Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea presentará este miércoles un paquete de simplificación de normas medioambientales y otro para acelerar la inversión en redes energéticas, pero al mismo tiempo ha retrasado la adopción de un plan clave para apoyar a la industria de la automoción.
Bruselas ha hecho de la competitividad una de las grandes prioridades del segundo mandato de Ursula von der Leyen. Abaratar los precios de la energía y electrificar el sistema productivo son elementos clave en esa estrategia, porque Europa paga entre dos y tres veces más por su energía que Estados Unidos o China.
La propuesta sobre redes buscará acelerar la planificación de proyectos, facilitar los permisos e impulsar las interconexiones transfronterizas, además de proponer que el próximo presupuesto comunitario dedique unos 30.000 millones de euros a reforzar las redes energéticas, incluidas las de hidrógeno.
El plan entronca con el paquete de simplificación medioambiental que presentará simultáneamente la Comisión Europea también este miércoles, que igualmente promoverá flexibilizar requisitos medioambientales para facilitar que se pueda acelerar el despliegue de proyectos de generación renovable.
Pero el paquete será mucho más amplio y planteará retocar numerosas piezas legislativas, simplificando y armonizando normas buscando un mínimo denominador común burocrático.
A falta de conocer los detalles de la propuesta, que después tendrán que consensuar el Consejo de la UE (los países) y el Parlamento Europeo, las intenciones han suscitado algunas dudas en organizaciones ecologistas como Birdlife, que apoya la transición a renovables pero pide que no ocurra a costa de la biodiversidad.
La industria eléctrica, por su parte, ha sugerido a través de la patronal Eurelectric que la UE priorice la seguridad eléctrica, incluido prevenir y restaurar la red en caso de apagones, a la hora de invertir el 1,5 % del PIB que se ha comprometido con la OTAN a gastar en defensa.
Retraso en el plan de coches e industrias limpias
La Comisión Europea ha retrasado, sin embargo, la presentación de propuestas para apoyar la industria automotriz de la UE, revisar el mecanismo que grava las emisiones de CO2 de productos importados a la UE e impulsar las industrias limpias en el continente.
Todas estaban previstas inicialmente para el miércoles, pero finalmente las dos primeras se presentarán la semana que viene y la tercera se aplazará hasta enero, según explicó el lunes el presidente del Ejecutivo comunitario responsable de Industria, Stéphane Séjourné, a los ministros del ramo.
El expediente sobre los coches es una de las piezas centrales de la política industrial de la legislatura y resume el círculo que la Comisión intenta cuadrar: mantener el rumbo hacia la neutralidad climática y, al mismo tiempo, definir el mapa industrial de la economía del futuro sin poner en riesgo las rentas y la competitividad de la economía actual.
El sector del motor ha obtenido ya algunas flexibilidades, pero reclama una revisión general de la hoja de ruta con un «enfoque pragmático, realista y tecnológicamente neutral» del marco legislativo para coches, furgonetas y camiones.
Los constructores de un sector que representa en torno al 7 % del PIB de la UE quieren además incentivos para impulsar las ventas de coches eléctricos, como la creación de redes e infraestructura.
Alemania, primer fabricante europeo, ha pedido por carta que se levante el veto a la venta en la UE de coches que emitan CO2 a partir de 2035 y que se permitan también los de motores híbridos.
Francia y España, por su parte, han redactado un documento conjunto en el que abogan por «mantener el rumbo», rechazan que la ventas de híbridos nuevos a partir de 2035 se computen como coches limpios y piden a Bruselas incentivos para la fabricación local europea.
En paralelo, Bruselas trabaja, entre otros aspectos, en un plan para establecer cuotas de eléctricos en las flotas de coches de empresa, confiando en dinamizar el mercado de primera y de segunda mano de los vehículos de cero emisiones.
Revisión del arancel climático
Por otro lado, el Ejecutivo comunitario presentará una nueva revisión del arancel climático de la UE (CBAM, por sus siglas en inglés), que gravará a partir de 2026 las importaciones de cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno desde jurisdicciones con legislaciones medioambientales más laxas.
Tras haber aprobado reducir en un 90 % las empresas a las que se aplicará, Bruselas prevé ahora plantear compensaciones financieras para los productores europeos que pagan por sus emisiones a través del sistema de comercio comunitario (ETS) y que deberán pagar también por el CBAM al importar, así como clarificar el método de cálculo de las tasas.
Y se retrasará hasta enero la Ley de Aceleración Industrial para impulsar a las industrias de alto consumo energético y las de tecnologías limpias sin renunciar a su descarbonización.
La medida más esperada es la propuesta para introducir requisitos mínimos de fabricación local (Made in Europe) en ciertos sectores estratégicos.
