Española de Ginecología- y la realización de una ecografía 4D, todo ello con «criterio clínico» del médico, pero a la vez con la posibilidad de que las embarazadas lo demanden.