Madrid (EuroEFE).- El Gobierno español ultima una nueva adenda al plan de recuperación en la que fijará la cuantía de préstamos que solicitará de los 83.200 millones de euros que España tiene asignados, una cifra que no pedirá íntegramente dado que se está financiando en los mercados a costes inferiores a los establecidos para los préstamos europeos.
Fuentes del Ministerio de Economía han eludido confirmar la cuantía de préstamos que se solicitará, pero inciden en que la buena marcha de la economía y la confianza de los inversores están permitiendo al país un buen acceso a los mercados financieros, «eliminando en su práctica totalidad la ventaja de coste de la financiación de los préstamos de la Comisión Europea».
El diario El País avanzó este martes que España renunciará a alrededor del 75 % del importe total asignado en préstamos, ya que solo prevé solicitar unos 22.000 millones, un extremo que el Ministerio de Economía no confirma.
La deuda española tiene menores limitaciones
El pasado 17 de noviembre, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya explicaba en el Congreso que recurrir a la deuda de la Comisión Europea o a la deuda propia tiene un coste muy similar, pero que la deuda española «tiene menores limitaciones», porque los préstamos del plan de recuperación tienen que ejecutarse antes de agosto de 2026 y van asociados a hitos y objetivos específicos.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, la nueva adenda se aprobará próximamente en Consejo de Ministros y permitirá seguir dando continuidad a los proyectos de inversión más allá de agosto de 2026.
El plan de recuperación traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo.
La dotación prevista para el plan español asciende a 163.000 millones de euros, de los que 79.800 millones corresponden a transferencias no reembolsables y 83.200 millones, a préstamos, tal y como quedó fijado en la primera adenda aprobada en 2023.
Hasta el pasado 30 de septiembre, se habían resuelto convocatorias asociadas a las transferencias por 58.787 millones y se habían aprobado operaciones de préstamos por más de 6.900 millones.
