Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea no pospondrá finalmente por un problema informático la implementación de la ley contra la deforestación importada un año más, como había anunciado, y la normativa se aplicará desde el 30 de diciembre de 2025, pero con algunas flexibilidades en las multas y en la burocracia.
El colegio de comisarios del Ejecutivo comunitario adoptó por procedimiento escrito este martes los cambios en el controvertido reglamento, que aún deben validar el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo.
La normativa, que se adoptó en 2023 y originalmente debería de aplicarse desde el 30 de noviembre de 2024, busca evitar que ciertas materias primas y productos derivados consumidos en la UE generen deforestación, pues entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie forestal mayor que la de la UE, y cerca del 10 % es atribuible al consumo europeo.
Conocido en jerga comunitaria como EUDR, el reglamento afecta al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles.
Las compañías que importen en la UE esas materias primas deben demostrar mediante un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales donde hayan obtenido los recursos.
Sin multas hasta mediados de 2026
Según fuentes comunitarias, el sistema informático podrá «estabilizarse» con las nuevas modificaciones introducidas.
El primero de los tres grandes ajustes introducidos se refiere a la implementación de la ley, que no se retrasará en su conjunto y se aplicará desde el próximo 30 de diciembre.
Sin embargo, la versión retocada prevé que las multas no se apliquen hasta seis meses después de la entrada en funcionamiento del reglamento.
«Para garantizar, pese a todo, que las cosas serán controlables, o que la entrada en aplicación sea suave, posponemos seis meses los controles», argumentan fuentes oficiales.
Además, se aliviará a las pequeñas y muy pequeñas explotaciones agrícolas y madereras aligerando la carga burocrática: solo harán una declaración de sus compras una vez al año y no en cada adquisición. A esos operadores se les concederá además una prórroga hasta el 30 de diciembre de 2026.
«El paquete es muy específico y equilibrado» y mantiene el compromiso contra la deforestación», declaró la comisaria europea de Medioambiente, Jessika Roswall.
Las claves de la ley
Presentada en 2021 y adoptada en 2023 como parte del Pacto Verde Europeo, la ley contra la deforestación importada prevé que las compañías que importen en la UE esas materias primas deban demostrar mediante un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales allí donde se han obtenido los recursos.
El texto, que no gusta a la Administración estadounidense de Donald Trump, había recibido críticas desde sus inicios también de otros países como Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Malasia o Canadá.
Además, el pasado mes de junio, los ministros de Agricultura de diecinueve países de la UE (Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia) enviaron una carta a la Comisión pidiendo una simplificación.
Polémico pasado
Hace un año, el reglamento fue criticado duramente por la ultraderecha y por el Partido Popular Europeo, la familia política de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Pedían retrasarlo y suavizarlo, mientras que el Grupo Socialdemócrata y el de los Verdes exigían mantener el rumbo.
Tampoco le gustaba a la Confederación Europea de Industrias de la Madera, pero en cambio, defendían la normativa grandes productores de chocolate, como Nestlé, Mars Wrigley o Ferrero.
En medio de esa controversia, y con la legislación medioambiental perdiendo atractivo en Bruselas frente a conceptos como la competitividad o la defensa, hace justo un año la Comisión retrasó doce meses su implementación para facilitar su adopción por los «socios globales», dijo entonces el Ejecutivo.
Esa primera prórroga debía durar hasta finales de diciembre de 2025 para las grandes compañías y hasta junio de 2026 para las pequeñas empresas, un marco que se mantiene ahora.
Meses después, en mayo de 2025, la Comisión publicó la controvertida lista de países cuyas exportaciones a la Unión Europea de los productos contemplados por la ley puedan generar deforestación en origen, pero sólo incluyó en la categoría de «riesgo alto» a Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Birmania: no figuraba en ella ningún país de Latinoamérica.
La deforestación se acelera
Organizaciones de defensa del medioambiente han enmarcado los esfuerzos para retrasar o flexibilizar la aplicación del reglamento sobre deforestación entre otros repliegues del Pacto Verde, que fue una prioridad del primer mandato de Ursula von der Leyen y ahora ha perdido peso.
En aras de la simplificación para lograr una mayor competitividad de la UE, la Comisión ha apostado por dar mayor flexibilidad a los fabricantes de automóviles en la reducción de CO2 o suspender la tramitación de las normas contra el ecopostureo.
Los bosques, que desempeñan un importante papel contra el cambio climático capturando CO2, albergan además el 86 % de la biodiversidad terrestre mundial y proporcionan 86 millones de empleos en el mundo, según la información que maneja el Consejo de la UE a partir de datos de la ONU y de la FAO.
En vísperas de la cumbre climática COP30 que las Naciones Unidas organizará en Belém (Brasil) en noviembre, una coalición de oenegés y de grupos de investigación publicó la pasada semana un informe en el que advierten que en 2024 se perdieron 8,1 millones de hectáreas de bosque en el mundo, una superficie de masa forestal equivalente a la mitad de Inglaterra.
Concluyen que el ritmo de la pérdida de bosques es mayor que en 2021, cuando los líderes del mundo se comprometieron a luchar por frenar ese proceso, lo que en la UE se tradujo en el citado reglamento contra la deforestación importada.
