Estrasburgo (Francia) / Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea propondrá en 2026 un argumentario jurídico para que los entes locales en zonas con problema de vivienda que quieran limitar los alquileres turísticos tengan una base legal para acotarlos, anunció este martes el Ejecutivo comunitario.
La iniciativa, incluida en el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible que presentó este martes el Ejecutivo comunitario en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), pretende crear «un marco jurídico coherente» que permita a las autoridades locales «adoptar medidas específicas y proporcionadas» en esta materia.
«Es un tema muy demandado por los ciudadanos, que esperan contar con un hogar seguro, estable y asequible. Una necesidad no lujosa, sino básica», dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, en la presentación a los medios del paquete.
Entre los pilares de esta medida también se encuentran el «aumentar la oferta de vivienda, impulsar la inversión y las reformas y apoyar a las personas más afectadas«, explicó la Comisión en un comunicado.
El plan parte de la base de que la oferta de vivienda en la UE, unas 1,6 millones al año, «no se ajusta a la demanda», sobre todo en las zonas urbanas, y que para reducir esa brecha en la próxima década será necesario añadir unas 650.000 viviendas anuales, lo que costaría unos 150.000 millones de euros por año.
La Comisión también busca reducir la burocracia para ayudar a las autoridades nacionales y locales a simplificar los códigos de construcción, así como los procedimientos administrativos de zonificación, planificación y permisos.
«Es una cuestión de dignidad humana», apostilló Ribera, que destacó la «claridad cristalina» de alcaldes y líderes locales junto a quienes han trabajado en las medidas y cuya contribución fue «clave» a la hora de desarrollar el paquete.
Alquileres de corta duración
Bruselas admite que los alojamientos a corto plazo reservados a través de plataformas en línea «ofrecen numerosas ventajas», incluidos los ingresos adicionales para los dueños, incentivos para invertir en reformas y un impulso al turismo y al empleo.
Pero señala que su crecimiento de casi el 93 % entre 2018 y 2024 ha contribuido a limitar la oferta de vivienda asequible para los residentes locales, especialmente en destinos muy populares, donde pueden representar hasta el 20 % del parque de viviendas.
El Reglamento sobre Alquileres de Corta Duración, que la Comisión prevé aplicar en mayo de 2026, aportará más transparencia, al exigir el registro obligatorio de los propietarios y el intercambio de datos sobre las transacciones, pero «aún quedan cuestiones por resolver».
Por ejemplo, preocupa que estos alquileres compitan con los proveedores de alojamiento tradicionales, que deben cumplir con requisitos más estrictos, como normas de seguridad y protección del consumidor.
Fuentes comunitarias precisaron que en ningún caso se quiere imponer «una prohibición» de esos alquileres.
La Comisión tampoco recoge la propuesta de los técnicos independientes del Consejo Asesor de Vivienda de la Unión Europea, que en su propio informe presentado hace un mes abogaban por crear una tasa para que las plataformas de pisos turísticos contribuyan a un fondo para luchar contra el sinhogarismo.
Según la opinión de ese grupo de expertos que asesora a la Comisión, también sería recomendable uniformar la regulación sobre las plataformas a nivel comunitario, de las que señala que «pagan poco o nada de impuestos».
Financiación y especulación
El plan de Bruselas prevé movilizar nuevas inversiones en vivienda a cargo del actual presupuesto, incluyendo una inversión adicional de 10.000 millones de euros para 2026 y 2027 y al menos 1.500 millones de euros de propuestas de los países y las regiones para reprogramar los Fondos de Cohesión.
Según la Comisión, uno de los principales obstáculos para comprender el impacto de la especulación en el mercado inmobiliario es la falta de datos.
Por eso, el Ejecutivo presentará también en 2026 un análisis de la dinámica de los precios de la vivienda, que incluirá la evidencia disponible sobre los patrones de especulación, las lagunas en los datos y las consecuencias económicas, y propondrá medidas de seguimiento cuando sea necesario.
