Bruselas (EuroEFE).- Las comunidades autónomas españolas han expresado este miércoles en Bruselas su rechazo conjunto a la propuesta de presupuesto de la Unión Europea (UE) para los próximos siete años, en defensa de la cohesión, el sector agrario y la autonomía para la gestión presupuestaria de las regiones europeas.
La delegación española del Comité Europeo de las Regiones (CdR), compuesta por 21 representantes de comunidades autónomas y entidades locales, ha ratificado en la capital belga su respaldo a la llamada ‘Declaración Galicia‘, firmada en octubre en Santiago de Compostela.
En esa declaración, las comunidades españolas piden, de forma unánime, revisar la propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE para el periodo 2028-2034.
El debate de la delegación española, celebrado este miércoles en el marco del Comité Europeo de las Regiones, lo han protagonizado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el gallego Alfonso Rueda; el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla; la navarra María Chivite, y la de las Islas Baleares, Marga Prohens; junto con varios eurodiputados españoles.
La delegación española ha criticado en bloque que la propuesta del nuevo modelo presupuestario integre las ayudas regionales, como la cohesión o la política agraria, bajo un gran fondo que será gestionado por los Estados miembros, y no por las regiones; en detrimento de un modelo de gestión compartida.
Así, han coincidido en que la creación de estos Planes de Colaboración Nacionales y Regionales (PCNR) provocan una centralización excesiva de decisiones y, por tanto, debilitan el papel de las regiones en la definición de prioridades de gasto y comprometen el principio de cohesión territorial de la UE.
Si bien han respaldado que los Veintisiete deben avanzar hacia la simplificación administrativa y atender a las nuevas prioridades europeas de seguridad y la defensa, han defendido que no se debe hacer «a costa» de las regiones y los entes locales.
«La idea de simplificar el presupuesto puede parecer razonable, pero no lo es cuando es a costa de las regiones. La política de cohesión exige un presupuesto claro, con asignaciones a cada región. Y no puede quedar a la decisión de cada gobierno central. En España tenemos una descentralización muy grande y eso nos afectaría más fuerte«, ha asegurado el presidente de Galicia y de la delegación española del CdR, Alfonso Rueda.
Moreno pide una PAC sin «ningún tipo de recorte»
Por su parte, el jefe del Ejecutivo andaluz y vicepresidente del CdR, Juanma Moreno, ha incidido en la necesidad de que la UE conserve una «gobernanza conjunta», ya que son las regiones y ciudades las que «tienen experiencia y capitalidad» para gestionar los fondos: «Somos un instrumento útil y valiosísimo en los retos que tendrá la Comisión».
Moreno considera que, con esta propuesta, algunas partidas como los fondos de cohesión y la PAC «se ponen a competir» cuando son «claramente complementarios y esenciales» para que las regiones sean más competitivas y «se cierre la brecha» entre ciudadanos españoles y europeos.
«Nosotros queremos una PAC que no tenga ningún tipo de recorte. Estamos absolutamente en contra de la concentración o centralización de los fondos europeos», dijo Moreno a los medios a la salida de una reunión con populares europeos en el Comité de Regiones.
El presidente andaluz manifestó que se trata de «una mala decisión que afecta no solamente a la unidad y cohesión de Europa, también a la gestión y la eficiencia».
«España es un país descentralizado. Somos mucho más capilares porque tenemos la capacidad de estar en todos los territorios. Tenemos una importantísima experiencia en gestión de fondos europeos», argumentó.
También defendió «una PAC que sea segura, estable, donde se incorporen elementos para nosotros fundamentales, como es el hecho de reducir la enorme burocracia, una simplificación administrativa».
Por su parte, la presidenta de Navarra, María Chivite, resaltó que las regiones perderán «influencia y capacidad de decisión y gestión» con el nuevo marco presupuestario y ha incidido en la necesidad de una «gobernanza multinivel», en la que las comunidades jueguen un «papel activo».
«Si la ciudadanía percibe un mayor alejamiento de las políticas europeas hacia su territorio, también se va a alejar del proyecto europeo. La ciudadanía debe percibir que los fondos y los programas europeos llegan a su localidad», ha remarcado.
Un parche «tímido» y «decepcionante»
Por último, el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, ha considerado que la propuesta «es muy decepcionante» y la ha calificado de «parche tímido que nos va a dejar una papeleta muy seria».
El socialista ha subrayado que el «recorte tan bestial» y «absurdo» de la PAC y de los fondos de cohesión y de desarrollo social se debe a que algunos países europeos, que suelen ver con «recelo» estas partidas destinadas mayoritariamente al sur del bloque comunitario, han aprovechado «la efervescencia y la emergencia de la crisis de seguridad«.
Para García-Page, en caso de que la Comisión Europea no dé respuesta a estas demandas, España deberá establecer medidas para reducir el margen de discrecionalidad que el Estado puede tener a la hora de gestionar el gran fondo: «La solución nos la tendremos que buscar los españoles. Yo creo que eso es posible si las grandes formaciones políticas estamos en el mismo consenso».
Con esta posición conjunta, la delegación española manifiesta su oposición al MFP, en el marco del Pleno del Comité de las Regiones, que se celebra este miércoles y jueves en Bruselas.
«La influencia del Parlamento Europeo es muy grande de cara a que avance o no avance esta negociación», dijo el presidente gallego, quien también destacó que la postura del Gobierno central «coincide con la postura del CDR y de eurodiputados».
Una perspectiva «demoledora para Galicia»
Rueda destacó que aunque queda «un largo camino por delante», la unidad entre las distintas instituciones le hace ser optimista sobre las posibilidades de que esas reclamaciones tengan éxito.
En cuanto a la PAC, mostró su preocupación porque pueda desaparecer el fondo específico para la pesca, lo que «socavaría la soberanía alimentaria» y «pondría a regiones como Galicia en desventaja frente a productos pesqueros de otras regiones que no cumplen los mismos requisitos» que en la UE.
Esto «sería demoledor para Galicia«, dijo Rueda.
