Un informe de la Eurocámara cuestiona las razones de España para usar el sistema de espionaje Pegasus en Cataluña

Bruselas (EFE).- El informe de la Eurocámara sobre el escándalo de espionaje mediante el programa Pegasus alerta de que, en los casos que afectan a políticos catalanes, «no es posible establecer» la supuesta amenaza a la seguridad nacional que invoca el Gobierno español para justificarlos, y ha pedido una definición europea de este concepto.

El documento es un primer borrador de las conclusiones a las que ha llegado la comisión parlamentaria sobre el uso de este ‘spyware’, redactado por la liberal neerlandesa Sophie in ‘t Veld y que con toda seguridad recibirá enmiendas.

Algunos miembros españoles de ese mismo grupo liberal -los eurodiputados de Ciudadanos- no se sienten cómodos con el tono del texto, según han revelado a Efe fuentes del grupo.

España es uno de los cinco Estados miembros, junto a Grecia, Chipre, Polonia y Hungría, que tiene un epígrafe propio.

En concreto, el informe dedica doce de sus 159 páginas al caso español, en el que destaca el escándalo bautizado como «CatalanGate» y también el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a dos de sus ministros.

El capítulo español, que atribuye estos espionajes al Gobierno español y al de Marruecos respectivamente, evalúa factores como el marco jurídico español o la responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia y el escrutinio a su actividad, y advierte de que ciertas salvaguardias legales al derecho a la privacidad de las comunicaciones en España datan de una época en la que la vigilancia era mucho menos avanzada que ahora.

El presidente del gobierno Pedro Sánchez, en el pleno del Congreso dedicado al espionaje con Pegasus, el pasado mes de mayo.
El presidente del gobierno Pedro Sánchez, en el pleno del Congreso dedicado al espionaje con Pegasus, el pasado mes de mayo. EFE/ Fernando Alvarado

Seguridad nacional

Respecto al caso del espionaje al independentismo catalán, el informe habla de una «tendencia clara» de los intentos de infección de dispositivos, que «coinciden» con momentos de relevancia política como casos judiciales, concentraciones públicas o comunicaciones con los partidarios de una Cataluña independiente que estaban fuera de España.

«Dado que las autoridades (españolas) solo han reconocido 18 de los 65 casos, y que las solicitudes para esos casos no se han hecho públicas, no es posible establecer de qué manera (los casos) hubieran tenido un impacto inmediato o constituido una amenaza inminente a la seguridad nacional o la integridad del Estado», apunta el texto.

Una de las recomendaciones que efectúa el informe se refiere precisamente a la definición de «seguridad nacional» como motivo para justificar un espionaje, y señala que además de mentarlo como tal, debe demostrarse que hay un peligro para real para la seguridad de un estado.

«Es necesaria una definición común europea de ‘seguridad nacional’, que determine qué régimen legal se aplica en estos asuntos, así como una demarcación clara del área en el que dicho régimen especial podría aplicarse», pide la eurodiputada que ha redactado el texto.

Lentitud en los juzgados catalanes

Por otro lado, la diputada neerlandesa contrasta el «ritmo rápido» del caso de Sánchez y sus ministros en los tribunales en Madrid con la «lentitud» de la tramitación de las denuncias presentadas en Barcelona por los afectados catalanes, y cita las protestas de uno de los abogados de Oriol Junqueras, Andreu van der Eynde, que ha acusado a la justicia de «virtualmente paralizar» el caso.

El expresidente catalán Carles Puigdemont (i) y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una conferencia de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas, sobre el supuesto espionaje con el sistema Pegasus. EFE/EPA/Olivier Hoslet

La publicación del informe abre ahora una nueva etapa en la comisión de investigación de Pegasus del Parlamento Europeo, creada a raíz de las revelaciones sobre el uso de este ‘spyware’ en países de la Unión Europea.

El siguiente paso será un debate en grupo sobre el borrador del informe publicado este martes, seguido de un periodo en el que todos los miembros podrán plantear enmiendas y del voto definitivo sobre la forma final del texto, que contendrá recomendaciones no vinculantes a los gobiernos e instituciones europeas.