También colaborará con las autoridades públicas para aumentar la transparencia en el mercado inmobiliario, agregaron las fuentes.
Bruselas anima, además, a los Estados miembros en su plan a implementar medidas para limitar los comportamientos especulativos, incluido mediante políticas fiscales eficaces.
Recomienda también asignar una proporción fija de las nuevas promociones de vivienda a viviendas sociales y asequibles.
Grupos políticos y agentes sociales apoyan plan europeo de vivienda
El primer Plan Europeo de Vivienda Asequible fue apoyado en líneas generales por parte de grupos políticos, sindicatos, regiones y organizaciones sociales, aunque con la reclamación de medidas más ambiciosas, mayor inversión pública, y de dotarlo con herramientas jurídicas vinculantes.
La presidenta de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda del Parlamento Europeo, la socialdemócrata italiana Irene Tinagli, consideró que el plan demuestra que «la UE finalmente está tomando medidas prácticas para abordar esta urgente crisis social y económica».
El eurodiputado popular Borja Giménez, responsable del informe de la Eurocámara sobre vivienda, valoró que la propuesta de Bruselas haga el mismo diagnóstico que su partido sobre la «clara falta de oferta en el conjunto de la Unión Europea» y proponga medidas de simplificación normativa o de movilización de la inversión pública y privada.
«Sí que echamos en falta alguna medida más de carácter impositivo», señaló Giménez, que aplaudió también que la Comisión Europea «deje de lado políticas intervencionistas» como las que a su juicio planea el Gobierno español.
«Un primer paso»
Las regiones y ciudades europeas celebraron que las medidas supongan «un primer paso» que respeta el principio de subsidiariedad, pero advirtieron que será necesario reforzar la movilización de fondos europeos.
«Unas normas más inteligentes sobre las ayudas estatales y una mayor movilización de fondos de la UE pueden ayudar realmente a los líderes regionales y locales a poner viviendas asequibles a disposición de sus ciudadanos», indicó la presidenta del Comité Europeo de las Regiones (CDR), la húngara Kata Tüttő.
After years of mobilisation, we welcome this first EU Affordable Housing Plan – addressing a major concern for citizens.
— Kata Tüttő (@CoR_President) December 16, 2025
To make this work continue the #EUBudget must allow regions and cities to shape and deliver interventions
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El alcalde de Barcelona y ponente del CDR sobre vivienda, Jaume Collboni, destacó que el plan «representa un hito fundamental para abordar la crisis de la vivienda a nivel de la UE», y expresó su confianza en que la futura Ley de Vivienda Asequible avance hacia la protección efectiva del derecho a la vivienda en las ciudades.
El plan se queda corto, según los Verdes
El grupo de los Verdes/ALE en la Eurocámara también celebró que la Comisión reconozca por primera vez la dimensión europea de la crisis de vivienda, aunque consideró que el plan se queda corto.
«La vivienda es un derecho humano fundamental y una piedra angular de la dignidad humana, no una mercancía», afirmó la eurodiputada verde Maria Ohisalo, que pidió una acción más decidida frente a la especulación inmobiliaria y una fiscalidad justa para evitar que la vivienda siga tratándose como un activo financiero.
Por su parte, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) subrayó que la inversión pública en vivienda asequible y social es «esencial», pero reclamó que cualquier financiación con fondos públicos vaya acompañada de condiciones claras.
«El dinero de los contribuyentes debe reforzar la negociación colectiva, garantizar estándares sólidos de salud y seguridad y apoyar empleos de calidad, no subvencionar la inseguridad o los bajos salarios», dijo la secretaria general de la CES, Esther Lynch, quien pidió también medidas firmes para frenar la especulación y limitar los alquileres de corta duración.
Greenpeace advirtió, no obstante, de que existe «un grave riesgo de que los planes de la UE beneficien a promotores inmobiliarios sin escrúpulos en lugar de a las familias que necesitan una vivienda», y reclamó que el aumento de la oferta no se haga a costa de la eficiencia energética, la seguridad ni la protección de los ecosistemas.
