Rafael Martínez |
Madrid (EFE).- El Constitucional, con su nueva mayoría progresista, abordará en las próximas semanas una ambiciosa agenda para deliberar y resolver en Pleno los tres asuntos de mayor relevancia social en el tribunal: la ley del aborto de 2010, la ley de la eutanasia y la ley educativa conocida como “ley Celáa”.
El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha anunciado a los magistrados su plan de trabajo que pasa por acelerar la resolución de estos tres asuntos en los tres próximos plenos del órgano, a menos de cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas.
Ley del aborto, los días 7, 8 y 9 de febrero
La Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, estableció el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.
En los casos de chicas de 16 y 17 años que quieran abortar no era necesario el consentimiento paterno, pero sí que al menos uno de los padres o tutores legales fuese informado.
En 2015, el PP reformó de nuevo la ley, pero se limitó a exigir de nuevo el consentimiento paterno para las menores sin tocar los asuntos nucleares de la ley de 2010 que habían recurrido al TC. En la reforma que se tramita actualmente se suprime de nuevo el consentimiento de los padres para adolescentes de 16 y 17 años.
El recurso del PP, que pidió sin éxito la suspensión de la ley, carga contra el artículo 12 que garantiza el acceso al aborto ya que considera que choca contra el derecho a la vida; el artículo 14 que permite abortar en las primeras 14 semanas sin que exista “ninguna causa objetiva”; y el artículo 15 sobre la interrupción por causas médicas hasta la semana 22.
El texto considera inconstitucional la llamada “ley de plazos” de 2010 frente a la “ley de supuestos” de 1985, es decir, pretende ilegalizar el aborto salvo en los tres casos que recogía la norma de hace 38 años: supuesto de violación; hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones del feto; y sin límite en el caso de peligro para la salud física y mental de la madre.
Además, el recurso incluye el polémico artículo 13.4 -ya derogado- que permitía a las chicas de 16 y 17 años poner fin a su embarazo sin el consentimiento de sus padres.
Y eso sucede cuando el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, avaló ayer la ley de plazos dejando claro que la “discrepancia sustancial” del PP respecto a la normativa actual es el consentimiento paternal en menores y el resto de cuestiones “no son mollares” con el criterio actual, más cuando “en Europa todos los países (…) tienen una ley de plazos”.
Ley de la eutanasia, los días 21, 22 y 23 de febrero
La eutanasia, regulada en 2021 a instancias del Gobierno de Pedro Sánchez, pueden solicitarla las personas que sufran “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la autonomía y que genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”.
El paciente podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso. Además, el paciente puede desistir en cualquier momento.
Una comisión de garantía y evaluación, compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, supervisa cada caso y es responsable en última instancia de autorizarlo. Los profesionales sanitarios pueden acogerse a la objeción de conciencia.
En su primer año de aplicación, de junio de 2021 a junio de 2022, 180 personas ejercieron su derecho a la eutanasia en España.
El recurso del PP considera que la ley vulnera el derecho a la vida y que genera indefensión jurídica porque no dispone de un régimen jurídico que garantiza que la decisión ha sido tomada libremente y con plena comprensión.
Igualmente, Vox impugnó la norma por infringir el derecho a la vida al manifestar que se trata de un derecho fundamental que el Estado debe proteger como lo es también su deber de ofrecer cuidados paliativos a los que sufren.
Ambos partidos pidieron, sin éxito, la suspensión cautelar de la ley. Y también ambas formaciones defienden que su respuesta frente a la eutanasia pasa por la mejora de los cuidados paliativos.
El TC ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre un caso concreto, el de Eugen Sabau, conocido como el Pistolero de Tarragona, cuya eutanasia intentaron frenar sin éxito las víctimas de sus crímenes, que querían que fuese juzgado.
La “Ley Celáa”, en el pleno de los días 7, 8 y 9 de marzo
La conocida como ley Celaá incluye como puntos más polémicos que el castellano deja de ser lengua vehicular en la enseñanza, que en el plazo de 10 años los centros ordinarios tengan los medios para escolarizar al alumnado de los centros de Educación Especial o que las administraciones darán suelo público gratis solo para construir centros públicos y no concertados.
Los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir es excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria. Igualmente, no permite financiar con fondos públicos los centros que segreguen a los alumnos por sexo.
El recurso del PP contra la ley Celaá impugna 16 de sus artículos y dos disposiciones adicionales por entender que vulnera el derecho de elección de enseñanza de los padres, discrimina a la concertada, a la especial y a la educación por sexos, y “no garantiza” que el castellano sea lengua vehicular en todo el país.
Mientras que Vox solicita la nulidad de los apartados sobre la educación concertada, la educación especial y la lengua castellana al entender que la “única lengua vehicular que va a quedar es la que decida la comunidad autónoma respectiva”.
