Madrid (EuroEFE).- Dos asociaciones judiciales han trasladado al Parlamento Europeo su preocupación por el «deterioro del Estado de derecho en España» así como por las varias reformas y proyectos legislativos que, en su opinión, afectan directamente a la independencia judicial y al correcto funcionamiento de la Justicia.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), han informado este lunes del encuentro que, junto a otras asociaciones judiciales y fiscales, han mantenido con miembros del Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de derecho y los Derechos Fundamentales del Parlamento Europeo, de visita en Madrid.
En un comunicado, la APM ha señalado que pese a las numerosas reformas aprobadas en los últimos años no se han consolidado mejoras estructurales y que el clima institucional y la percepción pública sobre la independencia judicial han tendido a deteriorarse.
Hoy hemos estado con el Parlamento Europeo🇪🇺🇪🇸 pic.twitter.com/XRKitffDTB
— APM Nacional (@juecesAPM) February 16, 2026
Entre las cuestiones abordadas por la asociación están «la ausencia de una reforma efectiva del sistema de elección de los miembros judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las preocupaciones en torno al acceso a las carreras judicial y fiscal y el impacto institucional de la condena al anterior fiscal general del Estado».
Además, «el déficit estructural de medios personales y materiales y los riesgos derivados de reformas organizativas sin inversión proporcional».
Asimismo la APM ha puesto de relieve «las serias disfunciones que está generando la implantación de los tribunales de instancia, que sin una inversión adecuada y una planificación suficiente están provocando problemas organizativos, sobrecarga y un deterioro del servicio al ciudadano», un diagnóstico que comparte la Francisco de Vitoria.
La AJFV también ha alertado, en un comunicado, del proyecto de ley de acceso a la carrera judicial y fiscal dejando claro que «no puede utilizarse esta ley para incorporar por la puerta de atrás a unos 700 jueces y fiscales sustitutos».
Igualmente, han trasladado el descenso constante de jueces por jubilaciones, fallecimientos y excedencias, exigiendo al respecto el cumplimiento efectivo del acuerdo alcanzado en 2023 para el aumento de plazas; la ausencia de medios digitales adecuados y eficientes así como la ausencia de representación de su asociación en los nombramientos del CGPJ y en la propia composición del Consejo.
Y, además, han expresado «su preocupación e indignación por las continuas descalificaciones del Poder Judicial procedentes del Ejecutivo cuando no comparte determinadas resoluciones».
Jueces para la Democracia defiende que la independencia judicial no peligra
Por su parte, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha defendido frente a una representación de europarlamentarios que la independencia judicial está garantizada y no peligra, en contra de lo que han denunciando otras asociaciones judiciales que han alertado del «deterioro del Estado de derecho en España».
Tras reunirse todas ellas con miembros del Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales del Parlamento Europeo, de visita en Madrid, la asociación JJpD les ha mostrado su convencimiento de que la independencia judicial está garantizada en España, como demuestran las múltiples investigaciones que se realizan sin novedad en ámbitos diversos, como el político, económico o social.
En opinión de esta organización, el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, la «previsible mejora» de la carga trabajo de la judicatura con la creación este año de 500 nuevas plazas nuevas en los tribunales, y otras tantas en 2027, o la iniciativa de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal refuerzan esa independencia.
En el comunicado difundido tras el encuentro con los europarlamentarios, la asociación ha reprochado los distintos ataques de responsables políticos, que no constituyen crítica a la labor judicial sino intento de desacreditar al Poder Judicial, como el caso de la jueza de instrucción de la Dana en Valencia o la campaña de «desprestigio» contra el Tribunal Constitucional.
Misión de eurodiputados lamenta no ser recibidos por Sánchez
En clave política, la misión de eurodiputados ha lamentado que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni los ministros de Justicia y de Interior, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, hayan aceptado reunirse con ellos.
Todos los grupos políticos del Parlamento Europeo solicitaron esas reuniones, pero, a diferencia de lo que ocurrió en Eslovaquia, ni el jefe del Ejecutivo ni los ministros aceptaron, según explicó a la prensa el eurodiputado conservador del Partido Popular (PP) y presidente de la comisión, el español Javier Zarzalejos.
«Sin duda, son personas con muchas obligaciones, entre las que es posible que no figure reunirse con nosotros», lamentó.
Entre los eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara que viajaron a España se encuentran, además, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé (extrema derecha), la liberal neerlandesa Raquel García Hermida-van der Walle, el socialdemócrata italiano Alessandro Zan y la conservadora belga Assita Kanko.
La visita tiene como objetivo analizar la independencia judicial y los esfuerzos contra la corrupción. La situación del Estado de derecho, recordó Zarzalejos, ha sido objeto de atención en el Parlamento Europeo.
Informó de que las reuniones mantenidas hasta el momento, con la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles, la Fundación Mujeres, la Fundación Pedro Zerolo y asociaciones de jueces y de fiscales han sido «muy satisfactorias» y productivas.
La misión está formada por representantes de los cinco grupos parlamentarios, unidos por el mismo interés de ofrecer una imagen objetiva de los problemas y, al mismo tiempo, sugerir líneas de avance para el fortalecimiento del Estado de derecho, añadió.
La eurodiputada Raquel García Hermida-van der Walle confió en que los intercambios sean productivos y se puedan sacar conclusiones y recomendaciones.
En estas dos jornadas, los eurodiputados se reunirán con la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, entre otras autoridades.
La agenda incluye encuentros con el presidente del Tribual Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, responsables de la Fiscalía Anticorrupción y del Ministerio de Justicia, diputados del Congreso, asociaciones de jueces y fiscales y representantes de las fuerzas de seguridad.
La edición más reciente del informe anual sobre el Estado de derecho, publicada en julio del año pasado, criticó que España no hubiera empezado a trabajar en una estrategia nacional de anticorrupción y tomó nota de que el Tribunal Constitucional hubiera avalado la ley de amnistía de 2024 sobre los delitos relacionados con el proceso independentista de la región de Cataluña. EFE
Reacciones desde el PP español
La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dicho que Sánchez ha «despreciado» la misión del Parlamento Europeo porque «tiene auténtico pánico a la vigilancia de la fiscalización» de su Gobierno.
En un vídeo publicado por el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, Álvarez de Toledo ha dicho que Sánchez no quiere que «nadie investigue la corrupción en su entorno íntimo y político», ni tampoco su «acoso sistemático» a los contrapesos democráticos: la justicia, el parlamento y los medios de comunicación.
