Laura Camacho |
Madrid (EFE).- La reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, encara su final sin que los partidos a favor de una nueva norma resuelvan los puntos más polémicos, unas divergencias que se han ahondado en las últimas semanas.
Mientras unos ven muy cerca el acuerdo y piden no echar en saco roto lo logrado, otros hablan de precipicio y solo esperan un milagro.
Mañana todos los partidos, tanto los seis grupos a favor de la reforma – PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts, PNV y EH Bildu- como los que están en contra -PP, Vox y Ciudadanos- están convocados a una nueva sesión de la ponencia, la cuarta celebrada desde que en diciembre se reanudaran los trabajos tras ser aplazados en marzo del pasado año por falta de acuerdo.
Fuentes parlamentarias explican a EFE que la reunión del martes se celebrará a partir de las 9.30 horas, antes del inicio a mediodía de un pleno extraordinario para la convalidación de otro paquete de medidas anticrisis y será previsiblemente la última cita.
De aprobarse el informe de la ponencia con los acuerdos que hay sobre la proposición de ley que el PNV impulsó en 2021 -solo es necesaria mayoría simple, éste pasaría a la Comisión de Interior y posteriormente el dictamen al pleno, algo que sucedería a partir de febrero cuando se reanuda la actividad parlamentaria.
Ahora bien, la duda es si el dictamen saldrá adelante y si, en caso de ser respaldado, cómo quedará finalmente la norma, toda vez que los seis partidos que abogan por la reforma no han logrado llegar a ningún acuerdo en los puntos más sensibles ni desde que arrancó su tramitación ni en las cerca de 40 reuniones que han mantenido desde marzo pasado.
Sin novedad en material antidisturbios, desobediencia o devoluciones
Desde el inicio, el desencuentro está en cuatro artículos clave: la prohibición de las pelotas de goma como material antidisturbios regulado en el artículo 23, un precepto “mollar” para ERC, Junts y EH Bildu, mientras que tanto fuentes socialistas como del Ministerio del Interior consideran una “línea roja” que no se puede tocar.
Otras grietas sin cerrar afectan a las devoluciones en caliente, que se “colaron” en la vigente ley, en 2015, como disposición adicional; los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad contempladas en el artículo 36.6, el más empleado para multar a quienes se saltaban las restricciones por el estado de alarma durante la pandemia y, por último, a las faltas de respeto a la autoridad reguladas en el 37.4.
PSOE, Unidas Podemos y PNV defienden los cambios
Fuentes consultadas en los seis partidos coinciden en que no hay acuerdo en estos puntos, si bien algunos ven con optimismo que se puedan alcanzar o que la reforma salga adelante, como es el caso de Unidas Podemos, que recuerda que solo queda sin pactar un 2 % del texto.
En esta línea, fuentes socialistas señalan a EFE que siguen trabajando por acercar posiciones y por sacar adelante la reforma, pero dejan muy claro que los cambios no pueden acarrear una merma en la protección a las fuerzas de seguridad.
Destacan que se han conseguido corregir artículos como la mera grabación y difusión de imágenes de las fuerzas de seguridad que en 2020 el Tribunal Constitucional no avaló. “Sería una pena echar por tierra estos avances”, señalan.
Coincide con los partidos de la coalición de Gobierno -la reforma de la ley mordaza está incluida en su pacto- el PNV, para quien, a pesar de las discrepancias, hay base suficiente para aprobar el texto y mejorar “sustancialmente” la actual norma.
“Cada grupo tendrá que reflexionar y decidir si, a pesar de todas las mejoras y de todos los avances, consideran una mejor opción no cambiar nada”, apuntan fuentes del partido nacionalista.
Reforma en riesgo que exige el apoyo por mayoría absoluta
No opinan así por el momento EH Bildu, ERC ni Junts. Si bien reconocen que ha habido acuerdos importantes en las últimas ponencias, como la rebaja de las multas o su proporcionalidad, advierten de que los artículos “más lesivos” para la ciudadanía no se han tocado.
Su posición respecto a las pelotas de goma es, por el momento, inamovible. Un diputado catalán defiende que este material está prohibido en Cataluña y, por tanto, la Policía y la Guardia Civil tienen que tener también limitado su uso en esta comunidad.
Algunos parlamentarios consultados apuntan a EFE que, tal y como están las posiciones y si no hay novedades de calado, la nueva ley mordaza “se dirige al precipicio”.
“Con los cambios que hay pactados en la ley no estamos para votar sí”, comenta un miembros de la ponencia, mientras que otro diputado lamenta que los puntos más relevantes están bloqueados como lo estaban al principio, por lo que el optimismo de PSOE y Unidas Podemos “solo busca presionar”.
Y avisa: al tratarse de una ley orgánica, el dictamen de la ponencia debe respaldarse en el pleno del Congreso por mayoría absoluta, es decir, 176 votos, lo que hace necesario para el Ejecutivo el apoyo del bloque de investidura.
Otros no lo dan todo por perdido y reconocen que las dos últimas reuniones telemáticas de la semana pasada han permitido limar algunos puntos -ninguno de los esenciales- relativos a la responsabilidad de los organizadores en manifestaciones no comunicadas o a los controles policiales por parte de Guardia Civil o Policía Nacional en Cataluña o País Vasco, que cuentan con sus cuerpos autonómicos.
