Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea propuso este miércoles retrasar más de un año la aplicación de una parte de la ley de Inteligencia Artificial, en concreto, las obligaciones que deberán cumplir los sistemas de alto riesgo para garantizar que su introducción en el mercado no vulnere los derechos fundamentales o ponga en riesgo vidas humanas.
La ley de inteligencia artificial, que entró en vigor el año pasado, define toda una serie de modelos de inteligencia artificial como sistemas de alto riesgo; por ejemplo, los que usen los bancos para calcular las probabilidades de devolución de un préstamo, los que utilicen las empresas para seleccionar curriculums en la contratación de personal o las herramientas para gestionar el tráfico de vehículos.
Los estándares técnicos que deberán cumplir estos modelos para respetar los derechos humanos, por ejemplo, evitando la discriminación de unas personas frente a otras, deberían empezarse a aplicar en agosto de 2026, pero Bruselas todavía no los ha diseñado, por lo que ahora propone retrasarlos, como máximo, hasta diciembre de 2027.
La normativa prohíbe la comercialización de los sistemas de alto riesgo que supongan un peligro para las personas y la Comisión lleva tiempo trabajando en el diseño de los estándares con la industria y los países de la UE, pero hacerlo «nunca es fácil», aseguraron fuentes comunitarias.
El Ejecutivo comunitario se comprometió a publicar los estándares de aquí a diciembre de 2027 y mientras tanto, justificó el retraso en la aplicación de esta parte de la normativa para que las empresas tengan «seguridad jurídica» a la hora de cumplirla, en un sector tecnológico de rápida evolución.
Reducir la carga burocrática
La propuesta del Ejecutivo comunitario forma parte de una revisión más amplia de las leyes que regulan el sector tecnológico, con el argumento de que contribuye a reducir la carga burocrática para las empresas.
La Comisión extendió también las facilidades que la ley de inteligencia artificial contempla para las pequeñas y medianas empresas y las compañías de mediana capitalización, simplificando la documentación que tienen que presentar, y aseguró que la medida permitirá ahorrar, al menos, 225 millones de euros al año.
«En la UE tenemos todos los ingredientes para el éxito. Tenemos talento, infraestructuras, un amplio mercado interior. Pero nuestras empresas, especialmente las empresas emergentes y pequeños comercios a menudo se ven frenadas por una burocracia excesiva», dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen.
A diferencia de lo que se planteaba en borradores previos de la propuesta, la Comisión no ha pospuesto finalmente un año la imposición de posibles multas a los modelos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT (de OpenAI) o Gemini (de Google) que incumplan los requisitos de transparencia, como el de advertir a los usuarios si un contenido lo ha generado una máquina.
Para que la revisión de las normas que hoy propuso el Ejecutivo comunitario salga adelante, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo deben dar su visto bueno.
La patronal de las grandes tecnológicas pide una reforma «más profunda»
La patronal de las grandes empresas tecnológicas dijo este miércoles que los cambios que propuso Bruselas, como aplazar a diciembre de 2027 las obligaciones de la ley de inteligencia artificial para los modelos de alto riesgo, debe ser «solo el punto de partida para una reforma más profunda» de las normas digitales de la Unión Europea.
«El paquete Omnibus de hoy es un primer paso prometedor hacia la simplificación de las normas de la UE para el sector tecnológico. (…) Los esfuerzos para simplificar las reglas digitales no puede parar aquí», dijo Alexandre Roure, el vicedirector en Europa la Computer&Communications Industry Association, que agrupa a empresas como Apple, Google, Amazon o Meta.
Por su parte, el director general de BusinessEurope, Markus J. Beyrer, afirmó que los cambios que ha propuesto Bruselas «reflejan las demandas legítimas de empresarios europeos que desean innovar, crecer y liderar a nivel mundial».
Críticas desde la izquierda europea del Parlamento Europeo
Por su parte, los grupos de ala izquierda del Parlamento Europeo consideraron este miércoles que la Comisión Europea está desmantelando las normas digitales de la Unión Europea por la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
«Para nosotros es muy claro que la reapertura de la legislación tecnológica es un desmantelamiento hacia Trump», aseguró la eurodiputada de los Verdes, Kim van Sparrentak.
También el eurodiputado socialdemócrata Alex Agius dijo que «el liderazgo de la UE en legislación tecnológica es más importante que nunca, dado el contexto geopolítico actual, donde las grandes tecnológicas y Trump desafían abiertamente nuestras normas».
Los liberales europeos también expresaron sus dudas y apuntaron que «la simplificación no puede producirse a expensas de las garantías que protegen la privacidad, los datos y los derechos fundamentales de los europeos» y pidieron «mirar con detenimiento» los cambios propuestos en la ley de inteligencia artificial.
Sus opiniones se suman a las que ayer expresó en un artículo en el periódico The Guardian el antiguo comisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton, quien propuso y negoció la ley de inteligencia artificial: «Debemos resistir cualquier intento de desmantelar estas leyes. (…) Nadie se deja engañar por el origen transatlántico de estos intentos. Así que no seamos ingenuos».
EL PPE celebra la propuesta
El Partido Popular Europeo, en cambio, celebró la propuesta como «un impulso crucial para la competitividad industrial de Europa» y pidió que se apruebe con rapidez.
Las organizaciones de la sociedad civil se sumaron a las críticas que ha plateado la izquierda europea.
«El texto diluye las normas de privacidad de la UE y supone un retraso y debilitamiento sustanciales de las normas sobre inteligencia artificial, lo que beneficiará principalmente a las grandes empresas tecnológicas extracomunitarias», aseguró BEUC en un comunicado.
En la misma línea, Laura Lázaro, investigadora del Center for Democracy & Tecnológy, señaló que los cambios que la propuesta del Ejecutivo comunitario «debilitan inaceptablemente el otrora prestigioso marco digital de la UE (…), canjeando sólidas garantías por la incierta promesa de una competitividad acelerada».
