Bruselas (EuroEFE).- El Parlamento Europeo planea urgir a España a que avance hacia la ratificación de la ley electoral europea de 2018, que establece un umbral nacional de entre el 2 % y el 5 % de los votos para la asignación de escaños, ahora mismo inexistente en España, según el borrador de un informe no vinculante presentado este miércoles.
Se trata de las conclusiones de la misión de eurodiputados de la comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo que visitaron Madrid en mayo para conocer los obstáculos a la entrada en vigor de la reforma de la ley electoral europea, dado que España es el único país que no la ha ratificado aún y esto impide que sea de aplicación en los 27 Estados miembros.
El texto, que aún puede recibir enmiendas y no es vinculante, insta a España a que «inicie lo antes posible los procedimientos legislativos formales para aprobar la ley electoral europea, incluida la introducción de umbrales electorales».
Y arguye que esto «ayudaría a mitigar la fragmentación en el Parlamento Europeo y contribuiría a garantizar una institución más estable y funcional, más capaz de representar eficazmente a los ciudadanos».
Afecta a toda la UE
Impulsado por el eurodiputado popular Borja Giménez, el texto lamenta además el acuerdo político entre el Gobierno español y los partidos nacionalistas «que obstaculiza cualquier cambio a la ley electoral española (LOREG) y en última instancia evita la ratificación» de la directiva.
El PNV es uno de los partidos que más se oponen a dicho umbral y, precisamente, apoyó la investidura de Pedro Sánchez en 2023 a cambio de que no se reformara la ley electoral.
En caso de que no quedara otra salida que ratificar la europea, los nacionalistas vascos pusieron como condición que se hiciera previo acuerdo con ellos.
En las recientes elecciones al Parlamento Europeo, la coalición en la que se presentó el PNV obtuvo un 1,63 % de los votos y la formación logró mantener su escaño, lo que no hubiera ocurrido de haber entrado en vigor la ley europea, que exige a España un umbral mínimo del 2 % por tener más de 35 escaños totales.
«Desde el punto de vista jurídico, no se prevén grandes obstáculos para la ratificación. El proceso es más delicado desde una perspectiva política. Establecer un umbral electoral implica la posibilidad de que unos pocos partidos políticos más pequeños se vean impedidos de tener eurodiputados elegidos. Por tanto, (…) puede resultar especialmente problemática para un sistema político tan fragmentado como el español», reconoce el informe.
Si España no procede a la ratificación «lo antes posible», el Parlamento Europeo podría invocar ante el Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros, el principio de cooperación leal que recogen los tratados, sugiere el borrador de informe.
«Los pactos de Sánchez con sus socios no pueden seguir bloqueando la reforma de la Ley Electoral Europea. España está frenando un acuerdo que afecta a toda la Unión. El Gobierno español tiene la responsabilidad de desbloquear cuanto antes este procedimiento y respetar los compromisos adquiridos a nivel europeo», urgió en un comunicado Giménez.
Asimismo, confió en que una mayoría en la Eurocámara pueda hacer presión a España en este sentido.
El texto ha recibido 104 enmiendas y debería votarse antes de que acabe 2025.
