Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea reconoció este jueves que una «laguna legal» impide por el momento exigir a Gibraltar el respeto de la legislación comunitaria sobre medioambiente y llamó a esperar al próximo Tratado entre la UE y la colonia británica para poder corregir las violaciones en ese ámbito, denunciadas hoy por Verdemar/Ecologistas en Acción en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.
«El acuerdo de retirada firmado entre el Reino Unido y la Unión Europea y el acuerdo de cooperación y comercio (…) no imponen la legislación medioambiental sobre Gibraltar por el momento. Una vez que esté en vigor el acuerdo futuro, Gibraltar tendrá que respetar los niveles de protección medioambiental y climática de la UE», indicó una representante del Ejecutivo comunitario en la Comisión de Peticiones.
Añadió que «los equipos negociadores están terminando el texto definitivo del futuro acuerdo y preparando los procedimientos internos para su firma y ratificación».
Aplicación del acuerdo UE- Reino Unido
La Comisión Europea «se va a centrar en la aplicación de ese futuro acuerdo Reino Unido-Unión Europea en lo que se refiere a Gibraltar una vez que ese acuerdo esté en vigor. Haremos un seguimiento muy estrecho de esas alegaciones de vulneración a las que hacía referencia el peticionario», añadió la responsable de la Comisión.
Mientras tanto, recordó que Gibraltar «tiene que respetar la normativa internacional derivada de las declaraciones y convenios climáticos internacionales que el Reino Unido ya ha ratificado».
La explicación la dio una representante de la Comisión Europea después de que el presidente de Verdemar/Ecologistas en Acción, Antonio Muñoz Secilla, denunciara este jueves los «graves delitos medioambientales» que se cometen en Gibraltar desde hace años y que «quedan impunes mientras afectan directamente a todos los ciudadanos europeos».
Durante su intervención, el representante de Verdemar, reclamó que las partes asuman su responsabilidad y garanticen mecanismos efectivos y vinculantes para proteger las aguas del Estrecho, declaradas Lugar de Interés Comunitario en la Red Natura 2000.
«Seguiremos insistiendo. No permitan pasar la oportunidad que ofrece la firma del tratado», dijo Muñoz, que añadió que Europa «debe garantizar un marco legal que persiga el terrorismo medioambiental que se comete en el Estrecho de Gibraltar».
«Solo ustedes pueden poner fin a esta barbarie. Les pedimos que actúen con la valentía y la responsabilidad que la situación exige», señaló.
Vertido de aguas residuales sin depuración
Entre las denuncias planteadas por Verdemar se incluyó el vertido de aguas residuales sin depuración, más de mil millones de litros de aguas fecales directamente al mar al carecer de planta de tratamiento.
El presidente de Verdemar habló también de los rellenos con tierras contaminadas, con materiales procedentes de demoliciones que contienen amianto y otras sustancias nocivas y de las prácticas de bunkering o suministro de combustible a los barcos y fondeos ilegales, que provocan accidentes, hundimientos y vertidos de fuel altamente contaminantes, con un impacto que alcanza las costas de la región y afecta directamente a la biodiversidad marina del Estrecho de Gibraltar.
«Este Tratado debe poner fin a la impunidad, poner los medios oportunos para que no se siga atentando contra el ecosistema, y, en su caso, establecer sanciones claras ante cada delito medioambiental», concluyó el peticionario.
Una comisión de la Eurocámara visitará el Parque Nacional de Cabañeros
Por otra parte, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo anunció este jueves que visitará el Parque Nacional de Cabañeros, situado en Castilla-La Mancha, en febrero de 2026 para observar el estado de conservación de este espacio protegido tras la prohibición de la caza en vigor desde 2020.
La petición fue presentada por la Asociación de afectados del Parque Nacional de Cabañeros, quienes denuncian que dicha prohibición junto con «la falta de gestión efectiva» por parte de las autoridades ha causado daños medioambientales en el parque, protegido por la red europea de áreas de conservación para la protección de la biodiversidad (Natura 2000).
Los demandantes piden que la Eurocámara investigue si existen infracciones de la legislación medioambiental española y europea desde diciembre de 2020 por parte del Gobierno de España y la administración de la comunidad de Castilla-La Mancha en este parque nacional.
La petición, que ya se debatió en junio de 2024, se mantuvo abierta de nuevo con el apoyo de los eurodiputados del PP y Vox.
Un representante de la Comisión Europea argumentó que, según el plan de gestión, la caza «es una actividad compatible con los objetivos de conservación específicos del sitio, necesarios para mantener el equilibrio de las poblaciones de ungulados, también debido a la falta de depredadores naturales».
Asimismo, añadió que los Estados miembros «pueden, por supuesto, introducir normas más estrictas para algunas zonas de Natura 2000» siempre y cuando no entren «en conflicto con el requisito básico que se aplica a cada zona Natura 2000 individual, según el cual no puede producirse un deterioro de las especies y los hábitats para los que se ha designado la zona».
Sin embargo, el representante comunitario celebró el contacto entre la asociación de propietarios de tierras y las autoridades españolas en los últimos meses para alcanzar un acuerdo y añadió que «se trata de un asunto individual y, como tal, debe ser tratado principalmente por los tribunales nacionales».
Por su parte, la eurodiputada socialista, Cristina Maestre, señaló que hay un borrador de acuerdo entre ambas partes con el que «se va a permitir la colaboración de las empresas de las fincas privadas que constituyen un tercio del parque nacional».
Además, añadió, «el resto está bien protegido, bien atendido» y hay «un verdadero control de las densidades de ungulados (…) de hecho, no solo se controla de una forma segura sino también protegiendo el medio ambiente».
«Un acuerdo tiene dos patas. Si una de ellas no quiere colaborar, pues tendrá que explicar los motivos», dijo la eurodiputada.
Sobre la visita de la Comisión de Peticiones, Maestre dijo que era «una extraordinaria oportunidad» para dar a conocer «la maravilla de parque nacional que tenemos en las buenas y óptimas condiciones en las que se encuentra», pidiendo a los eurodiputados que «no se lleven escopetas ni nacionales ni de importación, porque en el parque nacional ante todo se cuida y se protege el ecosistema y está prohibido cazar», algo que, dijo, «la sociedad de Castilla-La Mancha, que es una sociedad cazadora, lo respalda y lo entiende».
